El reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, según la disposición publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se hace de forma «arbitraria e insensible», según denuncia el Gobierno de Aragón, que se niega a recibir el cupo asignado pues consideran que todos sus recursos están superados.
El Ejecutivo autonómico, que ha pedido la colaboración de ayuntamientos y entidades sociales para alcanzar la cifra asignada de 441 plazas, indica que aún no tiene una respuesta por parte de estos organismos. «Si hay un hilo conductor en esta crisis migratoria, es la falta de información y colaboración del Gobierno de España con las comunidades autónomas», ha argumentado este miércoles la vicepresidenta Mar Vaquero.
El proceso de reparto se inició después de que el Tribunal Supremo ordenara al Gobierno de España que se hiciera cargo de la protección de 1.000 menores que van a ser trasladados a recursos autonómicos. «La ministra Pilar Alegría hablaba este martes de dignidad y solidaridad, pero no hay nada más contrario al modelo que están haciendo, de forma arbitraria e insensible, sin tener en cuenta los medios que tienen las comunidades», ha criticado Vaquero.
Desde el Gobierno de Aragón han vuelto a recurrir a la idea que de se está tratando a los menores que han llegado a las costas de Canarias «como paquetes» que se distribuyen sin control. Ante el modelo diseñado por el Ministerio de Juventud e Infancia se han presentado varios recursos judiciales, pero insisten en que tratarán de cumplir con el cupo asignado a pesar de que argumentan que solo se tiene capacidad para 104 plazas.
«Más allá de presentar esos recursos, vamos a cumplir la ley», ha repetido Vaquero, indicando que esto obliga a «recurrir a la colaboración con entidades, organismos e instituciones civiles y religiosas y, lógicamente, también de entidades locales, ayuntamientos, comarcas y diputaciones, porque ante una incapacidad del Gobierno de España, en una forma totalmente insolidaria de afrontar esta crisis, no queda otra que la consejería de Bienestar Social y Familia busque colaboración con otras entidades», ha resumido.
Falta de solidaridad
Desde las formaciones de la oposición ven esta postura como una excusa para no asumir la llegada de los menores, cuyo traslado comenzará previsiblemente la próxima semana. Desde IU afirman que el Gobierno de Aragón ha optado «por el boicot» y la falta de solidaridad en lugar de asumir su responsabilidad como administración con competencias en materia de protección de la infancia. Además, han recordado que en otras ocasiones el sistema se ha podido ampliar para acoger a más menores.
«Están demostrando que lo que falta ahora no son recursos, sino voluntad política y corresponsabilidad. El Ejecutivo aragonés está utilizando este asunto como arma partidista, alimentando un discurso racista que nada tiene que ver con el interés superior de los niños y niñas migrantes», ha asegurado la responsable de Derechos Sociales de Izquierda Unida Aragón, Margarita Deyá.
