El jefe de gabinete entre 2011 y 2016 del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Felipe Martínez Rico, acusa al juez de Tarragona que investiga el caso, Rubén Rus Vela, de haber cometido «un cúmulo de irregularidades» con la intención de quedarse con la causa, que debería haber sido investigada, según su opinión, en la Audiencia Nacional o en un juzgado de Madrid, según especifica un escrito de 12 de agosto del letrado Alfonso Trallero, al que ha tenido acceso esta redacción. Así, considera «irrefutable» que los hechos delictivos que se le imputan, que él rechaza haber cometido, «habrían tenido lugar en Madrid capital, donde radica tanto la sede de Equipo Económico, como la del Ministerio de Hacienda, como la de las asociaciones de empresas gasísticas que refieren los investigadores».
Por eso, el recurso de Felipe Martínez Rico califica la instrucción del juez de «proceso insólito en la historia judicial española de las últimas cuatro décadas, que desde su origen ha vulnerado de forma sistemática e indiscriminada los más elementales derechos fundamentales y garantías procesales que amparan a todo investigado». «No había razón alguna», destaca, para mantener el secreto de la investigación durante siete años.
«Nos encontramos ante un supuesto de manifiesto voluntarismo judicial por cuanto, de un lado, tanto en el inicial momento de la incoación de la causa, como desde que las investigaciones policiales arrojaron los primeros resultados, era un hecho clamoroso que los hechos quedaban fuera de la órbita competencial, tanto objetiva como territorial, de los Juzgados de Instrucción de Tarragona, pese a lo cual el Jugado número 2 la ha asumido durante siete años y hasta el día de hoy. De otro lado, analizado el devenir del procedimiento, las actuaciones llevadas a cabo en su seno revelan igualmente una patente falta de imparcialidad, que necesariamente deberá llevar a declarar la nulidad de todas ellas«, continúa el documento.
Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca
Por eso, este excargo del Gobierno del PP está convencido de que «de haberse seguido la instrucción ante el Juzgado de Madrid, […] difícilmente se habría acordado y mantenido el secreto de las actuaciones desde 2018 a 2025«, según especifica el recurso, que se ha presentado de forma directa ante la Audiencia Provincial tarraconense, saltándose de esta forma al instructor.
Montoro cedió acciones a su hermano
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona investigó en secreto desde 2018 hasta julio pasado las actividades de los directivos del despacho Equipo Económico, que Montoro fundó en 2006 y del que dice haberse desligado en 2008. Sin embargo, la fiscalía anticorrupción descubrió que en realidad una parte de las acciones de las que se desprendió Montoro al volver a la política de la mano de Mariano Rajoy acabó en manos de su hermano Ricardo Montoro, quien mantuvo la propiedad de las participaciones sociales de la mercantil hasta 2012, cuando su hermano ya llevaba un año de ministro de Hacienda.
Según las pesquisas del juez Rus Vela, las personas de Equipo Económico formarían parte de una organización dirigida a «intervenir e influir decisivamente en reformas legislativas favorables«, algo que habría conseguido, según el ministerio público, para unas empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) que habrían logrado incluso modificar determinadas disposiciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca
Y según la investigación el ex jefe de gabinete de Hacienda Felipe Martínez Rico, quien en 2016 fue nombrado por Montoro Subsecretario de Hacienda y Función Pública, habría participado presuntamente «en los hechos investigados al ostentar uno de los cargos decisivos para que los textos de los Anteproyectos de ley y Proyectos de Reglamento recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas».
Constitución del despacho
En su recurso Felipe Martínez Rico, que nunca ha formado parte del capital social de Equipo Económico, pero que sí actuó en representación de su hermano Ricardo Martínez Rico, también imputado, en el acto de constitución del despacho, sostiene que el procedimiento judicial «es un verdadero procedimiento inquisitorial, que no ha estado dirigido para la legítima investigación y persecución de determinados delitos en el seno de un procedimiento acorde con el principio de objetividad y respetuoso con los derechos y garantías de los afectados».
En otro momento, el letrado del excargo del Gobierno del PP califica las actuaciones del juez de «arbitrarias y gravemente vulneradoras de los derechos fundamentales de los investigados, con evidente desatención de la obligación de los Jueces y Tribunales de someterse al imperio de la Ley y del Derecho», para después hacer extensible la crítica a la Fiscalía.
Cristobal Montoro, ex ministro de Hacienda, en una foto de archivo. / José Luis Roca
«Dada la excepcional gravedad de lo ocurrido y los irreparables perjuicios que se han provocado sobre los derechos de mis representados, junto con los del resto de los investigados, resulta obligada ahora la declaración de nulidad de todas las actuaciones», reitera el abogado Trallero, quien sostiene que se ha producido «una gravísima indefensión material», pues los imputados «acaban de descubrir que la maquinaria judicial y policial lleva funcionando siete años a sus espaldas, sin haber sido informados del procedimiento y sin haberles permitido aportar prueba ni explicación alguna sobre los hechos investigados».
Finalmente, Felipe Martínez Rico critica a otro juez, en este caso al titular del Juzgado de Instrucción 6 de Tarragona, quien «en vez de inhibirse en favor de los Juzgados de Madrid acordó sin más hacerlo en favor del propio Juzgado 2 de Tarragona, todo ello, sobre la base del pretendido conocimiento previo de este».
