Si no es ahora, ya no será nunca. O aprovechamos la debilidad de Sánchez para romper las cadenas del yugo fiscal al que nos tiene sometidos o España se convertirá en un infierno para la iniciativa privada y la libertad individual.
Mi carta va a ser hoy una llamada a la rebelión y por eso pongo la venda antes que la herida. Que nadie de esos que no ha pegado un palo al agua en su vida fuera de la política me llame insolidario.
Tenía 26 años cuando Paco Ordóñez, primer ministro de Hacienda de la democracia, me pidió que grabara un anuncio para TVE instando a los españoles a pagar impuestos.
Lo hice contando la historia de la británica que se paseaba desnuda sin más hoja de parra que la declaración de la renta y no la condenaron por escándalo público sino por evasión fiscal.
En el casi medio siglo transcurrido desde entonces, he predicado con el ejemplo. Siempre he pagado el tipo máximo del IRPF, incluso cuando Montoro me quitó, forzando la legalidad, más del 50% de mi indemnización tras 25 años como director de El Mundo.
Mis cotizaciones sociales también han estado durante toda esa vida laboral en el tramo más alto y en EL ESPAÑOL pagamos religiosamente el impuesto de sociedades desde que tenemos beneficios. Casi podría decir que me siento orgulloso de haber pagado tantos impuestos. No ya porque sea la inevitable medida del éxito profesional, sino porque con ellos he contribuido a que nuestra democracia perdure.
Pero todo tiene un límite y Sánchez lo ha traspasado con creces cuando en siete años ha retrasado 51 días la fecha de nuestra ‘Liberación Fiscal’.
El Instituto Civismo viene calculando desde hace dos décadas ese día en el calendario como encomiable contribución a la cultura democrática. Es el resultado de distribuir la suma de todas las rentas que generamos entre los 365 días del año y diferenciar lo que ingresan las arcas públicas de lo que se quedará en nuestro bolsillo.
Aleluya, alegría, júbilo y regocijo. Hosanna en el cielo. Este año el gran día ha llegado el 18 de agosto. Desde mañana al fin seremos dueños de cuanto ganemos con el sudor de la frente.
Pero habrán transcurrido ya nada menos que 228 días de 2025 en los que hemos trabajado para el Gobierno.
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Imputando las correspondientes vacaciones y libranzas, los asalariados y autónomos hemos dedicado 34 días a costear nuestra parte de las cotizaciones sociales a modo de impuesto sobre el trabajo, 65 días a pagar el IRPF, otros 49 a pagar el IVA de lo que consumimos y otros 80 se habrán ido en impuestos locales, autonómicos y especiales. Esos “impuestos invisibles” que van desde la matriculación al IBI, pasando por la luz y las gasolinas.
Por supuesto que se trata de una media, con desviaciones no sólo en función de la renta sino de la Comunidad de residencia. Los vascos hicieron de postillón el martes 12 gracias a su régimen foral, los que vivimos en Madrid nos ‘liberamos’ pisándoles los talones el miércoles 13 y los residentes en Cataluña tendrán que esperar en cambio al domingo 24.
Illa se ha sumado a la moda de llamarle a esto dumping fiscal, pues implica por parte de Ayuso la reducción del tramo autonómico del IRPF y la eliminación de algunos de esos “impuestos invisibles”. Pero la diferencia parece más bien relacionada con el coste de las embajadas, las subvenciones al separatismo, la faraónica TV3 y los dos centenares de ‘chiringuitos’ de toda índole adscritos a la Generalitat.
La parte del león, o más bien la del dragón insaciable, de este disparate corresponde en todo caso a los impuestos que pone el Gobierno. Cuando llegó Sánchez en 2018, el Día de la Liberación Fiscal era el 27 de junio, más o menos en la media de la UE. Ni en mayo como en Irlanda o Polonia, ni en julio como en Francia o Alemania.
Ahora, 97 subidas de impuestos después, incluido el brutal aumento del 43% de las cotizaciones sociales, somos el último de la fila. El país europeo en el que más días trabajamos para los políticos y menos para nosotros y nuestras familias. Ningún otro tarda en ‘liberarse’ hasta agosto.
Sí, ya sé que los portavoces de esa voraz clase extractiva alegarán que la presión fiscal en España sigue estando en el 37%, tres puntos por debajo del promedio de la UE. Y es verdad.
Pero también lo es que nuestro esfuerzo fiscal supera el 52% y está 17 puntos por encima de esa media europea. Eso es lo que cuenta.
He aquí un buen ejemplo de lo que va de la fachada de la que tanto alardean Sánchez y los suyos -la economía que más crece de la OCDE- a lo que hay en la trastienda: la realidad de la pérdida de poder adquisitivo de las familias, consumido por la inflación y porque cada vez pagamos más impuestos.
