Andrés Estupiñán llegó de Venezuela hace ocho años y aún espera respuesta a su petición de asilo: «No venimos por turismo. Allí no es dictadura política, son grupos criminales los que mandan. Yo no tengo padres, ni hermanos ni amigos aquí. Hace cuatro meses por fin vino mi mujer y mi hija y pensaron que esto era mejor que vivir con miedo a que te maten. Y de repente llegó el dispositivo con un montón de policías, guardias civiles y me dice hasta sudando: ‘¿Pero dónde me metiste?’. Yo no quería demostrarlo, pero también tengo miedo”. Los vecinos de la cuartería de Santa Lucía se rigen por sus propias normas internas cívicas, solidarias, de trueque e incluso, para adopción y cuidados de mascotas. Están formalizando la comunidad, donde conviven 200 familias: Asociación Internacional de Vecinos de Los Llanos de Arinaga. Desde ese día «el barrio está callado», en referencia a que son gente alegre pesa más la incertidumbre », lamena Estupiñán, que usa nombre ficticio por temor a represalias desde su país.
El asentamiento de Cueva Laya, en la costa del municipio de Santa Lucía suma ya unas 400 viviendas desde que se implantaron las primeras hace unos 25 año sobre un antiguo vertedero de escombros. «El poblado se levantó en un espacio degradado: Aquí solo había escombros. Lo limpiamos, lo rehabilitamos y nadie se hizo rico con esto», explica otra residente. Del total de casas, poco menos de 300 están habitadas a diario por familias, mayoritariamente de Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia y españoles de la Península y Canarias, en menor medida. El pasado sábado muchos recibieron la notificación judicial que tiene visos de un desahucio inminente, o eso cree la mayoría.
Sus residentes han sobrevivido haciendo sus viviendas lo más habitables posibles, con sistemas de cubas, fosos sépticos y motor de suministro de electricidad.
Pero no solamente han cuidado aspectos materiales. En estos años de convivencia organizada, sin ayudas oficiales, han establecido códigos de conductas internas para una convivenca segura y cívica, como la prohibición de hogueras, conducir a gran velocidad, el compromiso de mantener limpias las casas y el entorno, el trueque o una red de solidaridad que incluye hasta colectas para adopción de mascotas abandonadas.
Ejemplos de esa autogestión no faltan. Hace unos meses organizaron una colecta vecinal , a la que llaman vendimia, para financiar la esterilización y desparasitación de la perrita Niña.
Niña, por la venta de empanadillas
Niña deambulaba por el barrio. «A María se le ocurrió preparar sus maravillosas empanadillas y las vendimos a euro y medio; con eso pagamos el coste y pagar al veterinario», recuerda Cathy, por su parte, también venezolana, que reside hace tres años en este asentamiento, donde sus residentes se enteran «de todo» lo que ocurre través de grupos de wuasap.
Además de Niña también apareció el perro bautizado como Capitán por Omar Montaño, de Cali, Colombia, que también decidió adoptar a un tercero, con los que convive y enseña modales para que no se escapen. Omar llegó hace tres años a la isla buscando una oportunidad laboral y alejarse del azote de la inseguridad de su país.
En otra ocasión, «un incendio en una vivienda obligó a la comunidad a pagar de su bolsillo cuatro cubas de agua, a 450 euros cada una, para sofocar las llamas y evitar que se propagara. Antes de llegar los bomberos», indica Esuptiñán. Eran jóvenes de nacionalidad marroquí y «les insistimos muchas veces que estaba prohibido hacer fuego por el peligro que supone para el resto de las familias. No residían aquí, y cada vez que volvían, lo mismo. Al final decidimos no dejarlos entrar más porquesuponían un peligro. Su parcela la dividimos en tres para otras familias que vivían hacinadas», comenta el venezolano. Tras el incendio rescataron también cu atro conejos, que igualmente adoptaronn distintas familias.
«No queremos líos», comenta Estupinán, que llegó hace ocho años huyendo de la situación de Venezuela. Asegura que «más que dictadura política, el peligro en Venezuela son las organizaciones criminales». De hecho,avisa que prefiere mantenerse en el anonimato «porque es normal que les paguen para matarte. Ya lo hicieron hace poco en Chile, también con un ciudadano de Venezuela que no baila baal son del régimen». Su mujer y su hija se llevaron el gtran susto porque no esperaban el operativo policial del pasado sábado. Asegura que «hay mucha incertidumbre y desde ese día el barrio está en silencio».
En el plano asociativo, los residentes han dado un paso más. Están a un paso de formalizar la Asociación Internacional de Vecinos Llanos de Arinaga. Ya tienen con presidente, vicepresidente, secretario y dos vocales. Su objetivo es buscar alternativas legales a la expulsióny faciliten algún tipo de regularización.n
A finales de los años noventa comenzó a ser ocupado de forma irregular, primero por familias canarias en situación vulnerable y, más tarde, por población migrante. Con el tiempo, el asentamiento creció hasta convertirse en el más numeroso del sureste, un fenómeno que inquieta por la falta de recursos a nivel institucional oo servicios básicos. Además, la inseguridad estructural de las viviendas. El procedimiento judicial abierto abre un escenario delicado para estas familias, que, en muchos casos, llevan más de una década residiendo en el lugar. Mientras esperan noticias sobre plazos o casi imposibles es realojos, en Cueva Laya entra en una fase de expectación. «omos familias que trabajamos, que cuidamos de este sitio y que queremos vivir con dignidad», resumen sus portavoces.
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