La Generalitat Valenciana ha dirigido una carta a los ayuntamientos para preguntarles por sus recursos disponibles para acoger a menores migrantes no acompañados (‘menas’).
El Ejecutivo autonómico ha decidido pedir colaboración a los alcaldes después de que el Gobierno central aprobara el decreto de reparto. En él se cifraba en 1.767 menores la capacidad ordinaria de acogida de la Comunitat Valenciana.
A juicio de la Generalitat, es una «amenaza del Gobierno de España» continuar con un traslado de menores «inconstitucional, arbitrario y sin recursos» que utiliza «como moneda de cambio con los socios separatistas catalanes».
El Ejecutivo de Carlos Mazón ya denunció el pasado julio esta redistribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias, de la que quedaban exentas las autonomías de País Vasco y Cataluña, y lo calificó como «un chantaje institucional disfrazado de solidaridad«.
Desde entonces, la Generalitat ha decidido ‘mover ficha’ por su cuenta. Primero se reunió con entidades sociales y envió cartas para solicitar información y colaboración al Defensor del Menor y al Síndic de Greuges.
El siguiente paso, el de ahora, ha sido remitir una carta a los consistorios. El departamento dirigido por Susana Camarero explica que el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, que determina este reparto de menores, acumula numerosos recursos admitidos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes comunidades, incluida la Comunitat Valenciana.
El Decreto establece el traslado de 571 menores no acompañados a la región valenciana, asignando un crédito de 7.451.550€, que, según denuncia la Generalitat, «exclusivamente cubre una parte de sus gastos durante tres meses».
Pese a ello, el Gobierno valenciano afirma haber realizado «un esfuerzo considerable en recursos de atención al programa migratorio», en el que ha incrementado en 122 el número total de plazas disponibles.
Según los datos que maneja la Comunitat Valenciana, actualmente se encuentra al 160% de ocupación, «con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados».
Migrantes son escoltados tras ser rescatados mientras intentaban cruzar el Canal de la Mancha.
Reuters
En el documento enviado a los alcaldes, tras la aprobación del Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de cada sistema, se les solicita su «colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles» en los municipios, y que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados.
«Aunque partimos de una posición de solidaridad con los problemas que esta crisis origina y que sufre especialmente Canarias, la realidad es que nuestro sistema ya enfrenta una sobreocupación que lo colapsa y el nuevo reparto anunciado impediría seguir ofreciendo a los menores los mínimos estándares de calidad que requieren, por no contar ni con los medios ni con la aportación de recursos suficiente por parte del Gobierno de España para afrontarlo», argumentan desde la Conselleria de Servicios Sociales.
«Al contrario que el Gobierno, buscamos colaboración, sin imposición, mostrando la preocupación por el daño que una llegada masiva puede hacer a un sistema de protección consolidado», trasladan.
El sistema, «en riesgo»
La Comunitat Valenciana, a la que se le asignó 1.767 plazas, tiene a día de hoy 475 ‘menas’ bajo su tutela. El Gobierno valenciano dice que el nuevo reparto anunciado por el Ejecutivo de Sánchez «pretende romper el sistema de acogida» que hay en la región, tras aumentar en un 66% las plazas en los últimos años, hasta 319, «y tener el sistema ya tensionado».
Por otro lado, la Conselleria de Servicios Sociales ha recriminado a Diana Morant el apoyo a un reparto que «pone en riesgo el sistema de protección» y que es «imposible de cumplir», además de que acepte que el Gobierno no financie las nuevas plazas y que no se haya molestado en conocer qué capacidad de infraestructuras, de personal y de medios tiene la Comunitat Valenciana para acoger a más menores «en condiciones dignas».
Los servicios sanitarios atienden a migrantes. Europa Press
Tal y como trasladan fuentes de la Generalitat, el sobreesfuerzo económico que supone a los valencianos es de casi 25 millones de euros, «que soporta a pulmón ante el abandono de Sánchez».
Las mismas recuerdan que cada plaza del proyecto migratorio tiene un coste de 218 euros cada menor al día y que Sánchez ha anunciado 7,4 millones para las 571 plazas, «lo que supondría 35 euros día por menor«.
«Por tanto, el Gobierno no va a financiar el coste de la atención a los menores que pretende trasladar a las CCAA, rompiendo el sistema de protección de las CCAA», concluyen.
Por todo lo anterior, el Gobierno valenciano informó este martes de que pedirá la suspensión cautelar «de cualquier norma que apruebe el Gobierno« central relacionada con el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Así lo aseguró la vicepresidenta Susana Camarero, quien criticó «la improvisación» del Gobierno de Pedro Sánchez al no permitir que desde la Generalitat tengan «alguna posibilidad de saber cuál es la previsión o la propuesta respecto a este reparto».
«De esos 571 menores que pretende trasladar a la Comunitat Valenciana, no sabemos ni cuántos ni cuándo ni qué menores nos van a trasladar», dijo la también consellera de Servicios Sociales.
Obligaciones de las CCAA
Tal y como informó EL ESPAÑOL, el Real Decreto 658/2025 en el Boletín Oficial del Estado determina que será la Comunidad Autónoma de origen quien costee los gastos extra del desplazamiento, ya que el fondo estatal previsto solo cubrirá lo mínimo señalado en la legislación vigente.
Las obligaciones, en materia de atención integral y enfoque adaptado -incluida la protección a menores más vulnerables o víctimas de trata-, recaen sobre las autonomías receptoras. De ellas dependerán «la adecuada tutela, los recursos especializados y la integración social, educativa y sanitaria» de los menores una vez reubicados.
Muchos migrantes arriesgan sus vidas cruzando el Mediterráneo.
El Estado renuncia, por tanto, a la creación de nuevas partidas presupuestarias o a la contratación de más profesionales, incluso cuando el volumen migratorio supera cualquier precedente.
El reparto, según el Gobierno, se basa en «una fórmula objetiva concreta»: se divide la población total de cada autonomía a 31 de diciembre de 2024 «entre el cociente de la población total de España y el máximo de menores extranjeros no acompañados atendidos en el conjunto del sistema».
De esta manera, se determina «la carga mínima» que cada territorio debe asumir en función de su peso demográfico y de la capacidad de acogida nacional.
Con este método de cálculo, a la mayoría de CCAA se le asignan unas «capacidades objetivas» muy por encima de las plazas que comunicaron al Gobierno en febrero.
