Estamos siendo testigos de una estrategia bien definida de la derecha española: acosar y presionar a los medios de comunicación que se atreven a cuestionar el poder del PP. En demasiadas ocasiones, esa estrategia incluye la difamación, la amenaza y el señalamiento directo contra periodistas que ejercen su labor con independencia.
Un ejemplo paradigmático fue el protagonizado por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, cuando envió a la periodista de eldiario.es Esther Palomera un WhatsApp demoledor: “Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den, idiotas”. Una advertencia que deja en evidencia la pulsión autoritaria de quienes pretenden amedrentar a la prensa crítica.
El guion se repite. La más reciente víctima ha sido Sarah Santaolalla, joven analista política que, en poco tiempo, se ha convertido en un rostro habitual de las tertulias televisivas. Por atreverse a opinar sobre el comportamiento electoral, recibió un ataque personal del vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, que llegó a insinuaciones de corte misógino, descalificándola de manera hiriente y relacionándola con la prostitución.
No es un hecho aislado. El PP ha puesto en la diana a profesionales de la talla de Silvia Intxaurrondo, Javier Ruiz, Jesús Cintora, Xabier Fortes o David Broncano. Todos ellos comparten algo en común: no pliegan su discurso a los dictados de Génova 13. El objetivo es claro: controlar el relato mediático, imponer el marco de lo decible y asfixiar las voces incómodas.
Esa misma estrategia se multiplica en los territorios donde gobierna la derecha. Basta con mirar a la Costa del Sol y concretamente en Benalmádena, reino del alcalde popular Juan Antonio Lara, conocido por sus caprichos suntuosos financiados con dinero público. Allí se ha protagonizado el último episodio de esta deriva preocupante.
Y es que esta estrategia de presión y descrédito hacia periodistas críticos, practicada en diferentes ámbitos por el Partido Popular, ha tenido un nuevo episodio en la Costa del Sol. En Benalmádena, el concejal de Deportes, Alejandro Carretero, arremetió contra el medio digital OléBenalmádena después de que este publicara una información sobre el retraso en las obras de remodelación de un estadio.
Ofensas y amenazas
En redes sociales, Carretero acusó al medio de ser un “altavoz partidista”, “alarmista”, “manipulador” y “sensacionalista”, llegando incluso a tildarlo de “panfleto” y de “ponerse al servicio del comunismo local”. El edil del PP remató sus descalificaciones con un mensaje de tono amenazante: “Muy pronto quedará en evidencia la realidad…”.
La directora de este valiente e independiente periódico digital, Saioa Iglesias, señaló a ElPlural.com que pese a la preocupación que le generan estos ataques, ella y su medio seguirán firme en su labor de informar “con veracidad y rigor”, recordando que no es la primera vez que su trabajo es objeto de intentos de amedrentamiento desde el Gobierno local.
El PSOE de Benalmádena, a través de su portavoz Víctor Navas, ha exigido al concejal de Deportes que rectifique y pida disculpas, subrayando que la noticia publicada por OléBenalmádena se limitaba a reflejar una realidad contrastada: las obras no se habían concluido en la fecha comprometida oficialmente.
“Matonismo político”
No es un hecho aislado. La oposición denuncia que este tipo de comportamientos forman parte de una dinámica de “matonismo político” ejercida desde el equipo de Gobierno del PP contra medios de comunicación y ciudadanos críticos.
El propio Carretero ya protagonizó un episodio similar meses atrás, cuando arremetió contra un youtuber que cuestionó el coste del nuevo logotipo municipal, llegando incluso a llevar el asunto al pleno para insinuar que el creador de contenidos actuaba “al servicio de la izquierda”.
Los profesionales del periodismo local advierten que informar sobre retrasos en obras públicas o cuestionar el uso del dinero municipal no debería convertirse en una actividad de riesgo en Benalmádena. La libertad de expresión y la independencia informativa —subrayan— son pilares básicos que no deben ser socavados por amenazas ni presiones políticas.
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