Pedro Sánchez volvió a insistir este martes en la necesidad de aprobar un “gran pacto de Estado” contra el cambio climático. “No solo se trata de responder ante los incendios y las danas, sino de preparar a los territorios para que estemos provistos de herramientas y que el impacto de estas emergencias sea menor. ¿Por qué no hacemos de la emergencia climática una política de Estado? Tenemos que trascender las legislaturas”, dijo el presidente del Gobierno en Jarilla (Cáceres), en unas declaraciones similares a las del pasado domingo en Ourense, cuando decidió reaparecer y visitar por vez primera una zona castigada por los brutales fuegos de las dos últimas semanas.
La idea con la que trabaja la Moncloa consiste en mantener en septiembre encuentros con científicos, empresarios, sindicatos, autonomías, ayuntamientos y grupos parlamentarios para trasladarles el contenido de esta iniciativa, que por el momento carece de concreción, y negociarla con todos ellos. Pero el pacto parece haber pinchado en hueso nada más ser un embrión.
El PP, sin cuyo concurso el acuerdo nunca se podría denominar “de Estado” porque gobierna la mayoría de comunidades y grandes municipios, ya ha dejado claro que no quiere tener nada que ver. La propuesta, dijo el lunes la portavoz de los conservadores en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, es una “cortina de humo” con la que el jefe del Ejecutivo “pretende ideologizar, confrontar y polarizar a la sociedad española”. Pero la toma de distancia, si bien con un tono mucho menos crítico, también se extiende a la mayoría de socios del PSOE, incluyendo a Sumar, miembro minoritario de la coalición.
Una coyuntura adversa
En la Moncloa atribuyen esta frialdad de los aliados a factores coyunturales. En estos momentos de incendios de una virulencia sin apenas precedentes, los más graves en tres décadas, con cuatro muertos, unas 30.000 personas evacuadas y casi 400.000 hectáreas quemadas en toda España (con Galicia y Castilla y León como territorios más castigados), ningún partido político “quiere ser noticia” por nada que “tenga que ver” con el fuego, interpretan en el entorno de Sánchez. Ni siquiera, añaden, ante una iniciativa “positiva” como esta. Pero las mismas fuentes anticipan que cuando las llamas remitan, la actitud cambiará “sin duda” porque todos los partidos que hicieron posible hace dos años la investidura del líder socialista “apoyan” la lucha contra el cambio climático.
Aun así, el Gobierno reconoce que casi todo aquí pasa por el partido de Alberto Núñez Feijóo. “El principal pacto tiene que ser con el PP, porque se trata de que las comunidades se involucren”, explican en la Moncloa, donde todavía no han tirado la toalla. Creen posible que los conservadores acaben sumándose. La esperanza se sitúa en la presión que puedan ejercer sobre Feijóo los mandatarios autonómicos del PP, que según su relato deberían ser los primeros interesados en que un acuerdo de este tipo salga adelante. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, participó este martes junto a Sánchez en la visita al puesto de mando en Jarilla (Cáceres), y escuchó cómo el presidente del Gobierno hablaba del pacto de Estado. Pero se trató de una comparecencia sin preguntas, muy habitual en los últimos tiempos, y no pudo ser interrogada por la propuesta del jefe del Ejecutivo.
Las condiciones de Sumar
Ahora mismo, los votos para que la iniciativa se haga realidad en el Congreso de los Diputados ni siquiera están asegurados dentro del ala minoritaria del Gobierno. En Sumar crecen las voces que reclaman una serie de condiciones para apoyarlo. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no se ha pronunciado sobre los planes anunciados por Sánchez, porque el debate, aseguran fuentes de su entorno, aún no se ha dado a nivel interno. La semana que viene se reunirá la dirección del grupo parlamentario para abordar el inicio de curso y la posición sobre este asunto. De momento, sí se han pronunciado varias formaciones integradas en la coalición de izquierdas.
Los comuns, que tienen a Ernest Urtasun sentado en el Consejo de Ministros como titular de la cartera de Cultura, han advertido de que la iniciativa resulta “incompatible” con la ampliación del aeropuerto del Prat abanderada por el president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. “Un primer paso para afrontar la crisis climática pasa por priorizar las inversiones en la mejora de la red de trenes y descartar ampliaciones sin sentido”, explican en la formación catalana.
La única excepción en el bloque de investidura se sitúa en ERC, que de momento no pone condiciones para sumarse a la tentativa de acuerdo
Más contundente aún se muestra Compromís, que pone dos claras condiciones para que sus dos diputados respalden la propuesta: la paralización de la ampliación del puerto de Valencia y la creación de un nuevo impuesto al queroseno, el combustible de los aviones que ahora está exento. La recaudación por esta vía, defienden, debería destinarse a reforzar la red de transporte público. Sin esos dos requisitos, el partido valencianista no dará su apoyo.
En Podemos todavía no se ha producido el debate sobre este asunto, así que los morados esperarán a tener más detalles. Entonces dejarán clara su posición. Pero fuentes del partido de Ione Belarra sí advierten de que actuarán como vienen haciendo en los últimos meses, «votando en función del contenido», en una nueva oportunidad para cargar contra el Gobierno y ejercer su papel autodeclarado de partido de oposición.
Junts también se muestra escéptico con la propuesta del jefe del Ejecutivo, informa Gisela Boada. El partido de Carles Puigdemont considera que los precedentes demuestran que este tipo de pactos acaban siendo una «invasión y vulneración» de sus competencias en Catalunya, informa Gisela Boada. De momento, la única excepción se sitúa en ERC. Los republicanos, informa Sara González, se muestran dispuestos a sumarse a la tentativa de acuerdo y evitan poner condiciones. “Nuestro compromiso contra la emergencia climática es absoluto”, afirmó el lunes su presidente, Oriol Junqueras.
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