El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que aplace el interrogatorio como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, previsto para el próximo 11 de septiembre.
El letrado pide al magistrado que establezca una nueva fecha, ya que ese día tiene fijado otro señalamiento en Arona (Tenerife).
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y que la defensa de la esposa de Pedro Sánchez envió el pasado 21 de agosto al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
Tres días antes, el pasado 18, Peinado había citado a declarar, para el 11 de septiembre, a Gómez por un supuesto delito de malversación.
La esposa de Pedro Sánchez ya ha acudido cuatro veces al Juzgado a lo largo de la investigación conocida como caso Begoña.
Peinado pretende interrogar de nuevo a la esposa de Sánchez a raíz de la contratación de Cristina Álvarez como su asesora personal en Moncloa.
La instrucción de esta causa ha evidenciado que esta asistente realizó labores en favor de los negocios privados de Begoña Gómez. Principalmente, gestiones para la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que la esposa de Pedro Sánchez co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid, un centro público.
Por ejemplo, como publicó EL ESPAÑOL, envió un correo electrónico a la empresa Reale Seguros para que siguiera financiando dicho proyecto académico. Así lo hizo en febrero de 2024.
«Me dice Begoña que te traslade que le encantaría que sigáis como patronos de la Cátedra, aunque sea con una cantidad inferior. Dispuestos a colaborar con vosotros en lo que necesitéis», le expresa Álvarez a Pilar Suárez-Inclán, la directora de Comunicación y Reputación Corporativa de la empresa de seguros.
Gómez, junto a su asesora Cristina Álvarez.
De hecho, la asistente de Begoña Gómez en Moncloa también está investigada en esta misma causa. Peinado la ha citado para declarar el próximo 10 de septiembre, el día previo al que tenía previsto interrogar a la esposa de Sánchez.
Por el momento, también le atribuye un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
La Audiencia Provincial de Madrid, instancia jerárquicamente superior al Juzgado, ya concluyó que Álvarez había «excedido sus funciones» y apuntó a que este comportamiento «podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados«.
Ahora bien, este tribunal descartó que la asesora pueda ser autora material de un delito de malversación.
Por contra, sí planteó que su actuación habría podido favorecer un posible tráfico de influencias cometido por la esposa de Pedro Sánchez. Éste es otro de los delitos por los que ya está siendo investigada Begoña Gómez.
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