El año 2024 se cerró sin que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cumpliera su compromiso de derribar el Hotel del Algarrobico en el término municipal de Carboneras, en la costa de Almería. El siguiente año, 2025, arrancó con este mismo anuncio aunque en este caso con el liderazgo del Gobierno central y de forma específica de la vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. La ministra convirtió la demolición es uno de sus principales retos políticos como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía para poner fin así a un edificio ubicado en una zona protegida de la costa que ha sido objeto de un enredo jurídico y administrativo que se ha prolongado durante las últimas dos décadas.
La vía definida por el Ejecutivo central fue la expropiación de una parte de los suelos propiedad de Azata del Sol que son parte del dominio marítimo y que en consecuencia pueden ser recuperados por parte del Ministerio. Este proceso arrancó con un acuerdo del Consejo de Ministriso y posteriormente, en abril, con la apertura de un proceso de exposición pública de esta iniciativa que culminó con una resolución de la Delegación del Gobierno en Andalucía firmada el 24 de junio.
Para frenar esta vía, la empresa Azata del Sol, presentó un recurso de alzada con el objetivo de frenar el proceso expropiatorio. Éste ha sido rechazado por el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Sara Aagesen, que continuará así con la recuperación de los suelos como paso previo al derribo.
Recorte de plazos
El Ministerio además ha tratado de recortar los plazos al máximo y por este motivo ha optado por desestimar el recurso de alzada sin esperar a que se superen los tres meses de plazo que están establecidos de forma preceptiva. De hecho, el recurso de alzada fue presentado a principios de agosto y la resolución desestimatoria se ha aprobado en un plazo de apenas quince días.
Una vez desestimado el recurso, el siguiente hito en la tramitación administrativa de la expropiación del edificio del Algarrobico es el establecimiento del justiprecio, es decir, el precio concreto que debe abonar el Ministerio a la empresa por la expropiación de los suelos.
En este proceso, el Ministerio ha tratado de implicar a la Junta de Andalucía para que la Administración autonómica tomase una iniciativa similar en el resto del terreno donde se levanta el hotel y que procediera también a su derribo, aunque de momento no ha habido entendimiento en este aspecto. El Gobierno andaluz considera que la vía para el derribo debe ser la suspensión de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Carboneras.
Veinte años de espera
El proceso para el derribo de esta construcción en la costa de Almería se arrastra desde hace casi dos décadas y ha sido objeto de una sucesión de sentencias en los tribunales en torno a la adecuación del proyecto a la normativa urbanística y a la concesión de la propia licencia de obras por parte del Ayuntamiento de Carboneras. Desde 2008 se han sucedido los anuncios y los intentos para la demolición de la estructura.
Durante todo este tiempo, la enorme construcción ejecutada por parte de una empresa privada en la costa ha permanecido sin terminar y paralizado como un símbolo del desorden urbanístico y el impacto ambiental en la costa. Se trata de una mole de cemento ubicada a catorce metros del mar que estaba diseñada para ser un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones.
