España ha activado por primera vez esta semana el mecanismo rescUE para solicitar asistencia europea en la extinción de las decenas de incendios que están arrasando la península este verano, con 90.000 hectáreas quemadas y tres muertos en una semana. Analizamos cómo funciona el mecanismo que ha permitido la asistencia de dos aviones franceses y qué tipo de ayuda pueden solicitar los gobiernos de los Veintisiete.
En octubre de 2001, la Unión Europea (UE) estableció un mecanismo de protección civil comunitario. El objetivo era mejorar la capacidad de coordinación y cooperación entre los países de la UE, además de otros 10 estados vecinos, en caso de crisis o desastres. Cualquier país puede solicitar la activación del mecanismo para pedir ayuda. La Comisión Europea facilita la organización de la misión y contribuye a cubrir los gastos.
En el marco del mecanismo de protección civil, la UE dio un paso más allá creando el programa rescUE en 2019. En la práctica, supuso la creación de una reserva estratégica para responder a crisis, desastres o emergencias financiada íntegramente con fondos comunitarios.
La UE se provee en este marco de una flota de aviones y helicópteros de extinción de incendios, un avión de evacuación médica, pero también con hospitales de campaña, medios de transporte, suministros médicos… E incluso cuenta con medios para responder a emergencias nucleares, químicas o biológicas. Estas reservas estratégicas se encuentran distribuidas por todo el continente para facilitar su transporte más rápidamente a las zonas afectadas.
El mecanismo de protección civil está pensado para responder a todo tipo de desastres, desde inundaciones hasta terremotos o incendios forestales. En el pasado se ha utilizado además en el contexto de la pandemia del covid 19 o incluso para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, apoyando a las autoridades para garantizar el suministro de agua, electricidad o medicinas a la población.
El aumento de las temperaturas como consecuencia del cambio climático ha hecho que los incendios forestales sean cada vez más habituales. Este tipo de episodios aumentan casi cada año, pero 2025 ha sido un año particularmente negro. En lo que va de año, se han quemado en Europa casi el doble de hectáreas que lo habitual: 439.568 frente a las 218.416,7 hectáreas quemadas en esta época del año en los últimos 19 años.
Con este contexto, la UE ha reforzado en los últimos años su capacidad de respuesta. Por un lado, la Comisión financia una flota de extinción de incendios permanente a disposición de los países, que se fuerza además en verano. Además, también existen equipos de extinción terrestre, bomberos, camiones… posicionados con antelación para dar una respuesta rápida en aquellos países donde es más habitual que haya incendios. Es el caso de España.
Hasta ahora, aunque la Comisión corre con los gastos, depende en gran medida de los medios de los países miembros para dar respuesta a las necesidades de los estados que lo soliciten. A partir de 2028, la UE contará con 12 aviones propios que estarán disponibles en Portugal, España, Francia, Italia, Croacia y Grecia, y tres helicópteros en Eslovaquia, Chequia y Rumanía, a partir del año que viene.
Cuando se produce una emergencia, un incendio en este caso, los gobiernos tienen que notificarlo al Centro de Coordinación de Emergencias de la UE que se encuentra en Bruselas. Entonces, se ponen en marcha los mecanismos que permiten movilizar en el menor tiempo posible los recursos necesarios, ya sean bomberos, aviones de extinción, personal especializado o material. Son otros países del bloque quienes proveen esta asistencia. Además, los gobiernos pueden solicitar también la activación del satélite Copérnico para tener acceso a imágenes de la catástrofe y poder monitorear su impacto. El acceso a esta información facilita también el despliegue de ayuda en la zona.
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