Esta semana conocíamos que el 40% de las plazas anunciadas para alquiler turístico en plataformas como Airbnb o Booking son ilegales, según un estudio del Gobierno balear. Por el ministerio de Interior sabemos también que en las islas se denunciaron el año pasado 514 okupaciones de vivienda. Ambos fenómenos se cruzan en la situación que está viviendo una familia mallorquina: la casa que iban a poner a la venta y que les fue okupada en diciembre aparece ahora en Airbnb ya que sus habitantes (que nunca han pagado nada a los legítimos propietarios) están alquilando habitaciones a turistas. Es la monetización de la casa ajena.
Esta familia posee una vivienda en El Arenal. Son varios familiares (tíos y sobrinos) que comparten, a través de una sociedad, la propiedad de este chalet que heredaron hace años.
Durante siete años lo tuvieron alquilado a un mismo inquilino. Decidieron venderlo, lo arreglaron y pintaron y poco después de poner el anuncio, el pasado diciembre, un pariente que vive al lado vio rotas algunas baldas junto a la puerta de la vivienda y al intentar entrar se encontró con que alguien había cambiado la cerradura. Descubrieron que dentro había tres hombres y un perro. Llamaron a la policía, pero cuando llegó nadie abrió.
Resultó que uno de ellos (el que se quedó a vivir, los otros se fueron) era conocido de un miembro de esta familia, y al pedirle explicaciones contestó que había firmado un contrato de alquiler con un hombre argelino al que había pagado 7.000 euros por adelantado: «Le pagué porque me demostró que ya llevaba con ella un par de días y según la ley una vez cumplen las 72h no te pueden hechar (sic), hasta con alarma me la dio», dijo. Llegó a mostrar el contrato y hasta pidió disculpas («Obviamente no sabía que era tuya si no no se la hubiera comprado»), pero no se mostró dispuesto a irse.
En realidad ese dinero que pagó, sabiéndolo o no, fue por lo que se conoce como ‘la patada’: «Por haber forzado la puerta, cambiado la cerradura e instalado cámaras y una alarma», explica a este diario F.S., uno de los miembros de esta familia que denunció lo ocurrido inmediatamente por la vía civil y la penal.
Ambos procesos se resolvieron en mayo, cinco meses después: «Aún tuvimos suerte, fue más o menos rápido», indica F.S., que lamenta que la lentitud de este tipo de procedimientos beneficia a los infractores y deja a los propietarios desprotegidos. Se condenó a los acusados a una multa y se decretó su salida de la casa en 15 días, pero como recurrieron a los propietarios les toca seguir esperando (mientras siguen pagando luz, agua…).
Los vecinos les alertaron de que entraba gente con maletas
Después de acabar el juicio, los vecinos les alertaron de que estaban viendo gente entrar y salir con maletas (lo tienen grabado). Así descubrieron que su vivienda estaba en Airbnb: la plataforma tiene un anuncio en el que se ofertan dos habitaciones de la casa por un mínimo de 300 euros por noche: «Dos habitaciones en un mismo alojamiento con acceso a todas las zonas de la casa: terraza, salón, comedor, cocina, área de lavado… lugar muy céntrico al lado de la casa del jamón», reza la descripción realizada por «la anfitriona», una mujer que según consta en la plataforma oferta también alojamientos turísticos en La Habana.
El que ofrece en El Arenal (donde vive ella en una de las habitaciones), tiene varias reseñas de huéspedes. La primera es de mayo, con lo que al menos desde ese mes se está explotando la vivienda de forma visible y notoria.
La incredulidad e indignación de estos propietarios viene no sólo por verse víctimas de este inesperado cruce de okupación y alquiler turístico ilegal, sino también por sentirse totalmente desamparados. Advirtieron de lo sucedido al departamento de Turismo del Consell la semana pasada y , pese a lo flagrante del caso, el anuncio sigue publicado. Esta semana denunciarán la situación en Airbnb.
El pasado junio Airbnb y el Consell publicitaron un acuerdo por el que la plataforma (cumpliendo con las normativas) se comprometía a retirar anuncios «manifiestamente irregulares» y a exigir el número del registro de establecimientos turísticos. Además, los anfitriones han de llevar un registro de los datos de los huéspedes, como manda Interior.
La familia afectada de Mallorca quiere que estos ‘okupas anfitriones’ dejen de beneficiarse a costa de su propiedad y sean sancionados. Mientras, esperan la resolución de los recursos para poder hacer uso de su vivienda cuanto antes.
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