«En el mes de septiembre se tiene que hacer efectivo el cierre del centro de menas en Santa Cruz, pero Vox no se queda ahí. Queremos cerrar todos los centros de ilegales que sean dependientes de la Comunidad Autónoma«. Así inició este miércoles su rueda de prensa el líder del partido de Santiago Abascal en la Región, José Ángel Antelo, quien explicó que son en torno a cuarenta las instalaciones de este tipo que hay, según le informó la Consejería de Política Social.
«Centros de menas como el centro de Santa Cruz», matizó, aunque desde el Gobierno regional siempre se ha insistido en que no hay centros exclusivos para menores extranjeros, sino que existen centros de menores, cuyas instalaciones son compartidas entre españoles y niños y adolescentes de otros países. Según datos de la Consejería recabados por esta redacción en el mes de abril, en los 33 centros de menores de la Región de Murcia residen cerca de 620 niños, niñas y adolescentes, sin diferenciarlos por su procedencia.
En cuanto a estos menores en situación irregular, Antelo instó a «devolverlos con sus padres en su país de origen» y, «si sus padres no les quieren, pues serán los asuntos sociales de sus países de origen los que deban hacerse cargo de ellos». «Nosotros no queremos que estos centros de menores estén en la Región de Murcia, los queremos en Marrakech», sentenció.
El Gobierno sigue avanzando en cerrar Santa Cruz
El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos de la Región de Murcia antes de verano incluye un punto por el cual se debe cerrar el centro de menores Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz, antes de que empiece el curso escolar 2025-2026. Desde la Consejería de Política Social aseguran que siguen «avanzando y dando pasos» para implantar un modelo de acogimiento «que es el que demandan organismos como la ONU o el propio Ministerio de Infancia», no obstante, señalan que «todo lleva un proceso». Fuentes gubernamentales recalcan que su obligación es proteger la intimidad de los menores y «no ponerlos en el foco», recordando también que «el Gobierno lleva sus plazos y esa medida requiere un proceso en el que se avanza y se esta trabajando».
El presidente provincial de Vox instó al Ejecutivo murciano a poner en marcha los convenios contemplados en la Ley de Extranjería en los que se permite a las comunidades autónomas articular acuerdos con los países de origen para facilitar la deportación de personas sin papeles en regla. El consejero de Acción Exterior, Marcos Ortuño, ya adelantó durante el debate de las cuentas de su departamento que pondría en marcha un «comité técnico para establecer los mecanismos necesarios para intentar la reagrupación familiar en sus países de origen de los menores no acompañados».
«Lo primero que hay que hacer es hacerle las pruebas periciales a aquellos que dicen que son menores, porque el 90% de ellos en Aragón son mayores de edad», añadió. Después, prosiguió, habría que expulsarlos, tal y como se recoge en la Ley de Extranjería. Asimismo, criticó que ni PSOE ni PP cumplen con esta norma.
Consulta ilegal, advierte la Comunidad
Por otra parte, Vox anunció que su partido va a registrar una iniciativa en la Asamblea para celebrar una consulta popular en la que se pregunte a los ciudadanos «si quieren seguir financiando esos centros ilegales».
«Los ciudadanos tienen el derecho de poder elegir qué es lo que quieren, si sus impuestos van a financiar esa migración ilegal que está destrozando nuestros barrios o si quieren que vayan a sanidad, a pagar la dependencia en tiempo y en forma y en definitiva, que vayan para lo importante, que es financiar a los ciudadanos de la Región de Murcia», expuso Antelo.
La tutela de los menores en situación de desamparo es irrenunciable e incuestionable por ley, por tanto, no es opinable
Sin embargo, fuentes gubernamentales subrayan que esta consulta es ilegal. La Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de la Región prevé las consultas públicas como instrumento para recabar la opinión y sugerencias de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del Gobierno regional. Sin embargo, este instrumento de participación no puede utilizarse para una cuestión cuya finalidad es antijurídica, como los es una consulta sobre el ejercicio mismo de una competencia, como es la tutela de los menores en situación de desamparo, cuyo ejercicio por parte del Gobierno regional es irrenunciable e incuestionable y, por tanto, no opinable.
«No es posible someter a consulta ciudadana lo que no es opinable ni está en disposición de la iniciativa del Gobierno al estar ante el cumplimiento de una obligación legal de protección a los menores«, destacan.
Vox no está de acuerdo con este argumento y asegura que «preguntar no es ilegal«.
