En Barcelona, donde es más fácil tropezar con una heladería –hay 240 en la ciudad– que con un cajero automático, proliferan los templos del cucurucho premium. Uno de ellos, regentado por argentinos y con el dulce de leche como columna vertebral del negocio, acaba de convertirse en escenario de un conflicto agudo.
El helado, como producto, es un lenguaje universal, símbolo de infancia y reconciliación. Es, quizá, el alimento menos político que existe: se derrite en la boca. Los niños lo eligen por colores o sabores, no por la lengua de Cervantes o Wifredo el Velloso.
Es la recompensa infantil por excelencia, la tregua de tardes calurosas, la geometría de un cucurucho que resuelve con sencillez los problemas más acuciantes de la infancia: elegir entre fresa o chocolate.
Templo estival de la inocencia, la heladería debería ser territorio neutral: un espacio de disfrute y encuentro, nunca un campo de batalla. Una pausa de azúcar y frescura en medio del sofoco ideológico. Cuando el cono y la tarrina chocan con el discurso soberanista, convierte un tema espinoso en algo banal y revelador.
Un helado no es una trinchera, aunque en esta ocasión alguien estuvo a punto de lograrlo, cuando lo que debería ser una pausa para elegir entre fresa y nata se transformó en debate inesperado.
Un helado de fresa. / .
Todo empezó una tarde de verano, cuando una clienta pidió un helado de maduixa (fresa en catalán). La dependienta –recién llegada– no entendió el término y el encargado, en vez de resolverlo con un «disculpe, aún no sabe catalán», llamó maleducada a la clienta, quien replicó que el catalán es la única lengua de Cataluña; a lo que él contestó que también lo es el castellano y remató con solemnidad: «Cataluña está en el Reino de España».
El marido, concejal de distrito, no manchó la persiana, pero encendió la chispa, al interponer una querella por «vejaciones» a su pareja y calificar la trifulca como un «caso de discriminación lingüística». Un cargo público no puede usar su altavoz privilegiado para señalar a un negocio privado.
El dueño de la heladería intentó suavizar el debate, apagando el fuego con la lógica de la hostelería: «no hay ningún problema con el catalán, atendemos a todos los que nos hablan en catalán». Pero el eco mediático fue voraz y lo que podía haberse resuelto con una disculpa y un cucurucho por la filosa terminó en redes encendidas y pintadas que señalaban al local como «enemigo hasta que cierre».
¿Enemigo por qué? Eso es intolerancia y podría bordear el delito de odio. ¿Acaso el encargado de la heladería no tiene libertad de expresión cuando se alienta, a través de redes sociales, a que le pinten o le quemen el local hasta que lo cierre?
El gesto –ridículo en apariencia– se interpretó como desdén colonialista y el eco mediático multiplicó el daño. No tardaron en aparecer pegatinas acusando al local de «no respetar el catalán».
Con el prólogo de una petición –«que la catalanofobia no quede impune»– al día siguiente el establecimiento amaneció vandalizado. El helado de fresa se derritió en el ácido de la política.
La paradoja es que un lugar de conciliación se convierta en escenario de fractura ¿A qué viene y a quién beneficia esa conducta de imposición?
Freud llamaba a esto el narcisismo de las pequeñas diferencias: la manía de pelearse por lo que apenas distingue a unos de otros. En esta ocasión, esa pulsión ha llegado al ridículo: no se discute sobre independencia ni sobre presupuestos, sino sobre cómo se pide el helado, como fresa o como maduixa.
Las lenguas no son tótems sagrados, sino instrumentos de comunicación. El gobierno autonómico ha promulgado leyes que obligan a los tenderos a utilizar el catalán. Los nacionalistas se afanan en imponerlas en todos los ámbitos: administración, educación, señalización, impuestos, solicitudes, comunicaciones… Quedan exentas las multas de tráfico, que respetan el bilingüismo.
La polémica demuestra que el catalán sigue siendo un tema central. La ley obliga a atender en la lengua propia y debe respetarse, pero sin confundir derechos con deberes ni elevar un malentendido a categoría política.
Si el futuro depende de cómo se pide un helado, quizá Freud se quedó corto: no hablamos de pequeñas diferencias, sino de minucias elevadas a causa nacional.
Un país que convierte al cucurucho en arma política debería preguntarse si no se está disolviendo por dentro. ¿Es esta la pax catalana con la que se pretende justificar el perdón?
