Un grupo de profesionales que colabora con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y diversas direcciones generales del Gobierno de Canarias advierte de una «paralización grave» de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género asignados a la Consejería de Bienestar Social del Ejecutivo canario, cifrada en más de diez millones de euros. Esa partida, destinada al desarrollo de proyectos de prevención y sensibilización en las Islas, sufre un «cambio en los criterios administrativos» que impide la publicación de la orden necesaria para ejecutar campañas contra el machismo previstas para este 2025.
El descontento de los denunciantes remite a la situación de esta partida, que depende del ICI, y que arrastra meses de «bloqueo presupuestario». La parálisis deja en el aire programas y proyectos para prevenir la violencia de género, entre ellos, alrededor de 20 organizados por la Dirección General de Juventud, parte del Programa Aliadas.
«El año pasado ya afrontamos una problemática de demora hasta junio, que fue cuando se publicaron las órdenes de pago», manifiestan responsables de la iniciativa ¿Dónde está el ICI?, una campaña en redes sociales que visibiliza «el déficit de planificación y falta de continuidad en políticas de igualdad».
Manifestación por el 8M en Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz
Ejercicio de 2024
Por su parte, el ICI manifiesta que el retraso se produce ante la «tardanza de las entidades para justificar los gastos del anterior ejercicio», y que «toda la administración trabaja» para que los profesionales del sector puedan realizar la solicitud de crédito antes de noviembre. De no cumplir los plazos de petición y ejecución a principios de 2026, la cantidad debería reintegrarse de nuevo a los fondos del Estado.
El Gobierno de Canarias cuenta este año con 10.363.552,08 euros del Estado para desarrollar programas que permitan prevenir y combatir la violencia de género. Los responsables de la campaña alertan de que una «gran parte» de esa masa presupuestaria corre el riesgo de caer en saco roto, de no cumplir los plazos de justificación decretados antes del 31 diciembre, y por consiguiente, revierta al Gobierno estatal. Los únicos fondos del Pacto de Estado que se ejecutan actualmente son los que el Ministerio de Igualdad transfiere a Cabildos y Ayuntamientos, destinados a sufragar servicios de atención directa.
Mayor claridad
Los responsables de la campaña exigen al Gobierno de Canarias y el ICI «claridad» en tres puntos: el importe exacto pendiente de distribución; la documentación que justifique la ejecución de ejercicios anteriores y un calendario verificable de órdenes y transferencias.
Además, solicitan una mayor capacidad técnica para evitar que los fondos estatales vuelvan al Estado por falta de tramitación. «Uno de los grandes problemas que tiene el Archipiélago es el dinero del Gobierno central que no se ejecuta», defienden.
Advierten de que esta situación «deja de lado a las asociaciones y profesionales que llevan trabajando en esta materia durante una década, teniendo en cuenta que, aunque las acciones de prevención e intervención deben ser realizadas por las instituciones públicas, estas se vienen delegando en el tercer sector».
En 2025, los gestores de estas iniciativas recibieron la promesa de implantar un modelo de convocatorias bienales; una decisión que acaba por revocarse. Las fuentes atribuyen el vuelco a un cambio en la dirección técnica del servicio y a «problemas con la justificación de los años pasados».
En la práctica, las consecuencias son inmediatas. Las profesionales enumeran diferentes tipos de proyectos paralizados, como formación de personal técnico educativo; programas de prevención en centros escolares; iniciativas contra el porno como factor de riesgo; acciones por la diversidad o de intervención comunitaria.
Además, denuncian que muchos planes de igualdad municipales no han renovado su vigencia. «En Gran Canaria, de los 21 municipios no hay ninguno que haya renovado sus planes de igualdad», aseguran. «No hay un programa que busque generar movimientos transversales. La clase política tiene que tenerlo claro: si trabajamos de manera puntual con proyectos de tres meses o de seis meses es imposible que cambie el acervo cultural que implica el patriarcado». Y esta falta de medios se da en paralelo a un aumento de los feminicidios en Canarias y registros que rozaron las 4.000 alertas durante el primer trimestre del año en el servicio de violencia de género del 112.
Las fuentes detallan una segunda vía de riesgo: la ejecución con crédito de ejercicios anteriores. Sostienen la hipótesis de que en 2024 la ejecución se hizo con remanentes económicos de 2023, y plantean la duda de si esa dinámica ha dejado el crédito formal de 2024 sin justificar. «Cabe la posibilidad de que hayan renunciado al dinero del ejercicio anterior», se lamentan. Lo que deja la coyuntura en vías de urgencia, a solo tres meses de finalizar el plazo para contratar y ejecutar proyectos con garantía de justificación antes del 31 de diciembre.
En el terreno administrativo, se señala el cuello de botella que supone la capacidad de personal técnico en la administración para tramitar y contratar con rapidez. Así, lamentan un «silencio total y absoluto» en la comunicación institucional, «una dejación de funciones por parte del Gobierno de Canarias», mientras reclaman mayor transparencia sobre el estado de los expedientes y acceso a la documentación.
Los responsables describen la pérdida de equipos, rotación de personal y estrés laboral al que se ven sometidas. «Nos pegamos seis meses con antidepresivos y luego seis meses con relajantes musculares», resume. La «incertidumbre» empuja a profesionales a abandonar el sector o a buscar contratos en ámbitos ajenos a la igualdad, lo que lleva a una pérdida de conocimiento técnico en el Archipiélago.