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La presión fiscal se calcula dividiendo los ingresos del Estado por el PIB. El esfuerzo fiscal, repartiendo la recaudación entre la renta media disponible.
El factor decisivo que cambia las tornas entre la presión y el esfuerzo fiscal es el aumento de la brecha salarial entre España y el conjunto de la UE. Hemos caído del 80% en 2018 al 74,9% en 2024.
Las clases medias pagan impuestos nórdicos con salarios peor que meridionales.
Un punto por cada año completo de Sánchez. Algo muy relacionado con nuestra estancada productividad, la pervivencia de la economía sumergida y la masiva importación de mano de obra barata.
Proporcionalmente, pagamos muchos más impuestos, cobrando significativamente menos. Y eso a pesar de la subida del empleo, lo que indica bastante bien su baja calidad y las trampas estadísticas.
Las clases medias pagan impuestos nórdicos con salarios peor que meridionales. Hasta Trump comentó el otro día lo bajos que son los sueldos en España.
Por eso el esfuerzo fiscal es tan alto. Pagar un 52% de lo que se gana es confiscatorio. Y si eso ocurre como media, pensemos en la falta de incentivos para los profesionales o emprendedores con más éxito que seguirán trabajando en septiembre u octubre para el Estado.
Sánchez ha convertido ya España en un lugar muy atractivo para los que vienen de donde nada tienen y en un ardiente purgatorio para el mérito, el talento y el esfuerzo. Su continuidad en la Moncloa supondría pasar directamente del purgatorio al infierno.
Desde que Sánchez llegó al poder, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social han recaudado casi 330.000 millones adicionales. Se dice pronto. Más de la mitad corresponden al último bienio, con el IRPF disparado desde los 82.000 millones de 2018 a los 130.000 de 2024 y creciendo.
¿Cuál es la clave? Junto al aumento de la población y el empleo, el truco infame de la no deflactación de las tarifas.
Las subidas salariales (14,8%) no sólo no cubren las de la inflación de estos años (20,7%) -de nuevo un punto de diferencia por cada ejercicio de Sánchez-, sino que implican constantes saltos a tramos con tipos superiores.
No hay mejor ejemplo de dolo por omisión. Es un incremento tributario tan implacable como silencioso. La caldera programada para que la temperatura de la rana suba de forma automática y paulatina, sin que note que la están cociendo.
Por algo decía Colbert, sin salir del reino animal, que “el arte de cobrar impuestos consiste en desplumar al ganso para obtener la mayor cantidad de plumas con el menor ruido posible”.
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Si al aumento de la recaudación le sumamos los fondos europeos y el incremento de la deuda pública en 450.000 millones, descubriremos que Sánchez habrá dispuesto a final de este año de casi un billón adicional para financiar sus políticas.
La falta reiterada de Presupuestos dificulta detectar el destino real de ese billón adicional del que viene disponiendo Sánchez.
¿Ha notado alguien una mejora significativa de los servicios públicos durante sus siete años de Gobierno? Más bien lo contrario. Estos días estamos viviendo un dramático ejemplo por la muy insuficiente dotación de la prevención de incendios y la descoordinación en su extinción. Y ay de los que hayan pasado por las tercermundistas estaciones de Chamartín o Atocha, teniendo que soportar encima la sádica campaña –“Disculpen las mejoras”- que entre tuit y tuit se le ocurrió a Oscar Puente.
La falta reiterada de Presupuestos dificulta detectar el destino real de ese billón adicional del que viene disponiendo Sánchez. Pero sabemos que la inversión en infraestructuras está muy por debajo de la de hace quince años, muchas autonomías siguen gravemente infradotadas y hasta hace unos meses el gasto en Defensa seguía congelado.
Cabe concluir que ese billón está financiando lo que Sánchez describe como ‘políticas sociales’ y sus adversarios como ‘políticas clientelares’.
Todavía no es verdad que en España haya más personas recibiendo dinero público que dinero privado porque quienes hacen ese cálculo duplican a menudo a los subvencionados o confunden hogares con personas. Pero no cabe duda de que esa es la tendencia.
Según la última EPA, en España hay 16,4 millones de asalariados en el sector privado y 3,1 millones de autónomos. En total 19,5 millones de ciudadanos dependiendo del mercado.
Por otra parte, tenemos 3,7 millones de funcionarios, 9,4 millones de pensionistas, 1,8 millones de perceptores del seguro de desempleo y 2,3 millones de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital. En total 17,2 millones de ciudadanos dependiendo del Estado.
