España disfruta de un modelo autonómico que deja en manos de los gobierno regionales las competencias en muchas materias que afectan al día de los ciudadanos. Y en la responsabilidad de combatir las incendios, hay disparidad de modelos por parte de las comunidades autónomas.
En este artículo, las cabeceras de los periódicos de PRENSA IBÉRICA repasamos cómo se actúa en cada autonomía:
Históricamente Galicia es la comunidad o una de las comunidades más afectadas por los incendios forestales. Un dato: casi el 44% de los incendios en España entre 1968 y 2017 se registraron en territorio gallego. Un total de 260.000 fuegos de 590.000 incendios en todo el país, según una investigación de las universidades gallegas.
Por ello, la Xunta de Galicia, que es la que tiene la competencia en prevención y extinción de incendios, cuenta con un amplio dispositivo de extinción y prevención de incendios. Siete mil personas, según datos oficiales, a los que se suman todos los veranos el personal de la brigadas municipales y los militares, cuando la situación se complica.
Un dato que permite entender la complejidad de la situación: en la comunidad hay 450.000 gallegos, no todos viven en Galicia ni siquiera en España y ni siquiera en el municipio donde tienen su finca, que son propietarios de un trozo de monte. La media de cada parcela es de tres hectáreas. El minifundismo que tanto caracteriza a Galicia dificulta enormemente la gestión y la limpieza del monte.
El Gobierno de Alfonso Rueda reservó este año para su Plan de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de Galicia 200 millones de euros. Dos tercios de este equipo trabajan todo el año. El resto del personal de extinción hasta 2023 trabajaba 6 meses, o bien limpiando los montes o bien apagando fuegos. Con el cambio climático y la ola de incendios de 2022 que arrasó en octubre más de 51.000 ha, se decidió ampliar su contrato. En 2024, fueron siete meses, y este año ocho meses. El objetivo es que el año que viene trabajen nueve meses.
La Xunta no suele detallar, pese a la insistencia de la oposición, cuanto de esos 200 millones de euros dedica a prevención y cuánto a apagar incendios.
Los ayuntamientos tienen la competencia de elaborar planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales. Y los consistorios de más de 20.000 habitantes tienen la obligación de prestar el servicio de protección civil, prevención y extensión de fuegos.
En Extremadura, la gestión de los montes y los incendios forestales es competencia de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta, que ya trabajaba con la previsión de enfrentarse a un verano «complicado» debido a la notable proliferación de materia vegetal en los montes. La época de peligro alto se extiende del 1 de junio al 15 de octubre, periodo en el que casi mil efectivos, 250 vehículos y 12 medios aéreos del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) están preparados día y noche para hacer frente a las llamas desde un centenar de bases.
El 70% de la superficie de la comunidad corresponde a uso forestal y esto, unido al progresivo abandono de las prácticas agroganaderas tradicionales y los efectos del cambio climático generan el cóctel perfecto para que la naturaleza arda si se prende mecha. El director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón, asegura que Extremadura nunca ha invertido tanto en prevención de incendios como ahora (su departamento cuenta este año con 73 millones de presupuesto), pero aún así este invierno reconocía que no era suficiente.
«Hay que intentar invertir en prevención bastante más porque por muchos medios que se tengan, vamos a ser incapaces de apagar los grandes incendios», advertía en una entrevista con este diario. Las políticas en este sentido se centran en reducir la carga de combustible forestal en el bosque a través de cortafuegos y quemas prescritas, el fomento del pastoreo extensivo, la resinación o la recogida de setas.
En cuanto a la falta de medios, el debate en Extremadura se ha centrado sobre todo en las condiciones laborales de los efectivos del Infoex. Tras varios meses de protestas, finalmente la Junta de Extremadura aprobaba en el mes de junio el nuevo Plan de Recursos Humanos, suscrito con los sindicatos CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEX, que incluye una inversión cercana a los seis millones de euros en los próximos tres años en nuevos pluses y complementos.
En Cataluña, la prevención y extinción de incendios forestales es competencia de la Generalitat, a través de la Conselleria d’Interior, que coordina el ‘Pla especial d’emergències per incendis forestals’ (INFOCAT). Este verano, el dispositivo cuenta con 2.930 bomberos profesionales, 1.577 bomberos voluntarios, 457 efectivos de refuerzo y 695 agentes rurales, además del personal de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) y medios aéreos y terrestres específicos para campaña alta.
Este plan establece obligaciones claras para las poblaciones: mantener franjas de seguridad de 25 metros alrededor de urbanizaciones, disponer de tomas de agua connectadas a la red pública, limpiar parcelas y zonas forestales con vegetación seca, y prever puntos de acogida y rutas de evacuación. En caso de gran incendio, los recursos municipales se integran bajo la dirección y coordinación del INFOCAT, que también puede solicitar el apoyo de medios estatales como la UME o los hidroaviones.
