El operativo del sábado en el asentamiento ilegal de viviendas Cueva Laya en Bahía de Formas, Santa Lucía de Tirajana, derivó en la apertura de expedientes sancionadores, que anuncian a las personas en situación irregular, el inicio de procedimientos sancionadores con multas de 501 euros y, además, la advertencia de salida obligatoria del territorio nacional. La notificación fue entregada a algunos de los casi 90 identificados en el operativo policial en el poblado en situación irregular. En su mayoría son venezolanos, colombianos o ecuatorianos, y se sienten «engañados por España». Tendrán 15 días hábiles para alegaciones.
Los residentes viven horas de tensión tras el operativo policial desplegado el pasado sábado en el asentamiento, donde conviven más de 200 familias. La consecuencia inicial es la notificación de la Delegación del Gobierno del inicio de procedimientos sancionadores con multas de 501 euros y dictar la advertencia de salida obligatoria del territorio nacional. Los afectados disponen de 15 días hábiles para presentar alegaciones o aportar documentación que justifique su estancia legal en España. En caso contrario, la resolución puede derivar no solo en la sanción, sino en la salida del país. El documento oficial, al que tuvo acceso este periódico, detalla que las sanciones se aplican conforme a la Ley de Extranjería y se consideran infracciones graves.
Residentes ilegales
Ha caído como un jarro de agua fría entre las familias, muchas con hijos menores escolarizados en Vecindario y Doctoral y los adultos, con empleos sobre todo en construcción y hostelería, sin contrato.
«Desesperación» fue la palabra al recibir el papel con el sello de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior uno de los residentes venezolanos: «Nos sentimos engañados. No esperábamos esto de España. Hemos venido huyendo de la crisis en Venezuela y aquí también nos quieren echar» . Trabajan en lo que encuentran «pero nadie nos ofrece es una salida legal». Insisten en que «no pedimos limosna, solo una vida digna y legal». El caso pesa igual sobre los solicitantes de asilo político. «Llevamos años solicitándolo, intentando que nos alquilen una casa o que nos hagan un contrato legal en el trabajo. ¿Nos dan un plazo de 15 días para que puedan regularizarnos? Nunca pensé que España nos hiciera esto», dice un afectado.
El poblado de Cueva Laya está asentado en terrenos privados que fue zona de invernaderos y después, en vertedero de escombros y en los últimos años se ha multiplicado el número de ocupantes, sobre todo familias migrantes que no encuentran acceso a vivienda. El operativo, en el que participaron agentes de la Guardia Civil, Policía Local y técnicos municipales, tenía como objetivo identificarlos y pedir su comparecencia en Extranjería de la Policía Nacional para iniciar la regularización. El procedimiento abierto no es definitivo, contempla un plazo para entregar pruebas o documentación que permitan frenar la sanción y en el caso extremo, la expulsión.
Suscríbete para seguir leyendo
