Canarias respira tranquila. El Consejo de Ministros ha aprobado durante la jornada de este martes, tal y como estaba previsto, el real decreto que detalla la capacidad ordinaria de acogida de cada Comunidad Autónoma – es decir, el número de menores migrantes no acompañados que pueden acoger – y la situación de contingencia migratoria de aquellos territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria, tal y como ocurre con los territorios fronterizos como el Archipiélago atlántico, Ceuta y Melilla. El mecanismo permitirá aliviar la presión migratoria que desde hace años sufren las Islas, pues todos los niños no acompañados que lleguen a zonas con los recursos tensionados y cuyo capacidad de acogida esté superada en un 150% deberán ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días: un alivio para Canarias. Asimismo, con la aprobación del decreto se ha fijado la capacidad ordinaria de los sistemas de acogida en una ratio de 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes.
Una vez aprobada la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería que avala esta medida – no exenta de imprevistos como el ‘no’ balear al reparto o la negativa de las regiones gobernadas por el Partido Popular (PP) – el Estado espera comenzar con el traslado de hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a la Península –una cifra máxima que podría ser inferior tras restar la de los chicos asilados–. Los próximos pasos a dar seguirán trazándose el próximo martes en la Comisión Interministerial para que «ya puedan empezar las derivaciones de los chicos que están en los territorios fronteras», señaló el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En concreto, el Gobierno de España dispondrá de un año para realizar y gestionar las salidas al territorio peninsular.
Son «buenas noticias para Canarias en su conjunto». De esta forma se expresó Torres tras el Consejo de Ministros. En referencia a la migración, Torres señaló que, una vez aprobado el decreto, este se publicará en el Boletín Oficial del Estado y las Comunidades Autónomas como el Archipiélago «tendrán que acreditar que están en contingencia migratoria y, posteriormente, la ministra de Infancia firmará esa contingencia».
Según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Gabinete de Pedro Sánchez tras el parón estival, se trata «de un paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante«. «Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y si me permiten también humanitaria», afirmó Alegría.
Los traslados
Para el cómputo de los traslados se tendrán en cuenta parámetros como, por ejemplo, la población, renta per cápita, tasa de paro, esfuerzo previo, dimensionamiento estructural del sistema de plazas, la condición, o no, de ciudad fronteriza, insularidad, dispersión…
La reubicación lleva este año una financiación asociada de cien millones de euros. El Ministerio de Juventud e Infancia sufragará los traslados de los menores y el Estado cubrirá también los gastos derivados de la acogida durante, como mínimo, los tres primeros meses. Además, se compensará económicamente la sobreocupación de territorios como Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Ceuta, Melilla, Navarra y Madrid. Según las previsiones iniciales del Gobierno, Canarias sería la que más recursos recibiría –unos 24,3 millones de euros–, seguida de Madrid y Andalucía.
El Gobierno establece que la capacidad ordinaria de acogida es de 2.827 plazas en Andalucía, 2.650 en Cataluña y 2.325 en la Comunidad de Madrid, las tres regiones que tienen mayor capacidad ordinaria. Además, Aragón tiene una capacidad ordinaria de acogida de 441 menores, Asturias de 331, Islas Baleares de 406, Canarias de 737, Cantabria de 194, Castilla y León de 783, Castilla-La Mancha de 692, Extremadura de 344, Galicia de 886, Murcia de 517, Navarra de 223, País Vasco de 731, La Rioja de 107, Ceuta de 27 y Melilla de 28.
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