El Govern obliga a 757 de los 947 municipios catalanes —todos en zonas de peligrosidad o vulnerabilidad— a disponer de un ‘Pla d’Actuació Municipal’ (PAM) actualizado y un inventario de recursos para actuar en coordinación con el CECAT, el centro de coordinación operativa. Sin embargo, 319 de ellos no tienen el plan al día y algunos ni siquiera lo han redactado, tal y como reveló El Periódico de Catalunya.
El operativo se articula también mediante el ‘Pla Alfa’, que marca a diario el nivel de movilización de los efectivos de prevención y vigilancia según el riesgo de incendio, en una escala de 0 (riesgo bajo) a 4 (riesgo extremo). La activación del nivel 4 implica la suspensión de actividades de riesgo, el cierre de accesos a espacios naturales y la dedicación exclusiva de los agentes a la prevención. Este fin de semana se ha activado este plan en el máximo nivel en 126 municipios de 13 comarcas.
El Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (Infoma) cuenta este año con un total de 5.970 profesionales y voluntarios. De estos, cada día se despliegan 540 efectivos distribuidos por los 22 parques de bomberos de la región, los 19 puntos de incendio forestal (PIF) y los 25 retenes de brigadas forestales.
Todos los recursos humanos y materiales dependen directamente del Ejecutivo madrileño, salvo las brigadas forestales, cuya gestión está subcontratada a la empresa pública Tragsa y que se encuentran en huelga desde el pasado 15 de julio.
La participación de todos estos efectivos, además de varias dotaciones del Ayuntamiento de Madrid, fue necesaria esta semana en el incendio desatado en la localidad de Tres Cantos, que ha arrasado más de 2.000 hectáreas y provocado la muerte de un vecino y decenas de animales. Pese a los paros, que previsiblemente se alargarán más allá de este viernes, las brigadas forestales han trabajado a destajo en el control del fuego, el más grave en lo que va de año en territorio madrileño.
Los matorrales de Tarifa, el bosque de Aroche, la maleza de Mijas. Al pie y sobre el cielo de todos estos incendios han estado los efectivos del Plan Infoca, dependiente de la recién creada Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA). Un organismo público de la Junta que, bajo la dirección del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, engloba también otros servicios de respuesta como el 112 o Protección Civil.
Un total de 4.700 profesionales, drones con inteligencia artificial, autobombas o más de 40 aeronaves. El Plan Infoca para este 2025 cuenta con “un dispositivo moderno, eficaz y comprometido con la protección del medio natural de Andalucía”, según detalló el propio consejero el pasado junio. “Y el mayor presupuesto de su historia, pasando en un año de 243 a 257 millones de euros”, subrayó Sanz.
Pero hay quien no plantea un escenario tan ideal en la lucha contra las llamas. La UGT denunció al principio de esta campaña que existen “nuevas bases con muchas deficiencias y una falta de medios materiales, lo que afecta gravemente a la seguridad de los bomberos forestales”. “Además, en muchas provincias no disponemos de todos los EPI necesarios”, afirmó Gregorio López, del Csif.
Las organizaciones sindicales también reprocharon a la Junta hace justo dos meses la compra de “una nueva dotación de vehículos totalmente inoperativos”, según Raúl Mena, delegado de CCOO. “Hablamos de furgonetas que no son capaces de acceder al más mínimo problema en terrenos forestales”.
Asimismo, tras años luchando por la estabilización de las plantillas y exigiendo contratos «365 días al año» para acabar con la temporalidad, los bomberos forestales reivindican también incrementos salariales y mejoras de las condiciones en asuntos como los traslados. «Firmamos un acuerdo con la Consejería para recuperar el complemento de antigüedad, y eso no se ha cumplido”, ejemplificó Mena durante la protesta convocada por los sindicatos el día de la presentación del último Plan Infoca.
En Baleares, la competencia en prevención de incendios forestales corresponde al Govern a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, que dirige el Institut Balear de la Natura (IBANAT) y coordina el Operatiu Interinsular d’Incendis Forestals (OIIF). El marco normativo lo establece el Plan Especial de Protección Civil contra Incendios Forestales de las Illes Balears (INFOBAL), aprobado por Decreto 9/2023 y publicado en el BOIB. Este plan detalla la organización, los protocolos de actuación y la movilización de medios propios, además de la cooperación con recursos estatales como los del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando es necesario.
El dispositivo está diseñado con una capacidad plenamente interinsular, que permite la rápida movilización de medios entre islas en caso de emergencia, con procedimientos establecidos para garantizar la eficacia de la respuesta frente a cualquier aviso de humo incendio confirmado.
