La decisión de llevarlo al Pleno ha sido forzada por PP y Vox en la Junta de Portavoces del Congreso, con apoyo de UPN, que representa en este momento al Grupo Mixto.
La Comisión había calificado ya las enmiendas de totalidad y Sumar hubiera preferido esperar al menos una semana más para someterlo a votación.
El pasado mes de julio, Moncloa ya retiró el proyecto en el último momento, cuando iba a ser tumbado en el primero paso de su trámite parlamentario.
Entendía que no podía permitirse esa derrota parlamentaria en un momento de máxima debilidad del Ejecutivo.
El miércoles próximo se someterán a votación las enmiendas de totalidad de PP, Vox y Junts al proyecto impulsado sobre todo por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Fuentes de Moncloa y de Trabajo aseguran que han mantenido conversaciones con el partido de Carles Puigdemont, pero aún no han logrado su respaldo, que se concretaría en la retirada de su enmienda de totalidad. Ahora tendrán que negociar a contrarreloj.
El Gobierno aspira al menos a que, al menos, el Pleno del Congreso permita la admisión a trámite del proyecto, para que pueda ser negociado y enmendado durante el procedimiento legislativo.
Entiende que el texto remitido al Congreso es el mismo que se ha pactado con los sindicatos, pero admite margen de negociación incluyendo, por ejemplo, incentivos para las empresas, prolongación de los plazos para su entrada en vigor y, sobre todo, flexibilización de los horarios a implantar.
Junts no se mueve
Pero, por el momento, Junts no se apea de su posición de rechazo, coincidente con la de las patronales catalanas.
«Vamos a negociar hasta el final», aseguran fuentes de la Vicepresidencia segunda que hubieran preferido esperar al menos una semana, pero no más tiempo.
«Decidimos dar margen a la voluntad de diálogo y de acuerdo. Hoy ya no se puede seguir esperando: son más de 12 millones de personas trabajadoras las que están aguardando esta medida, que saben que su tiempo es también un derecho», añaden.
Aseguran que el Gobierno ha hecho su trabajo que la ciudadanía «ya se ha pronunciado en la calle y en los centros de trabajo». «Ahora corresponde a los grupos políticos convertir ese consenso social en un consenso parlamentario», señalan.
Fuentes de la Moncloa niegan que Salvador Illa y Carles Puigdemont trataran este asunto en su reunión de este martes en Bruselas.
La propia Yolanda Díaz ha negociado este asunto directamente desde hace un año con el expresident de la Generalitat, sin haber conseguido hasta el momento avances.
Hace meses, el presidente del Gobierno consideró irremediable esa derrota parlamentaria y dio orden de intentar hacer caer sobre el PP el coste político de haber impedido con su voto que los españoles puedan disfrutar de la reducción de jornada.
Ahora empezará a preparar el terreno con argumentos como el difundido este martes por Trabajo: «Es importante la posición del PP. El PP tiene 137 diputados y sus votantes también quieren la reducción de la jornada».
