El presidente de Junts, Carles Puigdemont, dejó claro esta semana que su partido mantiene la apuesta por la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez y volvió a descartar el escenario de una ruptura. Mucho más aún el de una hipotética alianza con el PP para presentar una moción de censura, una vía que los populares llevan meses intentando abrir. El expresident, sin renunciar a su habitual tono de presión, optó esta vez por ofrecer al Ejecutivo un balón de oxígeno: rebajó la tensión, evitó las amenazas y fijó deberes a Moncloa, entre ellos lograr la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en las instituciones europeas, uno de los principales puntos de su pacto de investidura.
Su mensaje se presentó como una mano tendida a Sánchez —“no atraviesa un buen momento, pero tiene tiempo«, apuntó— y, al mismo tiempo, como una advertencia al PP, al que acusó de bloquear en Bruselas esta cuestión con fines partidistas. Puigdemont llegó a reprochar a los populares que utilicen la “catalanofobia” como estrategia política y como palanca electoral oponiéndose a hacer posible que el catalán sea oficial en Europa. Una posición incómoda para el partido de Alberto Núñez Feijóo, especialmente en Catalunya, donde el PPC sabe que parte de sus votantes, e incluso algunos dirigentes, no entienden esa cruzada contra el catalán.
Choque en el PPC
El episodio más sonado fue cuando el secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, admitió que su partido había contactado con dirigentes de otros Estados miembros para forzar un voto negativo en el Consejo de la UE, donde se requiere unanimidad. Poco después, el partido rectificó, pero la controversia evidenció fisuras internas en Catalunya. “No entiendo por qué debemos ir en contra de esto; esta batalla no nos interesa”, señala a El Periódico una voz discordante del PPC, que insiste en que la formación “defiende el catalán” y “no le interesa situarse contra él”. Otras fuentes consultadas subrayan la “incoherencia” que supone, por un lado, pedir los votos de Junts para una moción de censura y, por otro, oponerse a la oficialidad de la lengua catalana.
El líder de Junts, Carles Puigdemont, el martes en Prada de Conflent / Glòria Sánchez / Europa Press
Pese a esas discrepancias, en Génova la consigna es mantener el frente de resistencia cuando el Consejo de la UE retome el debate para forzar que se agudice la crisis entre el PSOE y Junts por los incumplimientos del pacto de investidura. «Es importante que el Gobierno no se pueda anotar tantos con Junts», reconoce una voz del PP catalán que sí apuesta por esta estrategia en Europa y minimiza su impacto electoral en Catalunya. De hecho, los populares tratan de trasladar la idea de que no está en contra de que el catalán sea oficial, sino de que Sánchez lo «utilice» como «pago político» y «chantaje» del partido de Puigdemont para seguir en la Moncloa. «Europa ha visto bien claro que esto no va de lenguas, y lo dice una catalana que mi lengua materna es el catalán, sino que va de cesiones a cambio de votos, que va de chantaje a cambio de mantenerse unos meses más agonizando en la Moncloa», defendió la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat, el pasado viernes en una rueda de prensa en la sede popular de Génova.
Forzar la crisis PSOE-Junts
Lo hizo en respuesta a las críticas lanzadas por Puigdemont, a quien recordó que este asunto no depende del PP, sino del jefe del Ejecutivo, volviendo a trasladar la presión entre Junts y el Gobierno. «A quien debe mirar es al presidente del Gobierno», espetó, tras aclarar al expresident que no puede hacer peticiones a su partido sobre ello, pues quien se sienta en el Consejo Europeo, donde se debate la cuestión, son los presidentes de los Estados miembros donde ellos, por parte de España, no tienen representación. Eso sí, la mayoría de estos líderes pertenecen precisamente a su familia europea.
Los populares insisten en que su rechazo no obedece a razones de fondo, sino de forma: sostienen que Sánchez ha elevado el debate sobre la oficialidad del catalán para contentar a Junts y que esa “debilidad” en la gobernabilidad de España debe ser puesta en evidencia también en Bruselas. «En la UE ya saben que solo es un pago político y un chantaje«, deslizó la dirigente popular catalana. De hecho, Montserrat llegó a reprochar al Gobierno que pida a los veintisiete debatir sobre algo así, mientras en Europa hay otras prioridades como los aranceles de Donald Trump o la guerra en Ucrania.
José Manuel Albares / José Luis Roca
Cuando se retome la agenda tras el parón veraniego, el Consejo de la UE volverá a debatir una cuestión que, durante meses, ha estado bloqueada por dudas legales y nunca ha llegado a someterse a votación. La última tentativa de avanzar, el pasado 18 de julio, supuso el séptimo aplazamiento, después de que varios ministros de Exteriores manifestaran dudas jurídicas y presupuestarias tanto a su llegada como en el interior del Consejo de Asuntos Generales, el órgano encargado de decidir. El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, interpretó estos retrasos como una maniobra deliberada para dilatar el proceso y señaló al PP como responsable de esta estrategia.
A partir de septiembre, el Gobierno tendrá una nueva oportunidad para desbloquear este asunto. «Tienen tiempo, España es un socio importante en la UE», apuntó Puigdemont. Lo que ocurra entonces será clave no solo para que el Ejecutivo pueda aspirar a aprobar unos nuevos presupuestos en 2026, sino también para gozar de cierta estabilidad parlamentaria durante el resto de la legislatura.
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