Y, atención, las tornas se invertirían dramáticamente si cambiáramos de bloque a los 2,4 millones de perceptores del Salario Mínimo Interprofesional fijado por decreto por el Gobierno, al margen del diálogo social y de la realidad de cada sector.
Como la práctica totalidad de esos 2,4 millones corresponden al sector privado, ya que el empleo público se rige por escalas retributivas superiores al SMI, eso significaría que habría 17,1 millones de españoles en manos del mercado y 19,6 millones en manos del Estado.
Estas son las cuentas electoralistas en las que se basa el “manual de resistencia” de Sánchez. Y eso sin añadir su pretensión de reducir por ley la jornada laboral a 37,5 horas sin una mengua proporcional de los salarios.
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No ofenderé a la dignidad humana refiriéndome a la justicia social con términos como los que utiliza Milei. Pero cuando el péndulo de la demagogia y el populismo socialista llega a los extremos a los que llegó el peronismo y a los que está llegando Sánchez, es difícil contenerse perpetuamente.
Basta con que cada asalariado compare el salario neto que percibe con el bruto que ha pactado y lo que le cuesta a la empresa contratarle. Para que le lleguen 21.000€ al bolsillo, tiene que tener 31.000 de sueldo teórico, con un coste para la empresa de 41.000.
Ese sobreprecio del trabajo de casi un 100% es la mejor radiografía de la economía española. Sobre todo porque una parte significativa de la diferencia se destina a sufragar a quienes prefieren malvivir con una subvención que trabajar con sueldos bajos.
Los asalariados españoles son más pobres desde que gobierna Sánchez.
La jugada de Sánchez está cada vez más clara. Como decía Shaw, “si sigues gravando a James para subsidiar a Bill, siempre podrás contar con el voto de Bill”. La cuestión numérica es cuantos continuamos siendo James y cuántos se han convertido ya en Bill.
Afortunadamente, cuando se vota con el bolsillo cada uno hace su propio arqueo. Y la cara B de “la economía que más crece de la UE” es, como demuestra hoy concienzudamente Eduardo Ortega, que los asalariados españoles son más pobres desde que gobierna Sánchez.
El presidente se ha hecho, adicionalmente, las suficientes trampas en el solitario como para pasarse de frenada con la inmigración legal, no contener la ilegal, crear la peor crisis de la vivienda de la democracia y desatender los servicios públicos.
Además, están la amnistía y el cupo catalán, los pactos con Bildu, la colonización de instituciones y empresas, las leyes represivas contra jueces y periodistas, el desquiciamiento de nuestra política exterior y por supuesto la corrupción de su entorno político y personal, devorando ya tantas hectáreas de rentas públicas como los fuegos de este verano.
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Vuelvo a decir que cuanto más apure Sánchez la legislatura, más cerca tendrá el bosque de Birnam en llamas. La cuestión no es la fecha de las elecciones, sino la contundencia con la que se prepare el asalto a la Moncloa.
Desde las rebeliones de los frisones o los judíos contra Roma hasta el “tea party” de Boston, pasando por la “ship money” que desembocó en la guerra civil británica, las subidas arbitrarias de tributos se han zanjado con las armas.
En España pocos recuerdan que la “vicalvarada” que llevó al poder en 1854 a Espartero y O’Donnell, al grito de “más pan y menos consumos”, fue una respuesta a los fielatos del ministro Alejandro Mon en los que se gravaban artículos de primera necesidad.
Ahora las escalinatas para “asaltar los cielos” del poder son las urnas y urnas habrá con toda probabilidad en 2026. Pero ese asalto no puede fallar.
Si los defensores de la España constitucional, la democracia liberal y el equilibrio entre la libertad individual y la solidaridad fracasaran en el empeño y Sánchez consiguiera, de una manera u otra, un nuevo mandato, la suerte estaría fatalmente echada para varias generaciones.
De ahí la importancia de la movilización. Si todos los ‘James’ acuden a votar, esta vez todavía será secundario que Sánchez haya logrado fabricar tantos “Bill”.
Y la clave es la claridad del mensaje. La propia Fundación Civismo debería encabezar desde mañana una iniciativa para que partidos como PP, Vox, Junts o PNV incluyan en sus programas la promesa de devolver el Dia de la Liberación Fiscal al menos a ese 27 de junio en que se lo encontró Sánchez.
Ese sí que sería un buen pacto de investidura o al menos de legislatura. Porque como decía Einstein, “la libertad no se da, se toma y el primer peaje para perderla es renunciar a la propiedad de tu trabajo”. Sánchez nos la está confiscando y quienes se presentan como alternativa tienen la obligación de devolvérnosla.
