La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado que se repita con un tribunal distinto el juicio contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por el presunto fraude de 36 millones de euros de Seguridad Integral Canaria (SIC). La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas lo absolvió en abril del año pasado de los cinco delitos contra la Hacienda Pública y los tres contra la Seguridad Social que se le imputaban y por los que hacía frente a una pena de 21 años de cárcel, en una sentencia que fue recurrida por la Fiscalía Provincial de Las Palmas, la Abogacía del Estado y el sindicato USO.
La petición, recogida en un escrito del fiscal Felipe Briones, se basa en la infracción de un precepto por vulneración de un derecho fundamental que hace competente al Alto Tribunal de revisar el caso, informa El Español. La Sala de lo Penal deberá decidir si cede o no a las solicitudes de repetir el juicio y de que se lleve a cabo, para garantizar la «imparcialidad», con un tribunal compuesto por tres magistrados distintos de los que enjuiciaron a Ramírez.
La Sección Primera absolvió al empresario con los votos de Miguel Ángel Parramón y Pedro Herrera Puentes, mientras que la tercera componente, Mónica Herreras Rodríguez, accedió a las peticiones de la Fiscalía y emitió un voto particular a favor de una sentencia condenatoria. El motivo principal que esgrime el fallo es la nulidad de gran parte de la instrucción por las actuaciones ilícitas del magistrado Salvador Alba, condenado a seis años y medio de cárcel por prevaricar para perjudicar a la jueza y anterior titular del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria, Victoria Rosell.
El fiscal ve necesario que tres magistrados diferentes valoren las pruebas para garantizar la imparcialidad
El mismo día en que Alba accedió al juzgado para sustituir a su predecesora, citó a declarar tanto a Ramírez como al otro empresario investigado, Héctor de Armas, sin informarles previamente del motivo del señalamiento ni haber ampliado la extensión de la causa. El tribunal determinó que esta declaración se les tomó atendiendo a las «finalidades espurias» por las que fue condenado el magistrado, por lo que declaró nula toda la instrucción posterior a 2009.
Sin embargo, la Fiscalía del Supremo considera «absurdo» que la actuación del instructor conlleve automáticamente la absolución del empresario. Briones difiere del criterio de la Audiencia Provincial y considera que ni las citaciones judiciales ni las declaraciones que se tomaron fueran ilegítimas.
El representante del Ministerio Público también tacha de «irrazonables» otros argumentos esgrimidos por los jueces, como que hubiera una actuación «arbitraria» de los responsables de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. Se suma así a los argumentos que dio la magistrada discrepante, Mónica Herreras, que consideró que SIC daba de baja a los trabajadores en la Seguridad Social por los periodos de vacaciones devengadas, con lo que evitaba las cotizaciones por este concepto.
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