Yolanda, la mujer que denunció a su pareja por tenerla retenida y encerrada durante doce días en una vivienda de Llíria, ha fallecido a primera hora de la tarde de este lunes tras caer desde un quinto piso de un edificio de seis alturas ubicado en la Plaça de Pedralba, en la capital de Camp de Túria. Por el momento se desconocen las causas que han provocado la caída mortal de la mujer, aunque las primeras hipótesis descartan que se pueda tratar de un homicidio, según informan fuentes de toda solvencia a este diario.
El terrible suceso se produce semanas después de que la fallecida denunciara a su pareja sentimental por supuestamente mantenerla encerrada durante doce días. Durante su cautiverio, la mujer manifestó haber sido violada por su secuestrador, un hombre de 57 años y nacionalidad española, quien además grababa las relaciones sexuales. Desde que denunciara a su agresor, la mujer estaba sufriendo presiones por parte de la familia de su pareja para que retirara la denuncia, llegando a acompañarla a testificar ante la Guardia Civil para asegurarse de que lo hacía.
Además, desde ese momento se había visto sometida a una fuerte presión mediática dada la gravedad de los hechos de los que había sido víctima, viéndose expuesta también a decenas de comentarios en redes sociales de usuarios que cuestionaban su relato. Es por ello que la hipótesis más barajada por los investigadores es que la muerte se haya producido de manera intencionada. No obstante, no se descartan otras causas, por lo que habrá que esperar a que avancen las diligencias. Además, se espera que los resultados de la autopsia que le será practicada aporte algo de luz sobre estos hechos que ahora se investigan.
Doce días de cautiverio
Tal y como informó Levante-EMV, días antes de fallecer la víctima denunció haber permanecido retenida contra su voluntad durante doce días en casa de su actual pareja, un hombre de 57 años y nacionalidad española. Durante el tiempo que permaneció encerrada y sometida a un control constante para evitar que escapara, fue obligada a mantener relaciones sexuales que su agresor grababa. Además, cuando él se marchaba, la encerraba con llave en el interior e incomunicada, sin acceso ni a internet, ni a ningún teléfono móvil para que no pudiera comunicarse con nadie del exterior y advertir de lo que estaba ocurriendo.
Zona donde ha sido hallado el cuerpo sin vida de la mujer que denunció a su pareja por retenerla durante doce días en un piso de Llíria. / Google Maps
Fruto de un descuido de su captor, la víctima consiguió contactar con su expareja a través de WhatsApp. En un primer momento le envió un mensaje alertándole de su situación. Horas después, cuando el hombre estaba denunciando los hechos ante la Guardia Civil, recibió un nuevo mensaje en el que le decía que había conseguido escapar. Tras presentarse en la comandancia, la mujer relató el calvario que había sufrido por parte de su agresor, una persona «muy agresiva», que se dedica al tráfico de drogas y que tenía en su posesión varias armas de fuego ilegales, entre ellas dos revólveres, una pistola, una escopeta del calibre 12 y numerosa munición.
El agresor fue puesto en libertad
Así, los agentes de la Guardia Civil pusieron en marcha un operativo, cercando discretamente el domicilio del autor de los hechos para evitar su huida. De manera paralela, se solicitó una autorización judicial para la entrada y registro del domicilio relacionado, efectuándose la madrugada del día 28 de julio por diversos efectivos del cuerpo de seguridad. De ahí se intervinieron varias armas, 47 gramos de cocaína, útiles para procesar la droga para su venta y diversos dispositivos informáticos de almacenamiento de datos que contenían archivos de grabaciones sexuales, tanto de la víctima como de sus exparejas.
Pese a la gravedad de los hechos que se le imputaban y la petición del Ministerio Fiscal, que solicitaba el ingreso en prisión provisional para el acusado, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Llíria, en funciones de guardia, acordó su puesta en libertad al carecer de antecedentes penales y considerar que no existía riesgo de fuga. Así con todo, se le impusieron las medidas cautelares de comunicarse con la víctima ni aproximarse a menor de 800 metros, así como acudir a firmar al juzgado cuando le sea requerido.
