La Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) cumplió cuatro años. Formada por 15 agentes ambientales y con apoyo y colaboración de Guardia Civil y Policía, trabaja para convertir indicios en atestados sólidos. El coordinador adjunto de la UIFO, Aurelio Mosteiro, explica lo que ven (y llevan luego ante fiscales y jueces) detrás de los incendios que cada verano arrasan el monte. En agosto hubo doce presuntos incendiarios detenidos y doce investigados en Galicia, según datos de ayer facilitados por la Xunta.
Trabajan desde 2021 y usted coordina Pontevedra y Ourense, con la mayor superficie quemada de toda Galicia. Haga balance.
Han sido cuatro años muy intensos, con un equipo que trabajó más allá del horario laboral cuando era necesario. Gracias a ese esfuerzo conseguimos pruebas iniciales e incluso directas para poner a disposición judicial a personas por provocar incendios, tanto intencionados como por imprudencia. También hemos tramitado numerosas denuncias administrativas por infracciones contra la ley de defensa contra los incendios.
Solo una de cada cuatro detenciones acaba en condena. ¿Qué dificultades encuentran para demostrar la intencionalidad?
La mayor dificultad es lograr una prueba concluyente. Una grabación directa de alguien provocando un fuego sería definitiva, pero eso casi nunca ocurre. Por eso trabajamos con pruebas indiciarias que, sumadas, nos permiten construir un atestado sólido. Contamos con medios tecnológicos que hace unos años eran impensables, pero aun así los procedimientos judiciales suelen ser largos y complejos.
¿Cuáles son las claves que les permiten diferenciar un incendio accidental de uno provocado?
En los accidentales suele haber vestigios claros: una colilla, un fallo mecánico, una línea eléctrica. Cuando no hay explicación natural ni accidental, analizamos qué actividades se desarrollaban en la zona y qué objetivos podía tener alguien al prender fuego. La ubicación, la hora —por ejemplo, de noche— o la existencia de varios focos simultáneos son indicios muy significativos.
¿Qué peso tienen las pruebas físicas como cerillas o acelerantes frente a otros factores?
La investigación es siempre una suma de pruebas. Encontrar restos de ADN o un artefacto con retardo es muy relevante, pero también lo es demostrar un patrón de repetición o la intencionalidad en la elección del lugar y el momento. Lo importante es que las pruebas vayan en la misma dirección.
Desmonte o confirme: ¿han detectado alguna vez existencia de tramas organizadas para plantar fuego?
Nunca hemos encontrado una trama organizada de gran alcance en Galicia. Lo que sí vemos cada vez más son pequeños grupos, de tres o cuatro personas que actúan de forma concertada y a veces vinculados. En 2023, por ejemplo, en Trives (Ourense) tres personas fueron puestas a disposición judicial por actuar como grupo organizado. Pero el factor clave este verano es la sequía prolongada, con altas temperaturas, vientos cambiantes y baja humedad. Es decir, el combustible está mucho más disponible, con más días propicios para que surjan fuegos, sean intencionados o imprudentes.
Otro mito habitual es que el personal de extinción puede estar detrás de algunos incendios. ¿Han detenido a alguien de este colectivo?
Es un colectivo muy amplio y no se puede generalizar. Lo que sí ocurre es que, si hay sospechas fundadas, el propio sistema lo detecta y nos lo comunica. Entonces investigamos y, si procede, lo ponemos en conocimiento judicial. No hay un patrón general.
Por tanto, ¿cuáles son las principales motivaciones tras los incendios forestales en Galicia?
Hay muchas y muy diversas en Galicia, como en todos los incendios intencionados. A veces es para la creación de pastos, o para ahuyentar a fauna –es decir, mover animales silvestres de un lado a otro, porque provocan daños o porque quieren que se desplacen a otra zona cinegética—. También hay personas que incendian porque piensan que se ahorran el desbroce de esa finca. En Galicia confluyen muchísimas parcelas en áreas pequeñas, y eso genera conflictos de lindes. Así, hay fuegos «por venganza» y también, como decía, con beneficios indirectos.
Además de los incendios provocados, ¿qué peso tienen los fuegos por negligencia o accidente?
También los investigamos. Hay fuegos por negligencias o por accidentes en líneas eléctricas, en la vía del tren, en coches con averías o por el uso de maquinaria en el monte. En esos casos tratamos de identificar el origen y determinar si hubo incumplimiento de la normativa o una imprudencia grave.
¿Hasta qué punto la colaboración con Guardia Civil, Policía Nacional o Policía Autonómica es clave?
Es fundamental. Nosotros somos especialistas en la parte técnica, ellos en diligencias policiales. La combinación de ambos permite elaborar atestados más sólidos. Un buen ejemplo es la investigación en Arbo, donde el trabajo conjunto con el Seprona permitió detener y poner a disposición judicial a un sospechoso con pruebas suficientes.
¿Cómo es la relación de la unidad con jueces y fiscales y cómo manejan la presión social?
Desde la creación de la unidad tenemos reuniones periódicas con fiscales especializados en incendios para coordinar el trabajo. Existe cierta presión social, pero nuestras leyes son garantistas y eso es positivo. No se trata de detener a alguien a toda costa, sino de que las pruebas sean sólidas y la persona que se identifique sea realmente quien provocó el fuego. Nos interesa el medio y largo plazo: que los procesos se sostengan y, cuando llegan las condenas, tienen un efecto disuasorio importante en la zona.
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