En las últimas semanas escucho desmentidos a bulos, que lo son, que quede claro, pero que merecen alguna aclaración. La atribución de todos los males, también en emergencias, a Pedro Sánchez, a la Unión Europea y, sobre todo, a la Agenda 2030, tiene un punto patético si no fuera porque millones de españoles los creen a pies juntillas. En las aclaraciones deberíamos decir lo siguiente: las competencias en emergencias son básicamente autonómicas, pero el gobierno central debe insistir en la coordinación de todos los medios disponibles y en los incendios debe ir a la mejora en la gestión agroforestal y más allá del brindis al sol de un pacto de estado contra la emergencia climatica. La Unión Europea es un marco necesario para España también en este ámbito, pero debe saber territorializar mejor las medidas que toma de aplicación obligatoria, por ejemplo en los ecorregimenes de la PAC. Una franja de hierba sin cortar en los cultivos mediterráneos, seca en pleno verano, supone un grave peligro de propagación de incendios. Quitar las ayudas a los pequeños productores, aunque no sean profesionales, o complicarlos burocráticamente supone empujarlos al abandono, y eso es una mala idea en la gestión agroforestal como medida estrella en la prevención de incendios. La Agenda 2030 y los ODS proponen unos objetivos de desarrollo sostenible en lo económico, lo social y lo ambiental, que es de idiotas rechazar, pero muchos lo hacen porque ni siquiera saben lo que es y porque los que se oponen se han explicado mejor que los que la defendemos. Es mentira que el monte arda porque no se pueda desbrozar o tocar un pino o poner ganadería en él, antes al contrario, hay medidas que permiten y obligan a realizar esas acciones. El problema es la falta de rentabilidad de esos espacios, que desmovilizan cada vez a los propietarios, a los que se piden además demasiados trámites burocráticos. La solución, más que multar al que no lo haga, pasaria por incentivar a esos gestores agroforestales privados en vías de extinción, complementando lo que obtienen de sus tierras con un pago por los servicios ecosistémicos que prestan. Un último ejemplo en retorcer la verdad lo hemos tenido esta semana con Jose Ángel Núñez. En una entrevista de media hora impecable en A Punt, en la que no dijo nada sobre la DANA del 29 de octubre que no hubiese dicho ya, alguien saca de contexto un par de frases y todos los medios de todas las tendencias, incluido éste, en el que tengo la suerte de poder hacer una publicación semanal, dicen sin complejos que Núñez admite ahora fallos de Aemet, porque afirma que ni en sus peores pesadillas podía pensar en qué el evento causara 228 muertos o que jamás pensó que fueran a caer 776 mm en Turís. De verdad, ¿de qué van?, siempre ha dicho esto, porque esos muertos, que no son responsabilidad suya porque él sí dio los avisos pertinentes, no eran esperables en un país desarrollado como España. En la precipitación solo se pueden prever la superación de unos umbrales en unas zonas aproximadas, nunca una cantidad exacta en un punto concreto. El lamenta un fallo general del sistema de emergencias, del que Aemet es una parte más, probablemente la que mejor estuvo, ya que dice que una de las obligaciones de Aemet es velar por la seguridad de sus ciudadanos. Con espíritu constructivo siempre todos podrían haber hecho más, pero eso no es reconocer nada ni cambiar el discurso. Parece mentira que algunos aprovechen el pequeño resquicio de decir que siempre se podría haber hecho más para cargar contra él, mientras los gestores políticos de la Generalitat que peor lo hicieron no admitan ni el más mínimo error en la gestión. Siempre he desconfiado de los que aseguran hacerlo todo bien. Por favor si quieren contrastar lo que dicen que dijo Núñez con lo que de verdad dijo solo tienen que buscar la entrevista y oírla entera.
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