El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha advertido este miércoles de que el Gobierno garantizará la aplicación del decreto que obliga al reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias.
Porque, si alguna comunidad se negara, «intervendrán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha amenazado el ministro, para «hacer que se cumpla la legislación».
En una entrevista en TVE, Torres ha manifestado su confianza en que ninguna autonomía llegue a ese punto, porque la norma aprobada por el Consejo de Ministros tiene carácter vinculante.
«No me cabe que ningún presidente o presidenta vaya a desobedecer la ley», ha subrayado el ministro. Sus palabras se producen después de que varias comunidades gobernadas por el PP hayan mostrado su rechazo a la medida e incluso anunciado que recurrirán a los tribunales.
Torres ha restado importancia a esas iniciativas judiciales y, de hecho, ha asegurado que no prosperarán. «Han acudido al Tribunal Constitucional, algunas al Supremo, están en su derecho, pero hemos hecho una modificación legislativa absolutamente justa«, ha defendido.
«Matonismo político»
El portavoz parlamentario del PP en Baleares, Sebastià Sagreras, ha calificado de «escandaloso» que, en lugar de reforzar la lucha contra las mafias, el Ejecutivo prefiera «perseguir a las comunidades autónomas, forzándolas a asumir lo que no pueden».
«Esto no son soluciones, esto es matonismo político», ha sentenciado el dirigente popular. Según Sagreras, Baleares está «al límite y sobrepasada»: este año han llegado más de 4.700 inmigrantes irregulares y que actualmente hay más de 680 menores bajo tutela.
Según sus cifras, esta situación implica una sobreocupación del 1.000 por ciento. «El mismo Ministerio reconoce que ya tenemos 200 menores por encima de nuestra capacidad, y aun así pretende imponernos más», ha criticado.
El portavoz ha adelantado que el PP «no se quedará de brazos cruzados» ante lo que considera una imposición del Ejecutivo central. En esa línea, ha asegurado que recurrirán a «todas las vías legales» para frenar la medida.
