La Unión Europea calificó este martes de “completamente inaceptable” el ataque israelí contra el hospital Naser, en Jan Yunis, que el lunes costó la vida a veinte personas, entre ellas cinco periodistas, cuatro trabajadores sanitarios y varios civiles.
El bombardeo, ejecutado en dos fases, golpeó primero el edificio y, minutos después, a los equipos de rescate y a los reporteros que habían acudido para socorrer a las víctimas y documentar lo sucedido.
Esta táctica, conocida como “doble golpe”, está prohibida por el derecho internacional humanitario porque busca causar bajas adicionales entre quienes acuden a auxiliar tras un primer ataque.
Los informadores asesinados eran profesionales de reconocido prestigio: Hossam al Masri, camarógrafo de Reuters; Mohamed Salama, de Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, de Associated Press; Moaz Abu Taha, reportero de NBC; y Ahmed Abu Aziz, vinculado a la red Quds Feed. A ellos se sumó el bombero de Defensa Civil Imad Abdul Hakim al Shaer.
“Los civiles y los periodistas deben estar protegidos por el Derecho internacional”, recalcó un portavoz de la alta representante comunitaria, Kaja Kallas. Bruselas instó de nuevo a Israel a respetar las normas humanitarias y tomó nota de la promesa de las autoridades israelíes de realizar una investigación.
“Ha habido demasiadas víctimas mortales en este conflicto”, lamentó el portavoz, que expresó la solidaridad de la UE con las familias de los fallecidos, la comunidad periodística y los habitantes de la Franja.
Durante una rueda de prensa en la Comisión Europea, el portavoz de Exteriores Anouar El Anouni fue más allá al advertir de que en Gaza “el sufrimiento es insostenible” y que “la hambruna se está desarrollando ante nuestros ojos”. Pidió medidas urgentes para frenar la crisis alimentaria y preservar el espacio humanitario.
La comisaria europea de Emergencias, Hadja Lahbib, denunció en redes sociales la práctica de atacar a quienes informan sobre lo que ocurre en la Franja y recordó que médicos y rescatistas “deben estar protegidos en todo momento”.
Israel, por su parte, difundió lo que describió como una “investigación inicial” sobre el ataque. Según el Ejército, las tropas de la Brigada Golani identificaron una cámara supuestamente instalada por Hamás en las inmediaciones del hospital, utilizada —aseguraron— para observar movimientos militares y coordinar ataques.
Sin embargo, el comunicado no aportó pruebas. Preguntado por EFE, un portavoz castrense no pudo aclarar si esa acusación se refería a un miliciano que habría huido o al camarógrafo de Reuters, asesinado mientras retransmitía en directo desde la azotea del edificio.
El jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, afirmó sin mostrar evidencias que seis de los muertos eran miembros de Hamás o de la Yihad Islámica. El propio Zamir pidió que se investigue en mayor profundidad quién autorizó el ataque, qué tipo de munición se empleó y en qué momento se dio la orden.
La condena europea se vio reforzada por un nuevo gesto político desde París. El presidente Emmanuel Macron envió una carta a Benjamín Netanyahu en la que le insta a abandonar “la huida hacia adelante mortífera e ilegal de una guerra permanente en Gaza” que, a su juicio, “conduce a su país a la indignidad y a un callejón sin salida”.
La misiva, publicada por Le Monde, es la respuesta a otra que el dirigente israelí había dirigido a Macron hace una semana, en la que vinculaba el aumento de actos antisemitas en Francia con el anuncio de París de que reconocerá el Estado palestino en septiembre.
“Reducir a la hambruna” a la población palestina, sostuvo el presidente francés, no traerá ninguna victoria a Israel, sino todo lo contrario: “reforzará su aislamiento” y servirá de pretexto a quienes usan el antisemitismo para amenazar a las comunidades judías.
Macron censuró con dureza “la ocupación de Gaza, el desplazamiento forzado de palestinos, su reducción al hambre y la anexión de Cisjordania”. Y advirtió: “Los palestinos no desaparecerán de la tierra en la que también tienen sus raíces”.
La presión no procede solo de los gobiernos. Más de 200 exembajadores y altos funcionarios europeos firmaron una carta en la que denuncian que, pese al deterioro extremo de la situación en Gaza, la UE “no ha tomado medidas sustanciales para presionar a Israel a poner fin a esta guerra brutal”.
El escrito recuerda que, en las últimas cuatro semanas, han muerto más de 2.600 palestinos, que se suman a los casi 63.000 fallecidos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, según las autoridades locales.
Los firmantes reclaman suspender exportaciones de armas, congelar activos y aplicar sanciones selectivas contra responsables israelíes, además de prohibir el comercio con asentamientos ilegales.
Acusan a Bruselas de complicidad pasiva y piden a la Unión “liderazgo real” para responder al sentir mayoritario de la ciudadanía europea, que observa con creciente alarma una ofensiva denunciada como genocidio por organizaciones de derechos humanos y por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia.
