El Partido Popular (PP) sigue en sus trece sobre la quita de la deuda autonómica, una vez que el Consejo de Ministros, este mismo martes, dio luz verde a la misma. Los populares reiteran la postura y los argumentos de fondo que ya manifestaron en las dos últimas conferencias de presidentes, la de final de 2024 en Santander y la de antes del verano en Barcelona. Fundamentalmente que la deuda no se eliminaría por este procedimiento (que es voluntario para los gobiernos autonómicos) sino que simplemente «cambiaría de manos», un aserto que comparten algunos líderes autonómicos del PSOE que también se oponen, como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien igualmente llevó la voz cantante en Santander y la Ciudad Condal contra las intenciones del Gobierno.
La flamante portavoz parlamentaria del primer partido de la oposición, Ester Muñoz, en su primera rueda de prensa tras asistir a una reunión de la Junta de Portavoces, aseguró además que no hay fisuras en este asunto y que plantear que alguno de los presidentes del PP (un total de once, en comunidades con características muy diferentes en cuanto a su población, su tamaño o su PIB) pudiera desmarcarse es «una quimera». Todo ello, según expresó en su debut en la sala de prensa de la Cámara Baja, porque los barones populares «son gente de palabra».
Hasta el momento, el único atisbo de disidencia con esta posición había llegado por parte del presidente del Gobierno de La Rioja, el popular Gonzalo Capellán, quien se vio obligado a aclarar unas manifestaciones iniciales en las que abría la puerta a que su comunidad se acogiese, si bien siempre tildando de «injusta y no igualitaria» la condonación planteada por el Gobierno central. Todos los demás han actuado en bloque hasta ahora, como evidencia la postura expresada en las dos conferencias de presidentes antes citadas, y las manifestaciones de todos ellos tras el acuerdo este martes adoptado en el Consejo de Ministros.
Para reforzar el argumento, Muñoz aludía a unas declaraciones de la hoy vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, en su época de consejera de los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía, oponiéndose entonces a una quita de la deuda autonómica. «Decía que ni quita, ni refinanciación, hay vídeos. Es exactamente la postura del Partido Popular», asegura la portavoz de los populares en la Cámara Baja. «La deuda no desaparece, se reparte, y la pagamos los españoles», insistió Muñoz, quien reiteró en varias ocasiones que se trata de «una trampa del Gobierno».
El primer partido de la oposición estima que lo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende es que «las consecuencias de una mala gestión por parte de los independentistas y de los socialistas en Cataluña la asumamos todos los españoles», como expresaba la propia Muñoz. Los populares creen que todo forma parte de una estratagema para ofrecer un trato de favor en el nuevo sistema de financiación autonómica a Catalunya, y para evitar las críticas de los barones del PP al acuerdo firmado por el presidente Salvador Illa con ERC en el que el líder del PSC se comprometió a una cesión total de los impuestos a la Generalitat, incluido el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el IRPF. Un pacto para la investidura del líder del PSC en 2024 que también ha suscitado críticas del resto de presidentes autonómicos y líderes de federaciones regionales del PSOE.
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