Las tareas preventivas incluyen apertura de franjas de seguridad, quemas controladas, limpieza de vegetación y restauración forestal. En 2024 se actuó sobre 412 hectáreas en todas las islas, y en 2025 la previsión asciende a más de 580. Este año, el operativo cuenta con 350 efectivos, cinco helicópteros, tres aviones y 24 nuevos vehículos, además de tecnología como cámaras de visión infrarroja para detección temprana.
En el caso de Baleares las competencias son de la comunidad autónoma aunque los parques de bomberos dependen de cada consell insular. En Ibiza el PSOE -que está en la oposición- critica la falta de medios ante “el riesgo extremo de incendios”, pide más personal para los bomberos y la construcción ya anunciada desde hace seis años de dos subparques en el norte y el sur de la isla -porque solo hay un parque para toda la isla- para agilizar la respuesta ante los incendios, que aún no han sido ni siquiera licitados. El servicio insular de bomberos de Ibiza tiene 70 bomberos, según el PSOE, “lejos de la ratio europea de un bombero por cada mil habitantes” y aseguran que en la isla debería haber 161 profesionales para cubrir a la población existente.
Una de las características propias de las emergencias en la Comunitat Valenciana es la inexistencia de un cuerpo único de bomberos dependiente directamente de la administración autonómica, la cual ostenta las competencias. No es solo que no exista una entidad única, sino que son seis diferentes y, para más inri, gestionadas por seis administraciones diferentes: los ayuntamientos de Valencia, Alicante y Castellón; y las diputaciones de las tres provincias.
La creación de un organismo común e integrado es una de las reivindicaciones históricas de los diferentes cuerpos de bomberos. Este debate se recuperó con fuerza tras la dana del pasado 29-O, cuya cifra de víctimas mortales es de 228 personas. Miembros del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia reivindicaron entonces esta unificación y denunciaron la falta de recursos humanos y de material para afrontar emergencias como la barrancada. Sus protestas han sido noticia, durante gran parte del verano, con motivo de una huelga de celo por falta de personal -durante la que no han realizado horas extras- que anularon, hace unos días, ante la propagación del incendio de Teresa de Cofrentes, el cual ha calcinado más de 540 hectáreas.
El Gobierno entonces del socialista Ximo Puig aprobó en 2023 la creación de una ente autonómico, la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), una especia de UME autonómica, para mejorar la coordinación entre todos los organismos implicados. Lo ideó tras la dana del 2019 en la provincia de Alicante, que dejó seis víctimas mortales y 4.000 personas evacuadas. Sin embargo, este fue el primer organismo suprimido con la llegada del gobierno de coalición de PP y Vox a la Generalitat Valenciana; se eliminó cuatro meses después de que Mazón se convierte en ‘president’. El político, tan cuestionado por su ausencia durante la tarde de la dana, asumió así parte de la agenda negacionista de la ultraderecha, a quien otorgó las competencias en emergencias hasta su salida del Consell en julio de 2024. Justificó la eliminación de la UVE con el argumento de ser un “gasto superfluo” por su duplicidad con los consorcios provinciales.
Aragón cuenta con efectivos contra incendios contratados los doce meses del año. Un dispositivo «bien dimensionado», según el Ejecutivo autonómico, que ha permitido atajar conatos en un tiempo récord. El Gobierno de Aragón invierte este 2025 más de 49 millones de euros y que cada día trabajan 627 personas de forma simultánea, si bien en situaciones extraordinarias de riesgo o declaración de incendios los medios humanos se intensifican de acuerdo a las necesidades.
En lo que va de verano, los montes aragoneses se han librado de grandes incendios. La comunidad cuenta con un total de 62 brigadas forestales terrestres (57 simples y 5 dobles) y 8 brigadas forestales helitransportadas. Cada brigada está liderada y dirigida por un Agente para la protección de la Naturaleza. El dispositivo cuenta, entre medios propios y conveniados con las comarcas del Maestrazgo, Bajo Martín y Matarraña, con un total de 43 vehículos. De estos, 41 de ellos son autobombas tipo 2 (con una capacidad media de 3.500 litros) y 2 autobombas tipo 3 (con una capacidad media de 450 litros). De todas ellas, 36 son propiedad del Departamento y 7 son convenidas con las comarcas.
En Asturias, todo lo relacionado con los incendios es responsabilidad de la consejería de Movilidad, Medioambiente y Gestión de Emergencias. Su actuación se articula en dos niveles. Por un lado, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que es el organismo público que centraliza la gestión de todas las urgencias, a través del teléfono único 112. En el caso de un fuego, el SEPA es el encargado de movilizar a los efectivos de bomberos. Por otro lado, las labores de prevención, la evaluación de los riesgos y la gestión de quemas controladas recaen en la Dirección General de Custodia del Territorio e Interior, que al igual que el Servicio de Agentes Medioambientales, depende de esta misma consejería.
