Está teniendo un verano intenso con los traslados de los menores asilados a la Península. Canarias se ha quejado de que el ritmo es lento y de que hay improvisación por parte del Estado. ¿Prevé que el proceso mejore con el paso de las semanas?
No podemos seguir con la tónica de 20 derivaciones semanales a la Península desde el Canarias 50, entre otras cosas, porque los niños no pueden pasar más de 15 días en ese centro. A este ritmo tardaríamos unos diez meses. La Secretaría de Estado de Migraciones nos ha dicho que a partir de la segunda quincena de septiembre se aumentarían los traslados. Hemos exigido que eso sea así porque a día de hoy estaríamos incumpliendo parte del auto del Supremo que indica que tenemos que hacer esos traslados para desatascar la situación de hacinamiento que hay en las Islas. Y no solo me refiero a los centros, también al hecho de cubrir las necesidades de esos menores. Estamos incumpliendo con las leyes internacionales. Y no vamos a ser corresponsables de esa situación. Igual que nosotros ponemos todo el personal a trabajar en este tema, también exigimos que el Estado ponga más esfuerzos en poder solucionarlo. Además, me consta que hay entidades que están dispuestas a ocuparse de esos menores, con lo cual solo es una tramitación administrativa.
El Gobierno central se agarra a la idea de que el proceso es complejo y que tiene que hacerse todo con rigor. ¿Le compra esa excusa?
No. Nosotros hemos trabajado con rigor y siempre atendiendo al bien superior del menor y hemos abierto centros de la noche a la mañana. No me vale. Hay entidades dispuestas. Y si necesitan poner más personal para hacer las entrevistas, que lo pongan. Igual que nosotros hemos hecho varios planes de choque para aumentar nuestro personal. Si hay voluntad, el dinero no creo que sea un problema. Ya han aprobado una inversión de 44 millones de euros.
Desde el Gobierno central reconocen que el ritmo es lento, pero no asumen toda la culpa. Insinúan que también se han dado errores por parte de Canarias. ¿Asumen parte de la culpa?
Eso es mentira. Le pongo un ejemplo. El martes tuvimos una reunión del comité interadministrativo y una hora después llegó la comunicación de los menores que salían el jueves para que hiciéramos la resolución de traslado y la orden de acompañamiento. A las tres horas tenían todos los papeles que necesitaban. Estamos poniendo todo el personal necesario y posible. De hecho, algunos hemos cambiado las vacaciones y se están haciendo horas extras para poder asumir este reto. Entonces, que no me digan que no estamos poniendo todos los mecanismos a nuestro alcance. Otra cosa distinta es que algunos de los menores que trasladamos al Canarias 50, como han pasado más de 15 días, están próximos a cumplir la mayoría de edad. Nosotros se lo hemos comunicado antes al Estado para que se pueda hacer un itinerario con estos niños y ese tránsito hacia la vida adulta.
Ahora Baleares anuncia que va a pedir la suspensión cautelar de las derivaciones y se agarra a la idea de que le faltan medios. El Estado cree que se trata de racismo. ¿Qué cree el Gobierno canario?
Lo que tiene que analizar el Estado es la contingencia migratoria que ellos tienen ahora. Es verdad que las llegadas este verano han sido más numerosas allí. Hay que ver si los menores que están llegando a Baleares van a suponer un aumento de su capacidad y entonces, tendrían que salir del reparto. Igual que no está ni el País Vasco ni Cataluña. Baleares está en una situación similar a la nuestra de hace unos años. Es decir, con el comienzo de una contingencia migratoria de llegada de muchos niños a sus costas. No es una cuestión ni de racismo, ni de no racismo, sino de sentarse y tener voluntad de solucionar un problema.
¿No le choca que Baleares se rebele contra una medida que puede beneficiarle en un futuro?
Ellos más bien están en contra de la orden de reparto, no de la contingencia migratoria. Ellos lo que dicen es que si ahora mismo se van a trasladar a Baleares a tantos menores, no pueden porque casi están en contingencia migratoria. Eso es lo que yo le he entendido a la presidenta. Ellos han recurrido el real decreto al Constitucional por meterse en las competencias y sobre todo, por la financiación. Yo creo que aquí el Estado tiene que poner todas las herramientas para llegar a consensos y que nadie vaya en contra de este real decreto ley.
El Estado prometió que el traslado ordinario, de menores migrantes no solicitantes de asilo, también comenzaría ahora. ¿Qué espera de ese proceso viendo cómo ha ido el de los asilados?
