Una de las principales controversias de la Ley del Suelo de 2017 es la referida a los proyectos de interés insular y autonómico ¿Se reforma para no colar nuevos proyectos turísticos?
Se ha introducido alguna novedad para modularlo. Creo que los procedimientos de emergencia y las declaraciones de interés tienen que existir porque hay circunstancias que obligan a tomar decisiones inmediatas y debe existir una herramienta, pero no puede ser la norma. La ley lo que plantea a la hora de aplicar esas excepcionalidades es que se modulen para que quede muy claro en qué ocasiones sí y en cuáles no. En relación con los proyectos turísticos hemos sido muy claros y en la ley en ningún momento planteamos ni un metro cuadrado más de suelo. Eso lo tenemos claro. Creo que Canarias tiene suficiente suelo habilitado y en ningún caso se van a ampliar nuevas zonas para cualquier iniciativa del tipo que sea, tanto energética, como turística o industrial, porque pensamos que la mejor fórmula es a través del planeamiento, nunca a través de medidas excepcionales. Por eso necesitamos hacer ese esfuerzo de que los planeamientos estén perfectamente adaptados a la normativa vigente.
Su Consejería asume la acciones en materia de reto demográfico ¿Cuáles son las prioridades?
El Gobierno ya tiene una batería de medidas que va poner en práctica para intentar que el despoblamiento de algunas islas o la superpoblación de otras se puedan paliar. También estamos explorando en el marco de la Unión Europea, como región ultraperiférica que somos, la posibilidad de controlar de alguna forma la residencia en Canarias y la posibilidad de limitar la compra de segundas viviendas por parte de extranjeros. A día de hoy hay que seguir profundizando para ver si en un momento determinado podemos conseguir algún tipo de medidas que nos limiten lo que es la afluencia masiva de población hacia algunas islas y sobre todo el tema de la vivienda, que es preocupante. Este incremento poblacional importantísimo está poniendo al límite las infraestructuras y los servicios públicos. Es una realidad que se vive básicamente en islas como Fuerteventura y Lanzarote. No es sencillo porque el europeo tiene derecho a moverse por donde quiera en el marco de la Unión Europea, pero también tenemos que apelar a nuestra condición de territorio limitado, de lejanía y porque al final somos islas y no podemos someterlas a una presión insostenible. Hay que buscar soluciones atrevidas como las que estamos planteando.
Ha asumido emergencias en esta legislatura y hay un proyecto de separar el Cecoes 112 de las urgencias sanitarias, lo que ha provocado inquietud en la plantilla ¿Cuál es el objetivo?
Esta división busca sobre todo la operatividad, que las decisiones de emergencias se tomen en el ámbito de las emergencias y las sanitarias en el ámbito sanitario, pero seguiremos trabajando conjuntamente. Me gustaría trasladar tranquilidad a los trabajadores porque en ningún caso van a perder ninguna de sus prerrogativas y van a seguir en las mismas condiciones que tienen marcadas en la empresa GSC. Vamos a negociar y tenemos claro que cualquier proceso de esta índole tiene que pasar por una negociación con los sindicatos, con los afectados, con los trabajadores y en eso estamos. En ningún caso va a ser a espaldas de los trabajadores.
¿Pero que la empresa Gesplan haya asumido un grupo de emergencias es algo transitorio o definitivo?
Gesplan es una empresa que ya trabaja con las emergencias. No olvidemos que aparte de ese grupo de apoyo que se ha creado recientemente también trabaja con las BRIF, que son los bomberos forestales del Gobierno que están implantados en las distintas islas. Por tanto Gesplan tiene una experiencia clara en la gestión de las emergencias. En lo que estamos trabajando ahora es en la Agencia Canaria de Emergencias para unificar todos los servicios relativos a este área de los diferentes departamentos de la Administración.
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