Donald Trump sigue tensando la cuerda de la autoridad presidencial y tratando de expandir el papel que se ha arrogado en la capital de Estados Unidos, Washington DC, donde ha desplegado agentes federales y cerca de 2.000 militares de la Guardia Nacional. Este martes, al inicio de una reunión de su gabinete que se ha convertido en una sesión de más de tres horas de discursos ante las cámaras y rueda de prensa, el mandatario ha abogado por castigar con la pena de muerte los asesinatos en la capital.
“Si alguien mata a alguien en la capital vamos a buscar la pena de muerte”, ha dicho Trump. “Eso es un potente preventivo y todo el mundo que ha escuchado (la propuesta) está de acuerdo», ha dicho, aunque también ha reconocido la dificultad. «No sé si estamos listos para ello en este país pero no tenemos opción», ha declarado, «DC y los estados van a tener que tomar su decisión”.
Oposición política y legal
El rechazo político y los retos legales a esa idea están garantizados. El consejo municipal de DC abolió la pena capital en 1981 y los ciudadanos de la capital rechazaron reinstaurarla 11 años después, cuando el Congreso sometió la cuestión a un referendo.
Actualmente los fiscales en Washington pueden buscar la pena capital por delitos cubiertos por algunos estatutos federales, que incluyen algunos pero no todos los homicidios. Y la pena de muerte, que puede buscarse a instancias del Departamento de Justicia, actualmente dirigido por la fiscal general y aliada de Trump Pam Bondi, solo se puede imponer si lo decide un jurado popular, algo que representaría un reto en una ciudad como DC, con mayoría progresista y firme oposición a las ejecuciones.
Campaña intensificada
La controvertida idea lanzada por Trump se suma a la intensa y creciente campaña que el mandatario está haciendo para poner sus acciones en la capital en el centro del debate y la conversación política, abogando además por expandir el despliegue federal y de militares a otras ciudades y estados, especialmente urbes gobernadas por demócratas, donde insiste en acusar a fallidas políticas de los progresistas de disparar el crimen, una cuestión que anticipa y quiere hacer central en las próximas elecciones legislativas de mitad de mandato .
En las tres horas ante la prensa , de hecho, este ha sido uno de los temas más recurrentes para el presidente, que intensifica el enfrentamiento con líderes demócratas que están rechazando tanto su intervencionismo como su argumentación. Este martes, conforme ese duelo se intensifica, Trump llegaba a expresar su deseo de que los gobernadores demócratas le «inviten» a despliegues militares y federales.
Militares para disturbios civiles y dictadura
Trump, no obstante, es consciente de que esa petición o la invitación nunca llegarán y lo que crecen desde el campo demócratas son las acusaciones de su abuso de poder y las advertencias de la deriva autoritaria de su campaña. Esos miedos se asientan en pasos que el mandatario sigue dando, como una directiva emitida el lunes en la que insta a la Guardia Nacional a prepararse para involucrarse de forma más profunda en potenciales disturbios civiles en EEUU. Esa orden también establece la creación de una nueva unidad militar encargada de aplucar leyes federales, de momento en la capital.
La resistencia a Trump tilda sus acciones de «anti-estadounidenses» y dictatoriales, acusaciones a las que también hacía referencia el mandatario este martes. «No soy un dictador, simplemente sé cómo detener el crimen«, decía Trump, que no obstante repetía una frase que ya había dejado caer el lunes, en la que asegura que muchos ciudadanos están dispuestos a someterse a una dictadura a cambio de que se reduzca el crimen.
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