La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha llevado hasta la ONU al caso de Óscar M.G., condenado a 19 años de cárcel por violar y obligar a abortar a una subordinada cuando él era sargento en el cuartel de la Guardia Civil de Molina de Segura.
En concreto, este colectivo ha presentado «una comunicación formal ante el Procedimiento de Comunicaciones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas, denunciando la grave vulneración de derechos sufrida» por la víctima, la cual «a día de hoy, no ha recibido compensación económica alguna, ni del agresor ni de la institución, declarada responsable subsidiaria en la propia sentencia», según denuncian desde AUGC.
«No ha recibido ninguna cantidad, ni por parte del condenado ni por parte de quien dicta la sentencia como responsable subsidiario, la Guardia Civil, a quien ya se le ha reclamado y según versión de la víctima, la compañía aseguradora en la fecha que sucedieron los hechos se niega a hacerse cargo«, recalcan desde la asociación en la misiva a Naciones Unidas.
Acoso, golpes y agresión sexual
Los hechos sucedieron de 2011 a 2015. Lo que dice la sentencia es que este individuo, que era el superior de su víctima, se plantaba en su casa, le reventaba el telefonillo, ella le pedía que se fuese, que iba a despertar a su hijo (que tenía 11 años entonces) y a sus vecinos. Al final, cuando ella le abría la puerta, el sargento la violaba. Tras hacerlo, rápidamente se largaba, y ella se quedaba destrozada, llorando y tirada en el suelo.
«No solo hubo un delito cometido por un individuo, sino una cadena de omisiones y silencios dentro de la Guardia Civil», opinan desde AUGC
Una vez, en abril de 2013, la obligó a ir de patrulla con él, pero, en vez de trabajar, el mando, que iba al volante, condujo hasta un paraje, donde paró, se desabrochó el pantalón, agarró a su subordinada por la cabeza e intentó obligarla a que le practicase una felación. Como ella se resistió, el hombre le golpeó la cabeza con el volante y la mordió en el cuello. Ella comenzó a llorar y él la llevó de vuelta al cuartel.
Uno de los episodios más sórdidos, que reflejan tanto la Fiscalía como la acusación particular en sus escritos, aconteció en julio de 2012, cuando la víctima tuvo conocimiento de que estaba embarazada. Y se lo comunicó al sargento, que era el padre. «Saca eso de ahí, no me vas a joder la vida, entérate bien», exigió a la agente, a la que forzó a que abortara y también le exigió que le mostrara la factura de la clínica. La mujer acabó interrumpiendo el embarazo.
«Realidad estructural»
Según AUGC, «este caso pone de manifiesto una realidad estructural de desprotección institucional dentro de la Guardia Civil», puesto que «la víctima quedó en total desamparo pese a existir denuncias internas, informes redactados por mandos y testimonios de compañeros».
«El protocolo de acoso vigente en la institución jamás fue activado y las autoridades competentes decidieron mirar hacia otro lado«, lamentan desde esta organización.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) apoyó y asesoró en todo momento a la víctima e hizo público el caso en rueda de prensa en 2016. Hasta 2024 no salió la sentencia firme, la cual fue ratificada por el Supremo. Mientras tanto, el sujeto continuó estando destinado en un puesto de la Benemérita en la Región, en el de la localidad murciana de Torreagüera.
La Fiscalía solicitaba que sumaban más de 15 años de prisión para el sargento acusado de agredir sexualmente y acosar a una agente de la Benemérita cuando ambos estaban destinados en el puesto de Molina de Segura y él era su superior. La acusación particular iba más allá y reclamaba para el procesado penas que sumaban 22 años de prisión. Se quedó en 19.
«En este caso no solo hubo un delito cometido por un individuo, sino una cadena de omisiones y silencios dentro de la Guardia Civil», opinan desde AUGC.
Puesto que «este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de una estructura jerárquica amparada por el silencio y la impunidad frente a la violencia contra las mujeres en el seno de la Guardia Civil», reitera la organización, decidieron elevar «esta denuncia a Naciones Unidas para que se exija al Estado español el cumplimiento estricto de sus obligaciones internacionales y nacionales en materia de igualdad y protección frente a la violencia sobre las mujeres».
