La decisión del Parlamento británico de incluir al grupo propalestino Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas ha puesto en riesgo el derecho a protesta en el Reino Unido. Más de 500 personas, casi la mitad de ellas mayores de 60 años, fueron detenidas el pasado 9 de agosto en una manifestación pacífica convocada en Londres en apoyo a la organización, algo que ha alimentado las críticas de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de organismos internacionales en las últimas semanas. Las protestas han puesto en una situación delicada al Gobierno laborista, acusado de ceder ante las presiones de grupos proisraelíes.
La ministra del Interior, Yvette Cooper, firmó una orden para prohibir la organización propalestina tras la acción llevada a cabo por cinco activistas en la base militar de la fuerza aérea británica (RAF) de Brize Norton, en la que lanzaron pintura roja contra dos aviones del Ejército. Los cinco permanecen en prisión, dos de ellos en el centro de máxima seguridad de Belmarsh, acusados de varios delitos, incluido el de conspiración para cometer daños criminales. El Gobierno llevó la orden de proscripción ante el Parlamento alegando que la acción había supuesto daños graves contra la propiedad gubernamental —unos daños valorados en 7 millones de libras— y había puesto en riesgo para la seguridad nacional.
El Ejecutivo se amparó entonces en la Ley de Terrorismo, la cual permite prohibir organizaciones cuando causan daños contra la propiedad o suponen un riesgo para la seguridad pública. La redacción de la norma, sin embargo, da margen al Gobierno para valorar caso por caso si la proscripción es una respuesta proporcionada. «Sea cual sea la amenaza que represente Palestine Action, para actuar de manera proporcionada, el Gobierno debe elegir los medios menos intrusivos para abordar el problema, de tal forma que afecte lo menos posible a los derechos humanos», asegura Daniella Lock, profesora de la King’s College de Londres y experta en legislación sobre derechos humanos y seguridad nacional.
Acciones de protesta
La proscripción ha provocado una ola de indignación en el Reino Unido y ha despertado la solidaridad de un amplio abanico de personalidades. La última de ellas ha sido la escritora irlandesa Sally Rooney, autora del bestseller ‘Gente Normal’, quien ha mostrado su intención de destinar parte de los beneficios obtenidos por sus libros al apoyo de Palestine Action. «Desde las sufragistas hasta el movimiento por los derechos de los homosexuales y la lucha contra el apartheid, la verdadera resistencia política siempre ha implicado infringir la ley de forma intencionada», ha asegurado Rooney, quien podría enfrentarse al arresto por apoyar a una organización terrorista.
Más de 700 personas han sido detenidas desde que el grupo fue proscrito a principios de julio, de las cuales cerca de 70 han sido acusadas de delitos relacionados con el terrorismo por mostrar públicamente su solidaridad con la organización a través de pancartas o camisetas. Los arrestos han provocado la respuesta de organizaciones como Amnistía Internacional, la cual ha lanzado esta semana una acción urgente para «proteger el derecho a protesta» y ha aumentado la presión contra la Fiscalía para que evite procesar judicialmente a las personas detenidas. «La criminalización de la libertad de expresión o las protestas sólo está permitida cuando incita a la violencia o promueve el odio o la discriminación. Expresar apoyo a Palestine Action no alcanza este umbral», ha señalado la organización.
Batalla judicial
La posibilidad de que la justicia retire los cargos contra los detenidos todavía está sobre la mesa, después de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales (High Court) haya aceptado el recurso contra la prohibición de la organización presentado por su cofundadora Huda Ammori. «La aceptación del recurso demuestra que tenemos un caso sólido. Estoy segura de que se nos va a retirar la prohibición porque ha sido claramente desproporcionada», explica Ammori a EL PERIÓDICO, a pesar de que el Gobierno puede utilizar los daños contra la fábrica de armamento Elbit Systems el pasado marzo para justificar los supuestos riesgos para la seguridad nacional.
La activista considera que las muestras de apoyo y las protestas en la calle servirán para demostrar que la proscripción del grupo supone una vulneración de la libertad de expresión. «El número de detenciones que se han producido hasta ahora y el apoyo de la opinión pública demuestran el error político que [el Gobierno] ha cometido al prohibir Palestine Action. Incluso en sus propios informes afirmaban que no tiene precedentes prohibir un grupo por daños materiales», asegura.
Según una encuesta publicada esta semana por el instituto demoscópico Survation para el portal Labour List, un 71% de los miembros del Partido Laborista se muestran en contra de la decisión del Gobierno, frente a un 21% que se muestra a favor. Aún así, el Ejecutivo ha optado por seguir adelante con la batalla judicial. «Es posible que el Gobierno se haya sentido amenazado por el creciente número de personas que quieren participar en acciones directas para interrumpir el apoyo militar del Reino Unido a Israel», asegura la profesora Lock. «Sin embargo, desde fuera, la proscripción parece una respuesta precipitada que, hasta ahora, ha resultado en gran medida contraproducente, si se tienen en cuenta los recursos policiales que han tenido que dedicarse a detener masivamente a quienes expresaban lo que era claramente un apoyo pacífico a Palestine Action», sentencia.
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