El Tribunal de Cuentas ha abierto una investigación al Ayuntamiento de Benidorm por la denominada “incentivación hotelera”. Una modificación urbanística promovió que los hoteles pudieran aumentar su edificabilidad a cambio de una compensación de suelo o económica al municipio que suponía varios millones de euros para las arcas públicas.
El Tribunal de Cuentas emitió un auto el pasado mes de julio para la práctica de diligencias después de valorar que los citados hechos permiten apreciar la existencia de un presunto alcance de fondos o caudales públicos. La investigación se origina por una denuncia del portavoz adjunto del Grupo Socialista, Sergi Castillo.
Los hechos se remontan a 2001, bajo el mandato del popular Vicente Pérez Devesa, cuando se aprueba una modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el beneplácito de la Conselleria de Urbanismo, que permitía a los hoteles de cuatro y cinco estrellas aumentar su edificabilidad en una 40%, sin que computara como incremento.
A cambio, los establecimientos debían compensar al ayuntamiento con la cesión de suelo público o la cantidad económica que se estableciera. Es en este punto donde Castillo denuncia al consistorio por omisión, ya que “pese a tener conocimiento de estos incumplimientos no ha adoptado las medidas efectivas para exigir las compensaciones pendientes, dejando prescribir tales derechos en perjuicio de la Hacienda Municipal”.
Es un hecho que en todos estos años han sido mínimos los movimientos para pedir la compensación que pertenece al erario público municipal como si hubiera temor a ejercer un derecho ante las familias hoteleras benidormenses. Fue un exconcejal socialista, Luis Ángel García, el que dio un paso decisivo para poner en marcha el proceso. En 2017 puso el caso en la agenda del Sìndic de Greuges, que estimó la denuncia e instó al ayuntamiento a subsanar la situación, pero hicieron caso omiso.
El Ayuntamiento argumenta que las responsabilidades contables han prescrito, pero apercibió hace un año a los hoteles para regularizar su situación.
El consistorio se ha dirigido al Tribunal de Cuentas rechazando su inactividad y pone como ejemplo al único hotel que ha cumplido, el Deloix. Y aunque alega que el proceso ha prescrito, también aporta las cartas enviadas al resto de hoteles hace un año en las que les apercibía a regularizar su situación en el plazo de un mes y les expresaba que en caso contrario “se adoptarán las medidas oportunas para hacer efectivo el cumplimiento de la legalidad”. Todas las notificaciones fueron rechazadas menos una, la del hotel Madeira, que considera que la situación del hotel es legal.
En la respuesta realizada por el abogado de Castillo, se manifiesta que la responsabilidad contable no habría prescrito, ya que el plazo empezaría a computar “a partir del día en el que se consumó el perjuicio para la hacienda municipal, es decir, cuando prescribió definitivamente el derecho del ayuntamiento a exigir las contraprestaciones económicas legalmente obligatorias”. Ahora habrá que dilucidar pues cuál es la fecha desde la que se comienza a contar por este quebranto.
Situación de los siete hoteles
Los alojamientos beneficiados hace más de 20 años por el denominado “premio hotelero” han actuado de forma diferente ante estos requerimientos. El único que ha cumplido con la legalidad ha sido el Deloix, con cuya monetarización el ayuntamiento ingresó 370.000 euros hace dos años. Los hoteles Mediterráneo y Flamingo Oasis, se encuentran tramitando los Planes de Reforma Interior (PRI), según fuentes socialistas, por los que un arquitecto externo emitió hace poco dos facturas de 6.306,58 euros y 6.221,35 euros respectivamente.
Los cuatro restantes, Levante Club, Madeira, Victoria y Meliá Benidorm son los que no han dado ningún paso para iniciar ni siquiera el PRI, según Castillo, por lo que continúan siendo ilegales. El representante legal del hotel Madeira va más allá y contesta al requerimiento del ayuntamiento para regularizar su situación que es “una confusión”, ya que la licencia de obra que obtuvo el Madeira para realizar la ampliación fue anterior a la modificación del plan general. Y argumentan también, según la carta a la que ha tenido acceso este diario, el establecimiento tiene licencias de apertura y de ocupación “sin reparo” del ayuntamiento por lo que considera que “se encuentra perfectamente legalizado”.
El PP perdona millones de euros que deben estar en las arcas públicas
Castillo es portavoz adjunto del Grupo Socialista que se presentó en listas como independiente. Fiscaliza entre otras áreas, la de Urbanismo. “Estamos defendiendo los recursos públicos. El premio hotelero no nos parece mal porque con él mejora la planta hotelera, pero esas mejoras tenían una compensación que no hemos recibido. El PP y el alcalde Toni Pérez están perdonando a importantes empresarios millones de euros con los que podrían hacer muchas cosas en la ciudad”.
Castillo no quiere estigmatizar al sector que suele cumplir, en general, con la excepción de estos cuatro hoteles que “pueden crear agravios comparativos”. También se refiere a la “dejadez” del departamento de Urbanismo al que se lleva preguntando desde el comienzo de la legislatura por la cuestión “y no es hasta septiembre de 2024 cuando la concejala Lourdes Caselles requiere por carta a los hoteleros”.
La propia concejala contestaba a preguntas de este diario informando que el proceso está en marcha, con hoteles presentando documentos “y los que aún no los han presentado oficialmente se han reunido con el ayuntamiento y están redactándolos”. “Todos están haciendo los deberes o los tienen ya hechos”, recalcó. Según Caselles “habrá compensación económica de todos los hoteles”. Ahora, la anterior falta de respuesta de tres hoteles y el rechazo del Madeira tendrán que encajar con la versión de la edil, que niega la inactividad.
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