El curso político acabó en julio mal para el Gobierno. La investigación y posterior entrada en la cárcel del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por el supuesto cobro de comisiones a cambio de obra pública ensanchó más que nunca la distancia con los socios, incluido Sumar, miembro minoritario de la coalición. Podemos llegó a dar la legislatura por “finiquitada”. Los morados, el PP, Vox, Junts, BNG y UPN tumbaron el decreto ‘antiapagones’. El presidente del PNV, Aitor Esteban, buen conocedor del Congreso de los Diputados, alertó de que se estaba empezando a conformar una “coalición negativa” en contra de Pedro Sánchez.
Pero esa no es la visión de los colaboradores del presidente del Gobierno. En la Moncloa insisten, como vienen haciendo desde que comenzó este convulso mandato repleto de incertidumbres, en que no hay ninguna mayoría alternativa a la que encabeza el PSOE, con el PP incapaz de sumar un apoyo distinto al de Vox. Por eso Sánchez está convencido de que podrá aguantar hasta 2027, con o sin Presupuestos, y se prepara para activar a corto plazo un amplio paquete de medidas con el que recuperar la iniciativa política, volver a cimentar el bloque de investidura y aislar al partido de Alberto Núñez Feijóo junto a la ultraderecha.
A principios de septiembre, probablemente en el primer Consejo de Ministros del mes, el Ejecutivo aprobará la quita de la deuda autonómica, pactada con ERC y aplicable a todas las autonomías. Se trata de condonar un total de más de 83.000 millones de euros, dentro una iniciativa en la que Andalucía sería la comunidad más beneficiada (18.791 millones), seguida de Catalunya (17.104 millones), la Comunitat Valenciana (11.210 millones) y Madrid (8.644 millones).
Pero más allá de los futuros efectos para las arcas de los distintos territorios, la quita coloca al PP en una situación complicada. Feijóo ha dejado clara su oposición, pero en la Moncloa no contemplan que cuando llegue el momento los presidentes autonómicos conservadores acaben rechazando una medida que también supone un guiño a ERC, que fue el partido que la impulsó, y a Junts.
Los elogios de Junqueras y Puigdemont
Los líderes de ambas formaciones catalanas han dedicado esta semana buenas palabras a Sánchez. “Hay cosas que están cumpliendo” y “van por el buen camino”, dijo Oriol Junqueras sobre la quita de la deuda y el traspaso de Rodalies, otro compromiso que obtuvieron los republicanos a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez. “El Gobierno dice y hace cosas que nunca habría imaginado escuchar a un ministro español”, señaló Carles Puigdemont en alusión a los esfuerzos para que el catalán sea reconocido como lengua oficial dentro de la UE.
Pero el buen clima con el independentismo no implica, ni mucho menos, que los Presupuestos se encuentren cerca de aprobarse, poniendo fin a las prórrogas de los dos últimos años. Sánchez se ha comprometido a “presentar” el proyecto, lo cual no significa, subrayan sus colaboradores, que vaya a someterlo sí o sí a la votación del Congreso, sino solo que lo negociará con los grupos parlamentarios y quizá pase por el Consejo de Ministros. Pero las condiciones de algunos aliados se estiman imposibles de cumplir. Podemos, por ejemplo, reclama la bajada por ley de los alquileres en un 40%, romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel y no gastar en defensa “ni un céntimo más de euro”. Junts, que el Gobierno salde la deuda pendiente en inversiones en Catalunya, que los posconvergentes cifran en 50.000 millones de euros, un cálculo que el Ejecutivo central no reconoce.
En la Moncloa no se muestran muy optimistas sobre la suerte de las cuentas públicas del año que viene, pero no tiran la toalla. “Vamos a luchar hasta el final. No conviene subestimarnos”, señala un ministro. De momento, sin embargo, el Gobierno no ha aprobado ni siquiera el primer trámite presupuestario, el llamado techo de gasto o senda de déficit, que tiene que ser sometido a la votación del Congreso.
La respuesta a los incendios
Septiembre también traerá el “pacto de Estado” contra la emergencia climática, anunciado recientemente por Sánchez en respuesta a los brutales incendios que han azotado en las últimas semanas varias comunidades, sobre todo Castilla y León, Galicia y Extremadura. El martes, una comisión interministerial sentará las bases de la propuesta, que el jefe del Ejecutivo quiere debatir después en la próxima Conferencia de Presidentes. El PP rechaza el acuerdo, que tacha de simple “cortina de humo” para “polarizar” a la sociedad. Sin los conservadores, que gobiernan la mayoría de autonomías y grandes municipios, no podrá considerarse “de Estado”. Los socios del PSOE también han acogido la iniciativa con frialdad. Pero fuentes de la Moncloa consideran que finalmente acabarán dando su respaldo. Entre otros motivos, para no aparecer junto al PP y Vox en el bloque del “negacionismo del cambio climático”.
A finales del mes que viene el Consejo de Ministros dará asimismo luz verde a la reforma de la justicia, que modifica la ley de enjuiciamiento criminal para que la instrucción de los procesos penales deje de estar en manos de los jueces y pase a los fiscales. Se trata de una medida muy polémica, y todavía más en un momento en el que el Gobierno recibe malas noticias de los tribunales debido al llamado ‘caso Koldo’, que implica a Cerdán y a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Pero en el Ministerio de Justicia creen tener a todo el bloque de investidura de su lado.
Abolición de la prostitución
La reapertura del curso político traerá consigo, por último, un heterogéneo conjunto de iniciativas. La reducción de la jornada laboral impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, máxima representante de Sumar en el Gobierno. Las medidas contra la corrupción anunciadas por Sánchez tras la entrada en la cárcel de Cerdán, con la creación de la Agencia Independiente de Integridad Pública como principal novedad. La ley del tabaco, que pretende convertir las terrazas de la hostelería, los centros educativos y las instalaciones deportivas en zonas libres de humo.
Y el anteproyecto de ley para abolir la prostitución, penalizando a los clientes y a todo tipo de proxenetismo. La propuesta ya fue tumbada en mayo del año pasado con los votos en contra de Sumar, entre otros grupos. Pero ahora el Gobierno la ha recuperado como reacción a los infames audios entre Ábalos y Koldo García, su hombre de confianza, en los que ambos se reparten mujeres como si fueran objetos.
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