Peor que no aprender de errores y fallos del pasado es repetirlos, volver atrás. En el 20 aniversario del desastre del ‘Katrina‘ y con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, es justo lo que está sucediendo. Los ataques y recortes del republicano a FEMA, la agencia federal de gestión de emergencias, así como sus asaltos a la ciencia del cambio climático y a cualquier esfuerzo de equidad, resucitan los peores fantasmas de aquella tragedia, que se inició como un desastre natural pero fue demoledora, sobre todo, como una catástrofe provocada por el hombre.
Hay conciencia de que gran parte de la muerte y la destrucción que provocó ‘Katrina’ se podría haber evitado, y no solo si la construcción por parte de los ingenieros del Ejército de los diques alrededor de Nueva Orleans no hubiera sido defectuosa. Como reconoció el presidente George Bush en 2005, «el sistema, a todos los niveles de gobierno (local, estatal y federal), no se coordinó bien y los primeros días se vio sobrepasado».
El sonrojante fracaso de la respuesta gubernamental fue tal que en 2006, y pese a un primer intento de desmantelar y sustituir FEMA, el Congreso aprobó reforzar y expandir la agencia en la Ley de Reforma de Gestión de Emergencia Post-Katrina. Esa norma incluyó cambios como requerir que el responsable de la agencia, que Bush había integrado en el Departamento de Seguridad Nacional, tuviera experiencia en la gestión de desastres. Es algo que había sucedido hasta que Bush puso al frente a Michael Brown (un abogado y amigo de universidad de su jefe de campaña, que antes había dirigido una organización de caballos árabes).
El cuartel general de la FEMA, la agencia federal de gestión de emergencias, en Washington. / GENE J. PUSKAR / AP
En aquella ley de 2006 también se ampliaron los fondos destinados a FEMA, que fue recibiendo en otras normativas más inyecciones de financiación. Y en 2018, fue el propio Trump el que firmó legislación que creaba un fondo especial que daba ayudas no solo para la recuperación una vez que ya se ha producido un desastre natural, sino para prepararse para esos desastres con proyectos como muros de protección para inundaciones, medidas contra incendios o sistemas de alerta de tornados. Joe Biden amplió luego los fondos y el abanico de proyectos que los podían recibir.
Trump, como un ‘bulldozer’
En la segunda presidencia, no obstante, Trump ha llegado decidido a demoler prácticamente toda la estructura de FEMA. Repetidamente ha hablado de desmantelar por completo la agencia, abogando por trasladar más responsabilidad a los estados, y aunque después de las letales inundaciones en Texas en julio ha moderado algo ese mensaje, sigue su trabajo el comité que ha nombrado y al que ha pedido recomendaciones de reforma para noviembre.
Su embestida, en cualquier caso, ya ha empezado con fuerza. El mandatario eliminó en abril el principal programa de becas para proyectos de preparación ante desastres y ha cancelado también ayudas por valor de miles de millones de dólares que ya se habían comprometido.
El republicano, además, ha colocado al frente a dos personas sin la requerida experiencia en gestión de desastres. Primero puso como director en funciones a Cameron Hamilton, un veterano del Ejército que, como él, propagó desinformación sobre la agencia, diciendo que en la presidencia de Joe Biden desviaba dinero a inmigrantes. Hamilton, no obstante, testificó en mayo ante el Congreso que no abogaba por desmantelar FEMA y fue cesado al día siguiente y sustituido por el actual director, David Richardson, también sin experiencia previa (antes dirigía una oficina que se dedicaba a las armas de destrucción masiva y cuando llegó al puesto dijo que no sabía que hubiera temporada de huracanes, algo que luego la Casa Blanca trató de justificar como una «broma»).
Tras el nombramiento de Richardson se intensificó un éxodo de la agencia, donde en febrero se habían producido ya más de 200 despidos, y para este verano FEMA ha visto reducirse su personal fijo en casi un tercio, unas 2.000 personas. Estas incluyen a algunos de sus cargos más preparados y experimentados.
Campamento arrasado por la crecida del río Guadalupe, en Texas, el pasado julio. / DPA / EUROPA PRESS
En FEMA se ha impuesto, como en todo el Gobierno, una censura rampante. La agencia, por ejemplo, está obligada desde febrero a retirar de documentos internos o públicos cualquier referencia al impacto del cambio climático en los desastres naturales. También debe borrar datos empíricos del castigo desproporcionado por los desastres climáticos que sufren comunidades de afroamericanos, indígenas, rurales y de bajos ingresos.
Con Trump, además, se ha ralentizado la ayuda que FEMA presta a los estados, que gracias a la reforma tras el ‘Katrina’ permitía a la agencia trasladar recursos antes de que llegara un desastre e incluso antes de que los solicitaran las autoridades locales. Ya en mayo un aliado de Trump, el senador ultraconservador Josh Hawley, acusó al Gobierno de estar retrasando la ayuda que Misuri necesitaba tras unos tornados y cuando en julio se produjeron unas letales inundaciones en Texas, la respuesta del Ejecutivo tardó días. Ese retraso en buena parte se debió a las nuevas condiciones impuestas por la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, como tener que autorizar personalmente cualquier gasto de más de 100.000 dólares. «Nos están haciendo retroceder, se ha añadido una capa de burocracia en un momento en que necesitas ser lo más ágil que puedas para ayudar a la gente», ha denunciado Deanne Criswell, que dirigió FEMA para Biden.
Castigo a las críticas
Todo el asalto de Trump ha llevado a cerca de 200 personas que trabajan o trabajaron para FEMA a firmar una carta que el lunes hicieron pública y enviaron al comité formado por Trump y diversos líderes del Congreso. Titulada ‘Declaración Katrina’, la misiva muestra la oposición a los ataques de Trump a la agencia y reza: «Esperamos que lleguen a tiempo para evitar no solo otra catástrofe nacional como el huracán ‘Katrina’ sino la disolución de la propia FEMA y el abandono de los estadounidenses que eso representaría».
Vista aérea de la devastación causada por el huracán ‘Katrina’ en Nueva Orleans, el 29 de agosto de 2005. / VINCENT LAFORET / EFE
36 de los firmantes usaron su nombre y apellido y el martes mismo fueron puestos en baja administrativa. Se trata de la misma medida disciplinaria que el mes pasado se impuso a 144 empleados de la Agencia de Protección Medioambiental que acusaron al Gobierno de Trump de haber «abandonado la misión de proteger la salud y el medioambiente».
La Administración de Trump ha respondido acusando a los firmantes de ser «los mismos burócratas que presidieron décadas de ineficiencia» que ahora «objetan a la reforma. El cambio siempre cuesta, especialmente a los interesados en mantener el statu quo, pero nuestras obligaciones son con los supervivientes, no con la protección de sistemas fallidos», se lee en el comunicado que distribuyó Daniel Llargués, el portavoz en funciones de FEMA.
El Gobierno de Trump insiste en que la agencia es inefectiva, defiende que con sus medidas está luchando contra «fraude y abuso» y, como en una orden ejecutiva que firmó en marzo, llama a municipios a «jugar un papel más activo y significativo» en preparación y resiliencia. «Si no pueden lidiar con ello (los desastres) no deberían ser gobernadores», decía el presidente en junio en el Despacho Oval.
Numerosos expertos, no obstante, avisan del coste que implican sus recortes. Según un informe del Instituto Nacional de Ciencias de Construcción, cada dólar que se invierte en preparación ante los desastres permitiría ahorrar entre cuatro y 11 en pérdidas. Y los firmantes de la carta advierten de peligrosos «efectos en cascada» de las acciones de Trump.
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