Consumur ha lanzado una serie de recomendaciones a los afectados por intoxicación alimentaria a raíz del brote de salmonelosis registrado el pasado fin de semana en un hotel de La Manga del Mar Menor que ha afectado a 146 personas, de las que 21 permanecen ingresadas, con pronóstico estable.
En primer lugar, se recomienda acudir a los servicios sanitarios, principalmente a un hospital, para, además de ser tratados, obtener un informe médico donde se establezca la relación de la sintomatología con el consumo que ha provocado la intoxicación alimentaria y las consecuencias que puedan derivarse. En ese informe deberá figurar, además, la fecha y el tratamiento y, si fuera pertinente, se deberá solicitar un certificado de baja médica.
Por otro lado, los afectados deben conservar, en la medida de lo posible, el producto consumido o restos del mismo para su análisis, si fuera necesario, por los servicios de inspección sanitarios. En su caso podrían valer fotos para añadir a las pruebas.
Igualmente, se deben conservar todos los documentos que acrediten el pago del hotel y otros servicios adicionales contratados, así como tiques y facturas del tratamiento, en caso de asistencia privada, y facturas de medicamentos, taxis, autobús, comidas y otros, al objeto de que puedan servir para solicitar su reembolso.
Los testigos, si los hubiera, serán necesarios para añadir mayor valor de probatura de los hechos.
Una vez tenidos en cuenta estos aspectos, según Consumur, los afectados deberían intentar llegar a un acuerdo con el hotel para que se haga cargo de los gastos ocasionados, además de devolver la parte proporcional de los días que no se hayan podido disfrutar e, incluso, solicitar continuar en el establecimiento sin coste para los familiares no afectados o curados mientras dure la situación de baja médica en estado de hospitalización de algún miembro de la familia.
También se debe rellenar la correspondiente hoja de reclamaciones para dejar constancia por escrito de la solicitud y para, en caso de que ello no se produzca, poder tramitarla ante las autoridades de consumo.
En la misma reclamación se debe solicitar la inspección de los organismos regionales de consumo y sanidad para valorar las causas y consecuencias y sancionar, si correspondiera, por incumplimiento de la normativa en relación a la seguridad alimentaria.
Si se considera que la situación ha supuesto una serie de daños y perjuicios y los afectados creen que deben ser resarcidos, se debe interponer ante los juzgados y tribunales de justicia una demanda para solicitar la correspondiente indemnización.
El juez hará una valoración en base a criterios como el daño sufrido (se tendrá en cuenta el tiempo que se tarde en curar); secuelas y gastos soportados durante el tiempo que dure la enfermedad y la baja laboral o aquellos que no se pudo ir trabajar por cuidado de un familiar directo menor de edad o mayores que estén convalecientes a raíz de la intoxicación.
Igualmente, se podrá interponer una demanda ante el juzgado de lo penal en el caso de que la intoxicación derivara en un delito contra la salud pública.
Todas estas cuestiones, tanto la reclamación administrativa, la demanda por lo civil para recibir la correspondiente indemnización, como la posible demanda por lo penal, no son incompatibles entre sí, sino que pueden realizarse al mismo tiempo, según recuerda la organización.
El presidente de Consumur, Roberto Barceló, ha señalado que «las autoridades sanitarias y de consumo deberán estudiar» por qué la Región de Murcia «tiene el mayor índice de intoxicación alimentaria relacionada con la salmonela, además de que ocupamos un lugar destacado en casos de campilobacteriosis».
Barceló ha afirmado que la Dirección General de Consumo «se encuentra ausente en los momentos importantes» y no ha emitido «ninguna notificación, ninguna nota que ponga de manifiesto las medidas que pudieran estar llevando a cabo, aunque se duda mucho de ello».
