Cristóbal Montoro fue alertado el 10 de diciembre de 2015, cuando era ministro de Hacienda con el Gobierno de Mariano Rajoy, de la investigación que el juez de Palma de Mallorca, José Castro, sobre una serie de operaciones con terceros efectuadas por la formación de la que era dirigente, el Partido Popular. El que fuera su jefe de gabinete, Felipe Martínez Rico, uno de los imputados por el ‘caso Montoro’ de presunto tráfico de influencias, le remitió a las 23.29 horas de ese día un correo electrónico encabezado con la palabra “ministro” en el que le comunicaba que este magistrado había solicitado a la Agencia Tributaria “información sobre pagos” entre una compañía aseguradora y el Partido Popular entre el 2000 y 2010, según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Este correo electrónico, al igual que otros, no ha sido incorporado en la causa abierta por el juez de Tarragona Rubén Rus Vela.
El juez José Castro, que también instruyó el caso Palma Arena en el que estaba implicado el expresidente balear Jaume Matas y el caso Nóos por el que fue condenado Iñaki Urdangarín, estaba indagando la posible conexión de las obras de remodelación, entre otras, de la sede del PP en la calle Génova de Madrid con la adjudicación de las obras del hospital de Son Espases, que se encontraban en su punto de mira por supuestas irregularidades y pagos de comisiones durante el proceso de concesión.
Fue en el seno de esta investigación cuando el magistrado solicitó a la Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid para que le remitiera información fiscal de la que dispusiera efectuadas con terceros por el PP nacional entre los años. El edificio donde permanece la sede de los populares fue adquirida en 2006 a la aseguradora que figura en el email en el que Martínez Rico le informa a Montoro sobre la petición del juez.
Condena de Jaume Matas
Años después, en noviembre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena de 10 meses de prisión y 10 años de inhabilitado para cargo público para Jaume Matas por el caso Son Espases por haber ejercido “la presión moral y jerárquica” hacia sus subordinados para beneficiar a una empresa en la adjudicación de este centro sanitario. En la sentencia, no se hace mención en ningún momento a la sede del PP en la calle Génova.
Días más tardes de este primer email, Martínez Rico le vuelve a remitir al entonces ministro Montoro otro correo electrónico, pero esta vez, hace referencia a otra investigación que estaba llevando a cambo el juez Castro, el caso Noós. “Ministro, te adjunto dos notas que la AdE [Abogacía del Estado] ha levado al Ministro de Justicia”. A continuación relata que las referencias de la Agencia Tributaria a un auto dictado por el magistrado de Palma “no son graves”. El auto al que se refiere el correo, cuyo enlace para descargarlo está incorporado, se refiere a la apertura del juicio oral para 17 personas por el caso Nóos de presunto desvío de fondos, entre los que se encontraba Iñaki Urdangarín, que todavía era el marido de la infanta Cristina. Urdangarín, al final, fue condenado a cinco años y 10 meses de prisión.
Caso Nóos
La crítica del juez que había puesto nerviosos a determinados cargos de la Agencia Tributaria versaba sobre la posición de esta institución en el caso Nóos.
El magistrado señalaba en su auto que la Agencia, “que se atribuye la cualidad de perjudicada, elige, no en el ámbito tributario administrativo, lo que podía ser una apreciación lógica, sino penalmente y a su capricho a las personas que habrán de responder por ello”, excluyendo “inexplicablemente a otras” que se estimaban indiciariamente como cooperadoras necesarias a su comisión. Martínez Rico le comenta a Montro que un tal Santiago, al que no identifica, está “incómodo”, pero que una persona a la que denomina David considera que “son referencias retóricas”. Este documento tampoco ha sido incluido en el proceso judicial por el ‘caso Montoro’
