El Gobierno tiene claro que la ley está para cumplirla y así se lo va a hacer ver a las comunidades del Partido Popular que se declaran en rebeldía y van a intentar boicotear por todos los medios la aplicación del reparto de menores migrantes entre regiones. Es más, a partir de septiembre el Ejecutivo tiene previsto incrementar el ritmo de derivaciones y traslados de menores solicitantes de protección internacional de Canarias a centros de la península.
En concreto, en La Moncloa lamentan que algunas autonomías “quieren incumplir la ley” y han optado por una actitud “anti sistema”. Por eso la respuesta será con “la ley y los tribunales”. En todas sus derivadas.
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya avanzó alguna pincelada ante los avisos que iban lanzado algunas comunidades de gobiernos presididos por el Partido Popular. «Yo creo que ninguna se va a oponer, (pero) si alguna lo hiciese, lógicamente tendrían que intervenir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad«, alertó
Unas advertencias de recurrir ante los tribunales las medidas aprobadas por el Ejecutivo y las Cortes que durante la jornada de este miércoles fueron ratificando desde Madrid a Andalucía. Una rebeldía que también quiere combatir directamente el Gobierno regional canario que preside Fernando Clavijo -en coalición con el Partido Popular- y que en estos momentos sería el gran beneficiario del reparto de menores habida cuenta de la presión que tienen los centros en Canarias.
«La Fiscalía nos ha ayudado mucho en este proceso de atención, por lo tanto, esperemos que no tengamos que llegar a eso, esperemos que el sentido común impere», apuntó Clavijo ante la posición de otras autonomías.
Es más, el presidente de Canarias demandó a los demás gobierno autonómicos a poner la «humanidad» por delante de cálculos políticos. “En un país con 49 millones de habitantes, acoger a 4.000 niños no puede suponer ningún problema”, y rechazó abordar la migración como munición política. “Vemos cómo el populismo de derechas, xenófobo y fascista, se agita en función del color de piel”, lamentó.
Como en toda crisis la polarización política también se ha dejado ver la cuestión migratoria y las comunidades del Partido Popular, principalmente, rechazan el decreto aprobado por el Gobierno y anuncian recursos ante los tribunales para impedir ese reparto.
«No me imagino que, por mucha instrucción que puedan tener desde algún sitio, quieran incumplir la ley abiertamente, porque eso tendría lógicamente consecuencias también legales», señaló el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes apuntando a una estrategia coordinada desde la dirección del Partido Popular que encabeza Alberto Núñez Feijóo.
Así, Félix Bolaños advirtió de que habrá consecuencias legales si las comunidades autónomas incumplen la ley por la que se derivará a menores migrantes no acompañados desde territorios muy tensionados a otras autonomías.
No obstante, en el Gobierno se resisten a pensar en un escenario donde las comunidades rechacen la acogida de menores y consideran un despropósito la falta de empatía y de solidaridad de las regiones gobernadas por el PP. «Entendemos que todas las autonomías respetarán la ley y serán humanitarias«, por lo que «no nos podemos imaginar que vaya a hacer falta» otro tipo de recursos, admiten fuentes del Ejecutivo.
Una necesidad de colaboración en la que también señaló Clavijo y en la que el Gobierno cree que puede sufrir también en sus propios términos Baleares. Ángel Víctor Torres se refirió a la negativa frontal de Baleares. «Es lamentable es que haya escuchado yo críticas, por ejemplo, de la presidenta de Baleares, que ni siquiera nos envió el certificado de los menores que tenía en su comunidad autónoma como se le requirió desde el Ministerio de Infancia».
Máxime, dijo, cuando se trata de una comunidad a la que están llegando menores y puede derivan «a una contingencia migratoria que multiplique por tres su capacidad ordinaria» y, por tanto, pueda «acogerse al real decreto» aprobado ayer, por el que se activa la «solidaridad» del resto de autonomías y se trasladan a esos menores para «garantizar» sus derechos.
Precisamente, Baleares amenazó con acogerse a la contingencia migratoria -medida que ampara el decreto que critican- para quedar excluida del reparto de menores migrantes. Actualmente, Canarias ha solicitado la contingencia migratoria al triplicar su capacidad de acogida con el fin de que se inicie la distribución de los menores migrantes no acompañados. A partir de este momento, cada joven migrante que llegue será derivado directamente a otra comunidad autónoma, incluso aunque no tenga aún asignada protección internacional.
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