La Comisión Europea alienta a los Estados miembros a financiar parte de la inversión en redes eléctricas de los próximos años para minimizar el impacto que tendrá sobre el bolsillo de los consumidores. Así lo plantea en una serie de recomendaciones que acaba de publicar a raíz del Plan de Acción de Energía Asequible, con el que el Ejecutivo comunitario calcula que empresas y hogares podrían ahorrar hasta 260.000 millones de euros en 2040, y en las que recuerda que estas ayudas están exentas de tener que pasar el filtro de ayudas de Estado.
El plan fue presentado en febrero y su principal fórmula es reducir la factura de la luz. Para ello, la Comisión pidió a los Estados «más ambición» en materia de peajes e impuestos, dio algunas ideas sobre cómo hacerlo (ajustar el tipo mínimo del impuesto especial de la electricidad, aplicar el tipo reducido del IVA (5%), eliminar los gravámenes no relacionados con la energía o transferir los gravámenes que financian las políticas energéticas al presupuesto general) y anunció que haría recomendaciones específicas en los meses siguientes.
Bruselas acaba de publicar sus sugerencias sobre cómo rediseñar los peajes, que son el pago que hacen los consumidores por los servicios de transporte y distribución de electricidad desde las centrales eléctricas hasta el lugar de consumo. Los peajes se financian a través del recibo de la luz (suponen entre un 24% y un 29% del total de la factura, según la estimación europea), pero está previsto que su coste se encarezca en los próximos años debido a que se necesitan nuevas redes eléctricas para adaptar el sistema a las instalaciones renovables.
En concreto, el Ejecutivo comunitario estima una inversión de 477.000 millones para redes de transporte (líneas de alta tensión que van desde las centrales eléctricas hasta el consumo) y de 730.000 millones de euros para redes de distribución (líneas de media y baja tensión para llegar a hogares y empresas) hasta 2040. En el caso de España, la hoja de ruta climática del Gobierno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), habla de unos 52.360 millones de euros hasta 2030.
Para evitar el impacto de esas inversiones en el bolsillo de los consumidores, el órgano ejecutivo de la Unión Europea plantea, entre otras medidas, echar mano de dinero público. “Los Estados miembros pueden asignar financiación a la red eléctrica con cargo a los presupuestos, incluso mediante la asignación de una parte específica de la financiación de cohesión u otra financiación disponible de la Unión Europea para inversiones en la red”, afirma en su publicación.
Y recuerda que “el apoyo a infraestructuras energéticas en el marco de un monopolio legal no está sujeto a las normas sobre ayudas estatales”, según la guía de ayudas de Estado para Clima, Medio Ambiente y Energía de la Unión Europea (UE), data de 2022. En España, la construcción y explotación de las redes de transporte y distribución mantienen un régimen de monopolio natural. En el primer caso, Red Eléctrica (REE) es el transportista único del sistema eléctrico; en el segundo, está dividido por zonas entre Endesa (e-Distribución), Iberdrola (I-DE Redes Eléctricas), Naturgy (UFD Distribución), Hidrocantábrico Distribución y EDP (Viesgo Distribución).
Acciones selectivas
La financiación con dinero público no se trata de un ‘café para todos’, sino que los fondos están limitados a “costes adicionales derivados de las medidas para acelerar la descarbonización y la integración del mercado”. Esto incluye “interconexiones, mejoras importantes de la red o infraestructura de conexión de la red marina, así como ciertas necesidades específicas, como inversiones que reduzcan los tiempos de espera para la conexión a la red”.
Además, la inyección debe hacerse de forma “no discriminatoria, ni que favorezca selectivamente a categorías de usuarios” y la cantidad de fondos públicos utilizados debe ser “suficientemente limitada” para preservar la igualdad de condiciones entre los Estados miembros y garantizar que se preserva el “efecto incentivador” de los peajes en el comportamiento del consumidor.
El Gobierno español utilizó este año 489 millones de euros, de los 931 millones de euros reservados en la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para financiar la ampliación de redes. En este caso, se trata de actuaciones calificadas como urgentes relacionadas con proyectos estratégicos, como una subestación en Vigo y otra en Sagunto para las plantas de vehículos eléctricos previstas por Stellantis y Volkswagen, respectivamente.
Otras propuestas
Usar fondos públicos para reducir la factura no es la única receta de la Comisión para bajar los peajes de acceso a la red. Bruselas también plantea otras medidas como incorporar en horas punta un cargo por capacidad (pagos a una central eléctrica por estar disponible cuando sea necesario) para reducir el consumo. Establecer precios distintos en función de la hora, como ocurre ya en España, para incentivar el uso de electricidad en las horas más baratas (baja demanda) y desincentivarlo en las más caras (alta demanda). Y crear regímenes tarifarios especiales a clases específicas de usuarios.
Además, propone crear tarifas de inyección para los productores, de forma que tengan que pagar más por inyectar electricidad en la red en las zonas con excedente de generación y baja demanda y descuentos en zonas con alta demanda y generación insuficiente. Y recuerda que las facturas de electricidad y los peajes que contienen deben ser “comprensibles y transparentes” para que impulsen un cambio de comportamiento hacia un sistema eléctrico más rentable, así como para que los consumidores se beneficien de precios más bajos.
El objetivo de las recomendaciones es que los reguladores nacionales realicen un diseño “más inteligente” de los peajes de acceso a la red para, así, ayudar a dirigir las inversiones en generación más cerca de la demanda (y viceversa) o donde ya existe capacidad de red (por ejemplo, donde se están desmantelando centrales eléctricas de combustibles fósiles o donde existía una gran demanda industrial), reducir las necesidades de inversión y minimizar el coste para los usuarios.
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