Si el final del pasado curso político, marcado por la corrupción tanto en las filas del PSOE como en las del PP, ya fue de alto voltaje; el que arranca esta semana lo hace en llamas. Una decena de incendios en Castilla y León, Galicia y Extremadura continúan haciendo estragos pese a estar la mayoría de ellos ya bajo control, pero nada parece apuntar que se ponga coto al fuego político. Tanto el Congreso como el Senado retoman esta semana su actividad con el Gobierno y los populares tirándose los trastos a la cabeza a cuenta de la gestión de esos incendios y las competencias y los recursos disponibles para hacerles frente.
El PP, consciente de que sus presidentes autonómicos en las tres autonomías afectadas están en el punto de mira -la semana pasada crecieron las peticiones de dimisión en las calles-, ha echado mano de su mayoría absoluta en la Cámara alta para tratar de situar el foco en la Moncloa con Pedro Sánchez a la cabeza y ha forzado una batería de comparecencias de hasta cuatro ministros. La primera en subir al atril será la de Defensa, Margarita Robles, el martes; y le seguirán la de Transición Ecológica, Sara Aagesen, el miércoles; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el jueves; y el de Agricultura, Luis Planas, el viernes.
¿Por qué ellos cuatro? El PP emplaza a Robles a responder si se han proporcionado suficientes medios de la UME y del Ejército para luchar contra el fuego. En el caso de Aagesen, quieren que se centre en las políticas que se han llevado a cabo para evitar el abandono de zonas rurales y en el balance de daños de los incendios. A Marlaska le piden que explique el despliegue de efectivos y la coordinación entre territorios y, finalmente, a Planas, las compensaciones que se prevén a agricultores, ganaderos y propietarios afectados.
La lucha de relatos
«Vamos a sacar a los ministros de su retiro vacacional para que den explicaciones en el Senado porque los afectados quieren respuestas«, argumentó la portavoz de los populares en el Senado, Alicia García, tras anunciar que forzarían las comparecencias. La estrategia pasa por que se fiscalice las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno y pasen a un segundo plano las que han hecho los presidentes autonómicos populares de los territorios azotados por las llamas.
El ejecutivo, sin embargo, trata de darle la vuelta a la tortilla y proyecta las explicaciones de sus cuatro ministros como una oportunidad para dar cuenta a los ciudadanos de todo lo que ha hecho el Gobierno. De hecho, el Consejo de Ministros volverá a reunirse este martes para aprobar las ayudas para las comunidades afectadas.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, esta semana / Fernando Otero / Europa Press
Eso sí, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, dejó caer el viernes que serían útiles «comparecencias similares» a nivel autonómico para que los gobiernos de cada territorio explicaran cuáles son sus planes de prevención y extinción de incendios. Y es que, pese a que la semana arrancó con el intento de Sánchez de hacer un llamamiento a la unidad política, no ha habido tregua en el cruce de reproches entre socialistas y populares.
La ofensiva en el Congreso
Más allá de lo que sucederá esta semana en el Senado, en el Congreso se reunirá este martes la Diputación Permanente para abordar todas las peticiones de comparecencias que han pedido los populares en la Cámara baja por otras cuestiones más allá de los incendios. De entrada, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha reclamado que Sánchez se explique tras las nuevas imputaciones de su esposa, Begoña Gómez, a quien el juez Peinado a citado a declarar el próximo 11 de septiembre; y a la denominada «fontanera» del PSOE Leire Díaz.
También han exigido a Marlaska que se suba al atril para informar sobre la adjudicación a la empresa china Huawei del contrato de gestión del almacenamiento del Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL); y han pedido, además, que Elma Sainz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones aborde la crisis migratoria en las islas.
Aún han solicitado dos más: la de la titular de Igualdad, Ana Redondo, para dar cuenta del «machismo imperante» en la Moncloa ante los casos Salazar, Koldo y Ábalos y la de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explique la quita de la deuda del FLA tanto a Catalunya como al resto de comunidades que el Gobierno tiene la intención de aprobar la primera semana de septiembre. Agosto no ha acabado, pero el curso político se precipita al calor de las llamas.
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