Esta unificación de competencias es reciente, fruto de sucesivas remodelaciones de Gobierno y de la experiencia vividas en la gestión de incendios cada vez más grandes y cada vez más frecuentes. La de la oleada de 2023, en el que las llamas llegaron a calcinar 32.000 hectáreas, una cifra récord en la comunidad, dejó huella. Antes los servicios de lucha contra el fuego estaban dispersos y recaían sobre todo en la consejería de Medio Rural, que sigue conservando bajo su tutela la política forestal.
Tras cada racha de fuegos, las denuncias sobre la falta de medios para atajarlos son constantes. El Principado cuenta con casi 400 bomberos. En caso de apuro se contratan cuadrillas de empresas privadas especializadas en la gestión de los montes. Dos brigadas de las BRIF, de ámbito estatal, tienen su sede en la región y prestan apoyo a los efectivos autonómicos.
Un hombre de 45 años está en la cárcel por provocar un fuego en el Naranco, el monte de Oviedo, y poner en peligro personas y viviendas. A la espera de juicio, la fiscalía pide para él una condena de 13 años, la máxima hasta ahora solicitada en la región por este tipo de delitos.
Mientras en las comunidades peninsulares se extienden los recortes y privatizaciones de los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales, Canarias camina en sentido contrario con «inversiones históricas» impulsadas, en gran medida, por los cabildos insulares, que tienen la competencia en materia de prevención. No es para menos, casi la mitad de la superficie del Archipiélago —en concreto el 45,56% — está catalogada como Espacio Natural Protegido.
El daño de este patrimonio medioambiental único en Europa supondría, además, un riesgo para la seguridad de la población rural, su medio de vida y la biodiversidad de Canarias. Y delegar esta labor a empresas externas o reducir la inversión resulta impensable en un territorio que, por su propia condición fragmentada, está obligado a mantener dispositivos de prevención y extinción específicos para cada isla.
Los medios y recursos con los que contarán las Islas para afrontar los posibles incendios que se originen durante los próximos meses ascienden a unos 2.000 efectivos, 200 vehículos y 19 medios aéreos aportados por el Gobierno de Canarias, cabildos insulares, ayuntamientos y el Estado. Tenerife y Gran Canaria son las islas que más invierten tanto por su condición capitalina como por su mayor superficie en riesgo de incendiarse.
En términos de presupuestos, el Gobierno de Canarias destinó a la campaña de incendios de 2025 un total de 9,5 millones de euros para los Equipos de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales (Eirif). A esta cifra se suman las inversiones de los cabildos, que oscilan entre cinco y ocho millones de euros cada uno. Además, los Parques Nacionales también aportan recursos, con aproximadamente un millón de euros en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera, o 600.000 euros en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, en La Palma.
El cuestionado operativo contra incendios de Castilla y León encuentra en la privatización su principal motivo de crítica. Los peones de las cuadrillas terrestres forman parte de empresas que cada tres años pujan en una subasta por los contratos para la prestación de este servicio, lo que dificulta la coordinación entre equipos.
Además, sindicatos y organizaciones profesionales, como la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (Atifcyl), mantienen una permanente denuncia sobre “abusivas” jornadas de trabajo que superan a menudo las doce horas reglamentarias, falta de maquinaria para enfrentar el fuego y problemas de avituallamiento.
Castilla y León es la región más extensa de toda Europa y cada verano los incendios forestales se multiplican. La Junta ha destinado en este ejercicio 74 millones de euros a prevención, aunque ese dinero no ha impedido que el fuego se lleve por delante el paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad, o todo el territorio cerealista que se extiende entre el norte de Zamora y el sur de León en el que se ha convertido en el incendio más grande de la historia de España desde que hay registros con más de 36.000 hectáreas calcinadas, según las primeras estimaciones. La simultaneidad de todos estos fuegos, además, ha puesto en entredicho la capacidad de los operativos para atender varias situaciones críticas al mismo tiempo.
Información elaborada con textos de Irene Bascoy (Faro de Vigo), Rocío Entonado (Periódico Extremadura), Gisela Boada (El Periódico), Héctor González (El Periódico de España), Carlos Doncel (El Correo Andalucía), Lluís Pérez (Levante), Jordi Sánchez (Diario de Mallorca) Sara Bernardo (La Nueva España), Irene Mederos (El Día-La Opinión de Tenerife / La Provincia-DLP), Luis Garrido (La Opinión de Zamora), la redacción del Diario de Ibiza y David Chic (El Periódico de Aragón), coordinada por Carol Álvarez y May Mariño.
