Los hoteleros vuelven a la carga con el registro de viajeros. La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) denuncia “bloqueos operativos, confusión y mayores costes administrativos” para las empresas a raíz de la implantación del citado registro y reclama una reunión «urgente» con el Ministerio del Interior para agilizar el proceso de recogida de datos o la derogación de la norma.
El registro de viajeros convierte a los hoteles en una suerte de policía turística al tener que recabar datos que van más allá de aquellos incluidos en documentos oficiales (DNI y pasaporte) y volcarlos a una aplicación (ses.hospedajes) en un plazo inferior a 24 horas. No solo afecta a las actividades de hospedaje, sino también a las agencias de alquiler de coches y a intermediarios, como las agencias de viajes y a las plataformas digitales.
La norma que impulsó su creación (real decreto 933/2021) fue aprobada el 26 de octubre de 2021, pero su aplicación se retrasó en hasta cuatro ocasiones para facilitar la adaptación de las empresas, quejosas de tener que recolectar diariamente más de 42 datos por persona. Finalmente, el 2 de diciembre del año pasado entró en funcionamiento, pero entonces el Ministerio del Interior prometió a las compañías que publicaría una orden ministerial para agilizar el proceso.
En concreto, esta orden ministerial debía aclarar que las empresas no tenían la obligación de recolectar esos 42 datos que exige la norma, sino solo 13, apenas dos más de los que se pedían antes de su entrada en vigor, según precisó días más tarde el Gobierno. Sin embargo, las compañías hoteleras se quejan de que más de ocho meses después no hay ni rastro de la orden ministerial.
“Llevamos ya demasiado tiempo esperando que el Ministerio del Interior atienda las peticiones del sector turístico español, que escuche a los representantes europeos y que no se generen problemas que provoquen rechazo y aumenten los procesos administrativos», denuncia el presidente de Cehat, Jorge Marichal, en un comunicado.
La patronal pone en duda la legalidad en la «recogida, custodia y transmisión de los datos» al considerar que «incumple las normativas europeas sobre libre circulación de viajeros y protección de datos» y reclama una reunión con el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska. «Es necesario que el Ministerio del Interior se vuelva a sentar con los representantes sectoriales para elaborar una orden ministerial ajustada a derecho o, por el contrario, derogue el Real Decreto 933/2021, creando un sistema ágil que permita cumplir los objetivos iniciales que se pretendían con la norma”, insiste Marichal.
