El Ayuntamiento de Alicante abre expediente informativo al trabajador del servicio de baño adaptado que aseguró que a la playa no podían acceder «rojos, separatistas ni etarras». Según fuentes municipales, el joven empleado de la concesión municipal habría pedido disculpas por sus comentarios mientras que la empresa adjudicataria se desvincula de las polémicas declaraciones.
Pocas horas después de que el agitador de ultraderecha Vito Quiles publicase un polémico vídeo en la playa de Tabarca, el Ayuntamiento de Alicante ha celebrado este jueves una reunión del Patronato de Turismo. En ella, el PSOE ha solicitado la apertura de un expediente informativo por lo ocurrido, mientras que Compromís ha reclamado también conocer los perfiles formativos así como las edades de los trabajadores de los servicios de playas. El gobierno local del PP ha admitido el ruego de los socialistas y ha confirmado la apertura de la investigación por lo ocurrido.
Respecto al joven, que aseguró que a la playa solo podía acceder la gente «normal», desde el Ayuntamiento aseguran que la empresa adjudicataria, Sealand On-Offshore Services, les ha confirmado que el trabajador ha pedido disculpas por lo ocurrido y que dichas declaraciones «no representan a la concesionaria del servicio de baño adaptado». No obstante, el gobierno municipal rechaza realizar valoraciones al respecto.
Responsabilidad del Ayuntamiento
Para la portavoz del PSOE, Ana Barceló, lo ocurrido es «muy grave» porque se trata de un servicio público adjudicado a una empresa cuyo empleado «manda un mensaje de odio y discriminación«. La edil socialista apunta que lo sucedido en el vídeo «vulnera directamente la Constitución Española, concretamente los artículos 14 y 9.2, y la normativa sobre igualdad». Además, Barceló, cree que las afirmaciones «dañan la imagen de Alicante y Tabarca», por lo que «asociar su nombre con mensajes de exclusión política proyecta una idea totalmente negativa e irresponsable, justo cuando el sector turístico necesita confianza y buena reputación».
En la misma línea, el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha criticado que tanto Vito Quiles como el joven «que se prestó a decir estas tonterías» son dos «inconscientes». Sin embargo, el valencianista lamenta que «evidencia el descontrol de las contratas», por lo que ha pedido «explicaciones» sobre el incidente con una persona «que no está capacitada para representar a un servicio». Mas responsabiliza de ello al Ayuntamiento porque «ni controla ni refuerza ni amplía ni apuesta por un turismo de calidad».
Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, se pregunta «qué necesita realmente la isla de Tabarca para conservar su esencia y su futuro». Para el concejal, «más allá de posturas políticas, el desafío real es encontrar un equilibrio lejos de polarizaciones y de ruido político de personajes de cuestionable profesionalidad que no aportan soluciones reales». Al respecto, Copé reclama centrar el debate en la necesidad de «proteger su valioso patrimonio natural y cultural, mantener la calidad de vida de sus vecinos y asegurar una experiencia positiva para los visitantes que la eligen». Según el edil, «el objetivo común debe ser preservar la singularidad de Tabarca para las generaciones futuras».
El Cermi pide medidas disciplinarias
La actuación del joven no ha sido bien vista por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) en la Comunidad Valenciana. Su presidente, Luis Vañó, ha mostrado su «más profundo rechazo» y «enorme preocupación» por las afirmaciones del empleado de la concesión.
«Consideramos de extrema gravedad que un trabajador de un servicio público, cuya finalidad es garantizar la inclusión de personas con movilidad reducida, se convierta en altavoz de mensajes de odio y exclusión», sostiene. Vañó añade que «estas declaraciones no solo pervierten el propósito de un servicio diseñado para eliminar barreras, sino que quiebran de manera irreparable la confianza que las personas usuarias y sus familias depositan en estos profesionales, generando un entorno hostil«.
Por ello, el Cermi ha solicitado tanto al Ayuntamiento como a la mercantil que, además de iniciar la investigación, tomen las medidas disciplinarias oportunas, emitan una disculpa pública que reafirme su compromiso con la no discriminación y que revisen los protocolos de formación del personal para que estos hechos no se repitan.
La concesión de baño adaptado
Pese a que en el vídeo se identifica al joven como “responsable de las hamacas”, el adjudicatario de dicho servicio, Manuel Romero, desmintió que se tratara de un empleado de su empresa. En cambio, aseguró que quien aparecía en las imágenes es uno de los trabajadores del servicio de atención al baño para personas con movilidad reducida y diversidad funcional.
Este contrato fue adjudicado el 1 de julio, por un total de 581.407 euros, a la mercantil Sealand On-Offshore Services, convirtiéndose en la actual responsable del mismo. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la compañía catalana, con sede en Tarragona, sin que se hayan realizado manifestaciones desde la empresa.
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