El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmado que su departamento está “ultimando” el expediente para solicitar ante la Justicia la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). La medida se enmarca en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y, según el titular de Cultura, responde a la necesidad de poner fin a la existencia de entidades que “en pleno 2025 hacen apología del franquismo”.
Urtasun ha explicado que el expediente se encontraba a la espera del informe remitido por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, documento que ya ha sido recibido y que ahora se está cerrando con el objetivo de elevarlo cuanto antes al juez. El ministro no ha querido precisar plazos concretos, ni si podría coincidir con el 20 de noviembre, fecha en la que se cumplirán 50 años de la muerte del dictador, pero aseguró que el Ejecutivo trabaja “intensamente” para dar este paso en cuanto sea posible.
Una “prioridad clara” para el Ministerio de Cultura
«No es de recibo que en 2025 todavía tengamos fundaciones que hacen apología al franquismo. Por lo tanto, esa es una prioridad que es muy clara para mí», ha subrayado Urtasun. El ministro ha añadido que el Gobierno no descarta solicitar medidas cautelares para suspender provisionalmente las actividades de la FNFF mientras se resuelve el proceso judicial. “Lo estamos acabando de estudiar”, ha puntualizado.
El titular de Cultura ha defendido además la dimensión simbólica de esta decisión. “Es fundamental trabajar en materia de derechos, libertades y en la defensa de la memoria democrática”, ha afirmado. Urtasun ha insistido en que la sociedad debe tener claro “qué significó el franquismo y la censura también para la cultura”.
Un procedimiento iniciado en 2024
El procedimiento para ilegalizar la fundación comenzó en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura abrió un periodo de actuaciones previas con el fin de recabar información y elementos de juicio. Esta tarea corresponde al Protectorado de Fundaciones, organismo dependiente de Cultura y competente para instar judicialmente la extinción de una entidad.
Para construir el expediente, se han solicitado informes a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, al Registro de Fundaciones de competencia estatal y a la Abogacía del Estado. Según explicó en su momento el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el primer informe elaborado por su departamento tuvo que ser completado posteriormente, teniendo en cuenta “circunstancias y vericuetos legales” derivados de los cambios estatutarios que la fundación introdujo en 2023. Además, el Congreso de los Diputados, a propuesta del PSOE, aprobó en la pasada primavera una modificación de la Ley de Asociaciones para permitir la ilegalización de aquellas que hagan apología del franquismo, lo que refuerza la base legal del expediente.
Apología del franquismo y menosprecio a las víctimas
El informe enviado por el Ministerio de Memoria Democrática concluye que concurren las causas de extinción previstas en la disposición adicional quinta de la Ley de Memoria Democrática. Entre ellas, destaca que la Fundación Nacional Francisco Franco “no persigue fines de interés general” y desarrolla actividades que van en contra de este principio.
El documento constata que la entidad no solo hace “apología del franquismo”, sino que además “ensalza el golpe de Estado y la dictadura o enaltece a sus dirigentes”. Asimismo, señala que la FNFF incurre en un “menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo”, llegando incluso a incitar “directa o indirectamente al odio o la violencia” contra ellas.
Por todo ello, defiende que procede instar judicialmente la extinción de la FNFF, y que se puede solicitar, en su caso, la suspensión provisional de las actividades de la misma hasta que se dicte sentencia y las medidas cautelares que se consideren necesarias para la eficacia de la suspensión de actividades.
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