Los grupos parlamentarios tienen ahora prisa para hacer en dos meses lo que no han hecho en nueve. El último Consejo de Gobierno celebrado en 2024, en concreto el 26 de diciembre, aprobó el texto de la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas y se lo remitió al Parlamento con la petición expresa de la consejera del área, Jéssica de León, de que se tramitara en la Cámara «por la vía de urgencia». Sin embargo, esta rapidez con la que la consejera quería aprobar la nueva legislación chocó con la dinámica parlamentaria y, nueve meses después, aún no se han comenzado a debatir el más del centenar de enmiendas parciales que los grupos parlamentarios presentaron a un texto que cosechó hasta siete sucesivos retrasos desde que el 6 de febrero la consejera De León hizo entrega oficial del texto a la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez.
Este jueves se reunió por primera vez la ponencia que va a debatir las modificaciones parciales que presentaron todos los grupos –salvo Vox, que curiosamente fue el más beligerante contra la norma, registró en marzo una enmienda a la totalidad que no prosperó y solicitó dos veces ampliar el plazo para presentar reformas– con un mandato claro: el pleno del Parlamento debe aprobar de forma definitiva el texto a mediados de noviembre y antes de que se inicien los debates sobre los Presupuestos de Canarias para 2026, que entrarán en la Cámara el 31 octubre.
Los grupos que apoyan al Gobierno (CC, PP, ASG y AHI) presentaron 54 enmiendas conjuntas al texto para incluir excepciones que hacen más laxas las restricciones a los municipios afectados por el reto demográfico, mejoran el criterio para definir el uso turístico de la vivienda e incluyen una cláusula de flexibilidad urbanística que permite que los instrumentos de planeamiento puedan reducir los plazos para destinar una vivienda al alquiler vacacional.
Frenar la especulación
El Grupo Socialista ha presentado 25 enmiendas y NC-Bc un total de 34. Las modificaciones de la oposición se centran en «frenar la especulación» y proteger a las familias frente a los grandes operadores y, en este sentido, los socialistas proponen la limitación del número de viviendas vacacionales por propietario: un máximo de tres alojamientos por titular «para combatir la concentración y dar más oportunidades a las familias». Con esta medida el PSOE busca «incentivar el alquiler tradicional, reducir la presión sobre el mercado residencial y revalorizar la oferta turística mediante la especialización».
Por lo que respecta a los canaristas, los diputados que ahora lidera Luis Campos destacan el derecho a residir habitualmente en viviendas en suelo turístico, el establecimiento de un régimen específico para primeras y segundas residencias en suelos mixtos y la diferenciación clara entre grandes y pequeños tenedores.
Las propuestas también incluyen la limitación objetiva del alquiler vacacional en zonas tensionadas y la prohibición de transformar bloques enteros en manos de un solo propietario en viviendas vacacionales.
Envío masivo de correos
No fueron solo las sucesivas prórrogas en la presentación de enmiendas las únicas incidencias que vivió el texto durante su tramitación para dar el visto bueno a la norma impulsada por la Consejería de Turismo, pues el PSOE maniobró para retrasar, mediante triquiñuelas reglamentarias, hasta el 14 de marzo, cinco semanas después de que el texto fuese recepcionado por la presidenta Pérez, el debate de las enmiendas a la totalidad, que tuvo que ser convocado en un pleno especial, de las enmiendas a la totalidad.
El paso de la ley por la Cámara también propició que se produjera un envío masivo de correos electrónicos a los diputados por parte de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) contra el proyecto legislativo–alguna señoría recibió hasta 508 mails en tres horas– y la presidenta de Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Doris Borrego, presentó en abril 6.067 firmas en el Registro, 685 escritos de asociaciones empresariales y un total de 990 alegaciones ciudadanas en la página web de la Cámara regional para exigir «una moratoria urgente de un año» y negociar un nuevo texto legislativo o modificar «en su totalidad, vía enmiendas», el actual.
El objetivo del ‘ralentizado’ texto urgente es paliar en parte la emergencia habitacional y la falta de casas a un precio digno, pues como aseguró en su momento la consejera De León «devuelve a la vivienda su función social, llama a los planificadores del territorio a que ejerzan sus competencias y legisla sobre el ámbito específico del uso turístico».
Tal y como fue concebido el texto legislativo, y a falta de que sea modificado vía enmiendas, no se podrán dar nuevas autorizaciones de viviendas vacacionales durante cinco años para que los ayuntamientos «definan dónde y cuántas caben» en cada uno de los 88 municipios canarios.
En un momento en el que hay 1,1 millones de viviendas susceptibles de convertirse en turísticas, la ley reserva un 90% del suelo a uso residencial -en las ‘islas verdes’ será un 80%- y en las zonas que se declaren tensionadas el crecimiento será cero.
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