En principio se nos ha dicho que el martes va al Consejo de Ministros. Y a partir del 28 se empezarían con esos traslados. Yo no sé si eso será tan efectivo. Vamos a esperar a ver qué pasa. Pero yo creo que va a ser una tónica muy parecida al de los menores asilados. Si es verdad que, una vez se aprueba esa contingencia migratoria, hay una parte fundamental. Una cosa son los traslados de los que ya están en Canarias hasta cumplir con esa cuota que nos correspondería y otra cosa es que todos los que lleguen a partir de esa declaración de contingencia migratoria ya tendrían que ser trasladados. Inmediatamente, en 15 o 20 días, que es lo que se estableció. Y a eso es a lo que nosotros también nos vamos a agarrar para que se cumpla exhaustivamente.
Se han denunciado casos de maltrato en centro de menores migrantes. ¿Qué medidas se han tomado para que no vuelva a repetirse? ¿Van a seguir confiando en la organización responsable de esos centros?
Nuestros mecanismos son los que dieron lugar a la formalización de esa denuncia que hicimos ante la Fiscalía. Esos mecanismos han estado funcionando. El refuerzo de personal nos ha permitido detectar estas situaciones. Estos protocolos existen y se inspeccionan los centros periódicamente. La idea es ir cerrando los macrocentros e irnos quedando con los más pequeños. Y en cuando a la entidad, se ha detenido a varias personas y estamos esperando a lo que el juez dictamine para ver si es una cuestión puntual. Le hemos solicitado que nos indique si podemos seguir con los contratos con esta entidad. Y ya tenemos un plan b por si tenemos que disolverlos y asignar los centros a nuevas entidades.
El caso de la niña tutelada por el Gobierno canario que, presuntamente, quemaron en La Isleta activó las alarmas sobre la atención de estos jóvenes. ¿El caso supuso un punto de inflexión?
Las consecuencias en este caso son muy puntuales. La menor se había escapado y las fuerzas y cuerpos de seguridad la estaba buscando. Los cabildos tienen la titularidad de esos centros y no son de internamiento. Los menores salen y algunos se escapan, pero eso también puede ocurrir puntualmente con sus padres. No es una cosa generalizada, se trata de un caso excepcional. Todavía no sabemos exactamente lo que ha pasado, pero lo que sí está claro es que tanto los cabildos como el Gobierno de Canarias tienen sus medidas de control.
Este verano se cumplen dos años desde que está al frente de la Consejería. ¿Qué valoración hace del trabajo realizado hasta ahora?
El balance es positivo. Hemos puesto las bases de la transformación del sistema de servicios sociales en Canarias. Hemos dado pasos importantísimos en materia de discapacidad y dependencia con la aprobación de los dos decretos. Nos ha permitido, en dependencia, bajar en ocho meses la tramitación de los expedientes y ahora, con el sistema monofásico, poder llegar al terminar esta legislatura cumpliendo lo que dice la ley, es decir, seis meses para resolver los expedientes. Otra cosa muy importante que hemos hecho es la incorporación de muchísimos profesionales. Hemos adjudicado el servicio de la asistencia avanzada que nos permitirá tener esa inteligencia artificial y robótica en los hogares de las personas dependientes. Estamos cumpliendo con lo que dice Europa y el Estado con el tema de la desinstitucionalización de nuestras personas mayores y dependientes. También el tema de la tarjeta digital de discapacidad y las 76 sillas anfibias para nuestras playas. Sin olvidar que es de orgullo el haber atendido a más de 8.000 menores migrantes que hemos tenido en algunos picos de llegadas y sin conflictividad social. Somos una tierra respetuosa con la migración, una tierra de acogida. Y, por supuesto, la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería que es un logro de Canarias.
¿De qué está más orgullosa?
De los decretos de simplificación de dependencia y discapacidad, que nos van a permitir simplificar todos los procedimientos y acabar con las listas de espera. Y hemos desatascado todos los proyectos de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que nos va a permitir la creación de plazas con los cabildos. También la apertura de centros de crisis 24 horas para las víctimas de violencia sexual.
Canarias lidera a menudo los índices de pobreza. ¿Qué medidas se están adoptando para revertir esa situación estructural?
