Por eso, Pedro Sánchez se volcará a partir de septiembre en diseñar un plan, proponerlo e intentar concretarlo en medidas que lleguen al Parlamento.
Este plan es consecuencia de los incendios del mes de agosto, porque hasta ahora no estaba entre las prioridades o perspectivas del Gobierno de coalición. El acuerdo entre PSOE y Sumar sí incluía medidas sobre este asunto, pero sin mención a un pacto de Estado.
Por ejemplo, mencionaba medidas como revisar «los compromisos climáticos marcados en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para aumentar su ambición».
También se decía: «Se elaborará una nueva Estrategia de Transición Justa en 2024 identificando las oportunidades y desafíos de la transición ecológica a abordar en los próximos 5 años».
Y en el llamado Plan Normativo para 2025, que recoge el conjunto de leyes a aprobar, tampoco se hablaba de ese pacto.
Sí hizo una referencia Sánchez en 2022, en la anterior legislatura, tras incendios forestales en Extremadura, pero nunca llegó a plantear luego nada concreto.
Hubo también una referencia a la inversión en medidas contra el cambio climático en el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa de España y de Europa, anunciado por Sánchez en abril para cumplir con los compromisos de gasto militar.
«Se va a destinar a reforzar las capacidades duales de nuestras Fuerzas Armadas para que también puedan ayudar a la gestión de emergencias y desastres naturales como inundaciones o incendios en una península, la Península Ibérica, que como saben ustedes, está dramáticamente afectada por los efectos de la emergencia climática», dijo entonces.
Este martes, en su visita a Jarilla (Cáceres), Sánchez fue claro en sus intenciones. «A principios de septiembre plantearé a la comunidad científica, a los empresarios, a los sindicatos, también a las instituciones autonómicas y municipales y provinciales, y también al conjunto de la sociedad, un pacto de Estado frente a la emergencia climática», dijo.
Ahora, fuentes de Moncloa aseguran que es el momento de poner en marcha ese pacto para intentar unificar o alinear la actuación del Gobierno y las comunidades autónomas, en previsión de nuevas situaciones de emergencia, como los incendios o la dana. Incluyendo compromisos sobre inversión en prevención.
Medidas progresistas
Las reacciones contrarias hasta el momento del PP a la propuesta de Sánchez no disuaden al Gobierno de su intención de proponer el plan.
Entienden que, políticamente, el futuro rechazo de Alberto Núñez Feijóo al acuerdo servirá para retratarlo y situarle al lado de Vox y de los llamados negacionistas del cambio climático.
Esa opción ya está siendo explotada por el Gobierno estas semanas a propósito de las consecuencias políticas de los incendios. Consideran que tras la dana y los incendios ha quedado muy desacreditada la posición de quienes niegan el cambio climático.
La propuesta de plan sirve políticamente además para reforzar el bloque de investidura con propuestas difíciles de rechazar por los partidos que apoyaron la investidura del presidente. Ahora no querrán aparecer junto a Vox y quizás el PP en contra de medidas para hacer frente al cambio climático.
En el caso concreto de Podemos, que rechaza el aumento del gasto militar, el PSOE entiende que hay que considerar que se trata de inversión en seguridad, que incluye la lucha contra el cambio climático.
Por último, servirá para dar sentido a la legislatura, en la línea propuesta por Sumar para promover medidas concretas de carácter progresista.
Ernest Urtasun, ministro de Cultura, explicó que es necesario «resetear» la legislatura para promover medidas progresistas, para salir de la situación creada por los casos de corrupción.
De hecho, el Gobierno es consciente de que en septiembre volverán las informaciones judiciales sobre corrupción y es necesario poner en marcha medidas que justifiquen mantener la legislatura.
