El Comisionado de Transparencia de Canarias atendió en los siete primeros meses de 2025 un total de 650 reclamaciones ciudadanas, a una media mensual de casi un centenar –exactamente 93–. Según informó ayer la institución vinculada al Parlamento autonómico, que debe responder las reclamaciones en un plazo máximo de tres meses desde su registro oficial, la mayoría de las inquietudes de los isleños en materia de transparencia está relacionada con el silencio administrativo, es decir, con el alcance y las implicaciones que tiene el hecho de que un determinado departamento de la Administración pública ni siquiera responda la solicitud de un ciudadano para acceder a una información o a una serie de datos. Cuando ni siquiera se le contesta con un ‘no’.
El comisionado, o más bien la comisionada de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias, Noelia García, explicó ayer, por medio de un comunicado, que el actual marco normativo reconoce, por un lado, el derecho de todas las personas a acceder a la información pública y, por otro, obliga a las administraciones a publicarla de forma activa en sus portales de transparencia, así como a responder a las peticiones de información que formulen la ciudadanía y entidades.
De hecho, la exigencia de transparencia no ha dejado de endurecerse en los últimos años, y en paralelo han surgido leyes de todo ámbito para promoverla, imponerla e incluso amonestar a las instituciones que no cumplan con este principio de la gestión pública. Y lo cierto es que no son pocas las administraciones que, efectivamente, siguen sin subirse al carro de la transparencia, al menos en las Islas.
Así se desprende del alto volumen de expedientes gestionado por el servicio de reclamaciones y asuntos generales del Comisionado, que hasta comienzos de agosto tramitó esa notable cantidad de quejas ciudadanas.
Ocurre que cuando una solicitud de acceso a información pública presentada ante cualquier administración canaria no recibe respuesta, o la respuesta no satisface a la persona que la solicita, esta puede presentar una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública como vía «gratuita, opcional y sustitutiva de los recursos administrativos», recordó ayer la institución que timonea García.
El plazo para reclamar es de un mes desde la notificación si se ha recibido respuesta, o en cualquier momento si no se ha obtenido respuesta en el plazo legal, y los trámites se pueden hacer en el registro del Comisionado de Transparencia y en cualquiera de los registros oficiales del Gobierno de Canarias, cabildos o ayuntamientos, o en la sede electrónica del mismo Comisionado. No obstante, la gran mayoría de esas 650 reclamaciones de entidades y ciudadanos del Archipiélago se presentaron sin límite de tiempo para hacerlo, toda vez que guardan relación con el silencio administrativo, con la falta de respuesta, de las instituciones.