La cifra sigue siendo mala, pero hemos ido rebajando esos índices. Nos estamos volcando. Hemos hecho un plan de choque de personal, para reforzar el equipo que resuelve las prestaciones de la Renta Canaria de Ciudadanía. Y hemos logrado desatascar el problema que había con el Estado con los expedientes del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Aquí en Canarias, esta ayuda no llega a todas las familias necesitadas. Le hemos pedido al Estado que refuerce el personal que lo gestiona para que llegue a más familias e incluso que utilice los expedientes nuestros de aquellas personas que están cobrando la Renta Canaria de Ciudadanía, que son los mismos que para el IMV. Y hacer una especie de pasarela. Lo ha aceptado y estamos viendo cómo lo ponemos para que pasen automáticamente a cobrar el Ingreso Mínimo Vital y nosotros dedicarnos a hacer los complementos.
¿Por qué no llega el IMV?
No se ha informado bien a la ciudadanía. Además, el trámite se hace por sede electrónica y muchos de nuestros usuarios no acceden a esos servicios. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha reconocido en varias ocasiones que Canarias, con los índices de pobreza que tiene, no puede recibir del Estado solo 30 millones de euros. Y nos ha reconocido que está bien la tasación que nosotros hemos hecho, de entre 80 y 100 millones de euros, para poder cubrir la atención a todas las familias en situación de vulnerabilidad extrema. El problema está en que el Estado no tiene nuevos presupuestos.
¿Qué temas quedan pendientes para los dos años que quedan de legislatura?
Hemos cerrado los convenios con los cabildos para mejorar el precio de las plazas de toda la atención a la discapacidad y la dependencia en Canarias. Hacía más de 20 años que no se actualizaban. De aquí a octubre lo tendremos firmado. Queremos conseguir cumplir con las leyes de discapacidad y dependencia, es decir, que podamos resolver los expedientes de discapacidad y dependencia en los seis meses establecidos por la ley. Es un hito que podemos cumplir en estos dos años de legislatura. Y también implementar el Plan Canario de Inmigración y Convivencia y el Plan de Mayores y el Plan Estratégico de Juventud.
El área de dependencia es una de las armas que la oposición utiliza para atacar al Gobierno. ¿Qué mejoras se han registrado tras la aprobación del nuevo decreto?
Te voy a poner una cifra. En Canarias, en julio de 2023, había 44.506 personas con la resolución de dependencia en la mano. Ahora mismo hay 61.715 personas. En el mes de junio se resolvieron 1.824 resoluciones de grado y PIA, porque ya se hace de manera conjunta. Antes, entre una y otra, podrían pasar nueve meses. Con el nuevo procedimiento ya no es así. Evitamos que tu situación haya empeorado y además, lo resolvemos mucho antes. También estamos solucionando lo de las prestaciones no efectivas. Y avanzando en el tema de la teleasistencia avanzada con relojes que perciben cuando alguien se cae o cuando se frenan los latidos del corazón y están conectados con los sistemas de emergencias. Ya están llegando esos aparatos a Canarias y ahora lo que hemos licitado es el servicio, ya lo hemos adjudicado. Se van a beneficiar más de 20.000 personas.
Cuando gobernaba el ‘pacto de las Flores’ una de las quejas en la gestión de la dependencia era que, para reducir las listas de espera, se otorgaba una ayuda económica que no resolvía el problema de fondo. ¿Esto sigue ocurriendo?
Nosotros no lo estamos haciendo. Se consensúa con el ciudadano lo que necesita. La residencia sociosanitaria solo se puede dar a unos perfiles determinados. Y estamos intentando coincidir con lo que dice Europa de la desinstitucionalización. Hacer incluso todo el proceso hospitalario en el domicilio para no desarraigar a la persona dependiente de su entorno. Darle prestaciones vinculadas al servicio que hagan que su permanencia en el hogar sea mayor. Y en paralelo, crear infraestructuras sociosanitarias como centros de día o residencias más pequeñas. Las camas sociosanitaria son las que son porque, entre otras cosas, el pacto de las Flores no ejecutó el segundo plan de infraestructuras sociosanitarias. Hemos desatascado fondos europeos y ahora estamos negociando el tercer plan con los cabildos porque el segundo se terminó en diciembre del año pasado.
¿Cuándo se materializarán esas plazas?
Ya estamos poniendo en marcha las que sí se pudieron ejecutar del segundo plan. Hay cabildos que han seguido haciendo las obras con fondos propios y podremos ponerlas en funcionamiento los próximos años. El tercer plan vamos a intentar que sea mixto. Un parte público-privada y otra parte con financiación 100% pública. En casi todas las plazas que hay en Canarias, la gestión después es privada. Vamos a incorporar esa financiación privada desde el minuto uno, que construya lo privado y después nosotros concertamos esas plazas.
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