La polémica por el traslado de menores no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla al resto de comunidades autónomas ha subido de tono este viernes en Madrid con acusaciones cruzadas de racismo entre los Gobiernos central y autonómico. La espita la abrió a primera hora el ministro de Transformación Digital y líder del PSOE madrileño, Óscar López, quien acusó directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de «racismo puro».
«Yo acuso a la presidenta de la Comunidad de Madrid de racismo. De racismo puro», dijo López ante la decisión del Ejecutivo madrileño de recurrir ante el Tribunal Supremo el real decreto que aprobó el Gobierno para el reparto de menores. «No se puede presumir de tener un centro, como hay en Pozuelo, donde hemos acogido a cientos de menores migrantes de Ucrania y a continuación plantear su cierre cuando los migrantes son africanos. Eso se llama racismo», ha subrayado el ministro.
Estas acusaciones recibieron una respuesta igual de contundente por parte del Ejecutivo de Madrid. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha argüido que «no hay nada más racista que colaborar con los independentistas para excluir de un reparto maquillado de solidaridad a comunidades autónomas como Cataluña o el País Vasco por razones meramente políticas, como son contentar a los independentistas para mantener a Sánchez en el poder, y no hay nada más racista que mercadear con los menores para ello».
Sobre la orden de cese de actividad del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de refugiados de Pozuelo de Alarcón a finales de julio, Dávila ha asegurado que el Sistema de Protección a la Infancia de la Comunidad de Madrid atiende a «todos los menores en situación de riesgo o desamparo, independientemente de su origen y de la situación en la que provengan». «Los menores ucranianos vinieron acompañados de sus familias, no vinieron solos y no vinieron como estos menores de manos de las mafias», ha añadido.
En esa misma línea, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, ha pedido a López que distinga entre «lo que es un refugiado temporal, como fueron los ucranianos, y lo que son los migrantes». Y ha recordado que el Gobierno regional recurre en los tribunales el decreto de reparto de menores «porque se ha hecho de forma unilateral» y «no se ha tenido en cuenta a las comunidades autónomas».
