Marga Prohens se planta frente al Gobierno de Pedro Sánchez y su reparto de menores migrantes. La presidenta autonómica afirmó este miércoles que en las Islas Baleares «ya no podemos seguir mandando menores a los centros de acogida» porque están a «más de un 1.000% de su capacidad».
El Gobierno balear del PP anunció que solicitará la declaración de «contingencia migratoria extraordinaria» argumentando que, en lo que llevamos de año, más de 4.700 migrantes irregulares han llegado al archipiélago. Un incremento del 77% respecto a 2024, según Prohens.
Esta petición permitiría a Baleares recibir el mismo tratamiento que Cataluña y País Vasco, ya exentas de la distribución.
La vicepresidenta segunda de Baleares, Antònia Maria Estarellas, confirmó la decisión tras conocerse que las islas deben acoger a 49 menores según el decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros.
Pero desde el Ministerio de Infancia advierten a Prohens de que Baleares «no cumple los requisitos» para excluirlas del reparto.
Según explican a este periódico fuentes del departamento que dirige Sira Rego, las islas «tienen capacidad para 406 plazas y a día de hoy acogen a unos 600 menores».
Sin embargo, para acogerse a la contingencia que ya ha solicitado el presidente canario Fernando Clavijo, las comunidades autónomas deben triplicar su capacidad ordinaria.
Sólo Canarias, Ceuta y Melilla cumplirían con esa condición. Y en el caso de Baleares, se debería llegar hasta los «1.218 menores» y esa cifra por el momento no se alcanza.
Desde el Gabinete de Marga Prohens expresan su sorpresa por la respuesta anticipada del Ejecutivo central: «Llama la atención que el Gobierno salga a rechazar una petición sin esperar a que se presente formalmente y sin haber podido analizar los argumentos».
«¿Para qué dan plazo a las comunidades para pedir la contingencia si ya saben lo que van a contestar?», se preguntan en el Gobierno balear.
«Todas las vías legales»
A pesar de la postura del Gobierno de Sánchez, desde la Administración autonómica advierten de que seguirán con su estrategia y recurrirán a «todas las vías legales para detener el reparto de más menores hacia nuestras Islas».
De esta manera, si finalmente se rechaza la contingencia migratoria, «se presentará recurso y petición de suspensión cautelar» ante el Tribunal Supremo.
Sólo en el mes de agosto se han registrado 1.500 llegadas irregulares, 64 de ellas menores, procedentes principalmente de la nueva ruta migratoria desde Argelia.
El propio Pedro Sánchez admitió antes de irse de vacaciones que en Baleares la situación es crítica, con la llegada de «una patera cada dos horas». Mientras en el resto de España las rutas migratorias caen un 27%, en el archipiélago ocurre justo lo contrario.
Pese a ese diagnóstico, varios ministros han endurecido su discurso hacia las comunidades que rechacen el reparto de menores. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ya ha avisado de que habrá «consecuencias legales» para quienes no se ajusten a la norma.
En la misma línea, el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, fue este miércoles un paso más allá al advertir de que podrían «intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» si alguna autonomía se negara a aplicar el decreto.
La aspiración de Baleares de recibir el mismo trato que Cataluña y País Vasco se basa en que estas comunidades quedaron excluidas del reparto obligatorio debido al «esfuerzo previo realizado durante los últimos años», al superar ya las cuotas que les correspondían.
El mecanismo legal al que apela Prohens es diferente, pero tendría el mismo efecto: liberar a las Islas Baleares de más presión migratoria.
Un objetivo que parece imposible tras el cruce de acusaciones entre administraciones de esta semana. Torres acusó a la presidenta balear de «poner palos en las ruedas» a la política migratoria del PSOE, mientras que la dirigente popular replicó al ministro asegurando que «quien pone palos en las ruedas es quien está dejando sola a Baleares».
