El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró el lunes en declaraciones a UD Radio que «ni por asomo» es comparable la situación de Baleares con la de Canarias. Lo dice tras la negativa del Archipiélago mediterráneo a acoger a los 49 niños y adolescentes que establece el real decreto para la distribución de unos 3.000 menores procedentes de territorios como Canarias, Melilla y Ceuta.
Una medida que se aprobará hoy en el Consejo de Ministros y que permitirá, entre otras cosas, que las comunidades o ciudades autónomas que se encuentren en situación de sobreocupación soliciten la contingencia migratoria extraordinaria.
«Me sorprende que sean las Islas Baleares quienes plantean una suspensión cautelar del reparto al Tribunal Supremo cuando llevan todo el mes de agosto diciendo que están teniendo llegadas masivas», sostuvo Clavijo, quien aseguró que desde el Ejecutivo autonómico «se ha propuesto en numerosas ocasiones que se declare la emergencia nacional [con respecto a la migración] para que cada comunidad autónoma pueda abrir dispositivos con celeridad y atender a los menores a los que deberán acoger».
En esta línea, el reparto de los menores migrantes no acompañados entre las autonomías se fundamenta en «criterios técnicos» y no tiene que ver «con cuestiones políticas, como ha recriminado Baleares», señaló el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Se trata, en palabras del portavoz, de una medida que «sirve y auxilia a cualquier comunidad que lo necesite», por lo que, a juicio de Cabello, también será un mecanismo que beneficie a Baleares si así lo necesitara.
El Archipiélago atlántico ha recibido en los últimos dos años y medio 100.000 migrantes y, hasta el 15 de agosto, el 56% de las llegadas de migrantes irregulares a territorio español fueron por la ruta atlántica –hasta 11.421 personas–, frente a las 4.323 que lo hicieron a Baleares, el 21%.
Ante esta tesitura, Cabello pidió «apartar la crispación y el efectismo político» de esta situación de emergencia.
Por su parte, el Partido Popular (PP) solicitó este lunes la comparecencia de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para exigirle que active todos los mecanismos nacionales y europeos disponibles para reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante la actual crisis migratoria que vive España: «No se les puede abandonar en la defensa de la frontera en Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares o en los aeropuertos españoles», señaló la portavoz adjunta del Grupo Popular en el Congreso y diputada melillense, Sofía Acedo. La parlamentaria popular acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un Ejecutivo «ausente» y de carecer de una política migratoria definida.
El intento de bloqueo por parte del PP para poner en marcha la reforma del artículo 35 de la Ley de extranjería ha levantado ampollas en el Gobierno central. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, calificó de «profunda falta de respeto» que no se presentaran a la Conferencia Sectorial de Infancia, más aún «en una situación de crisis humanitaria».
Sin embargo, pese a todos los imprevistos, la Administración central mantiene que a partir del 28 de agosto estarían en disposición de comenzar con el traslado de hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a la Península –una cifra máxima que seguramente sea finalmente inferior tras restar la de menores migrantes a los que se conceda el asilo–.
Esto no significa que se vaya a trasladar a todos «de repente» ese día, sino que empieza «una dinámica de acogida equilibrada». En concreto, dispondrán de un año para realizar estos traslados.
En cuanto a la financiación asociada, se van a repartir 100 millones de euros a las Comunidad Autónomas. En concreto, las regiones que más menores migrantes deberán acoger son Andalucía, donde se trasladaría a 677 niños y niñas; Madrid, con 647; y Comunidad Valenciana, con 571. Entre las tres suman casi la mitad del total de menores. Las siguen Castilla-La Mancha (320), Galicia (317), Aragón (251), La Rioja (205), Castilla y León (197), Extremadura (159), Cantabria (156), Asturias (144), Murcia (133) y Navarra (118). La que menos menores deberá acoger es justamente Baleares, con 49.
