Octubre para la firma del documento legal del acuerdo a propuesta de la Comisión Europea, finales de año para la ratificación por parte del Parlamento Europeo y enero para la eliminación de la Verja. Ese es el calendario que se maneja para Gibraltar. La fecha para el derribo de la última frontera física en la Europa continental estaba prevista para febrero, aunque se prevé que finalmente sea en las primeras semanas de enero, según ha adelantado El País y ha podido confirmar El Correo de Andalucía por fuentes consultadas conocedoras de estas negociaciones.
No es un cambio sustancial pero sí una declaración de intenciones por parte de todos los actores, Comisión Europea, Gobierno de España y de Reino Unido: que desde el principio del próximo año se trabaje en el territorio sobre una nueva realidad, la de una convivencia entre Gibraltar y La Línea de la Concepción sin esa verja que ha marcado la vida de ambos a ambos lado de la frontera en los últimos 100 años y que supone el encaje de la colonia en el resto de la Península y en el espacio Schengen europeo tras la salida de la metrópoli de la UE. De partida, permitirá la libre circulación de los gibraltareños en territorio comunitario y de los más de 15.000 trabajadores que cruzan esa frontera.
Si bien el calendario de la Comisión Europea después de que a mediados del pasado junio se alcanzara el acuerdo con Reino Unido era ya algo más o menos conocido por las partes, nada se sabe del plan de medidas que desde el Gobierno de España se desarrollará en la zona para hacer frente a una situación que siendo lo deseado (un acuerdo para la salida de Reino Unido respecto a Gibraltar de la UE) no deja de ser una situación nueva que plantea retos enormes, sobre todo en lo relativo a la vivienda, el plan fiscal y las infraestructuras necesarias. A preguntas de este medio, ni Junta de Andalucía, ni el Ayuntamiento de La Línea tienen información adicional a lo publicado desde las manifestaciones públicas y reuniones que siguieron al histórico acuerdo alcanzado en Bruselas el 11 de junio pasado.
En declaraciones a este medio, Juan Franco, alcalde de La Línea de la Concepción, califica esta nueva fecha como “una muy buena noticia” sin embargo, en sus palabras hay un pero que todo lo condiciona: “Me gustaría recordar que hasta el momento, más allá de las reuniones que se mantuvieron en el mes de junio, no hemos vuelto a tener noticias. Esperemos que en breve se nos convoque para algún tipo de reunión para que se nos traslade información al respecto, ya que es un tema que a nuestro municipio le afecta directísimamente”.
Hay una realidad inobjetable: las instalaciones están en el término municipal de La Línea de la Concepción y por ella a diario transitan unas quince mil personas, once mil de ellas trabajadores con la condición de transfronterizos y el resto trabajadores autónomos de la comarca del Campo de Gibraltar con una importante cartera de clientes en el Peñón. A los que se suma, los miles de turistas con interés en visitar este peñón de roca caliza objeto de controversia entre España y Reino Unido desde la firma del Tratado de Utrech en 1713.
El pasado junio, hace dos meses y medio, Juan Franco ya avisó que la eliminación de la Verja, uno sólo de los aspectos que conlleva este acuerdo alcanzado entre las partes, debe ir acompañado de una serie de medidas que permitan adaptar esta nueva situación diplomática entre ambos territorios. Esa lista de necesidades fue lo que el equipo de gobierno de La Línea detalló en un documento memorándum que, como recuerda el alcalde, “se expuso al público y ha sido objeto de algunas sugerencias, aportaciones por distintos colectivos que se están trabajando y además también se puso en marcha una encuesta a través de los portales municipales de cara a recabar información”.
El regidor de La Línea se da plazo la primera semana de septiembre para “tener toda esta documentación terminada y remitida al Ministerio, solicitando también información al respecto de puntos tan trascendentes” como el de la eliminación de la Verja.
El encarecimiento del precio de la vivienda una vez que sea ágil el paso de un lado a otro en términos diplomáticos y los gibraltareños se decanten por comprar propiedades en suelo español con su capacidad de gasto y la necesidad de actualizar las infraestructuras en materia de circulación viaria, de limpieza, alcantarillado o seguridad son algunos aspectos prácticos que no entran en el detalle de un texto legal que se está elaborando en estos momentos por parte del equipo jurídicos de la Comisión Europea y que, sin embargo, suponen la consecuencia más directa de este pacto largamente deseado y negociado.
El pacto entre las partes recoge el uso compartido del aeropuerto y una armonización fiscal (que en la práctica derivaría en una suerte de estatus fiscal propio para la zona), aspectos que habrán de ser desarrollados a partir de la ratificación del pacto. Queda mucho por delante y La Línea, pero también otras instituciones de la zona y la Junta, reclaman transparencia y aterrizaje de las medidas.
