La presidenta provisional de Perú, Dina Boluarte, tiene una probación del 3% de la sociedad. A pesar de ese inédito rechazo, cuenta con el respaldo del Congreso, lo que le garantiza no ser destituida, como ha sucedido con sus antecesores Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Pero su principal sostén son las Fuerzas Armadas. Boluarte, quien llegó a la vicepresidencia por un partido de izquierdas, Perú Posible, y se fue gradualmente inclinando hacia posiciones de derechas, acaba de promulgar la Ley de Amnistía aprobada por la legislatura el pasado 9 de julio que favorece a los policías y militares involucrados en delitos de lesa humanidad que se cometieron entre 1980 y 2000, especialmente en el marco de la lucha contrainsurgente contra el grupo armado Sendero Luminoso. «El Perú honra a sus defensores», dijo Boluarte. La ley también concede por «razones humanitarias» la libertad a uniformados mayores de 70 años. «El Gobierno reconoce el sacrificio de los miembros de las fuerzas armadas, policía y comités de autodefensa (civiles) en la lucha contra el terrorismo y la defensa de la democracia», dijo Boluarte.
La mandataria interina desoyó el reclamo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que había expresado su reparo a una iniciativa que atenta contra el acceso a la justicia de dos casos emblemáticos de la represión perpetrada durante la autocracia de Alberto Fujimori, las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. El primer episodio tuvo lugar el 3 de noviembre de 1991. Esa noche, un grupo de seis sujetos encapuchados y armados, pertenecientes a un escuadrón del Ejército, el Grupo Colina, entraron de manera violenta en una vivienda donde se estaba llevando a cabo una comida. Quince personas perdieron la vida en el ataque, entre ellas un niño de ocho años. El 18 de julio de 1992, un docente y sus nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán La Valle, conocida como «La Cantuta», fueron secuestrados. Un año más tarde, sus cuerpos fueron hallados en fosas comunes.
«Se le ha pedido al Estado peruano no llegar a aprobar la pretendida ley que genera amnistía para militares y policías que hayan cometido delitos contra los derechos humanos», se había pronunciado la CIDH. «Nadie puede osar e insinuar a los agentes del Estado o a la sociedad peruana a subvertir las leyes de la república, exigimos respeto«, señaló la presidenta provisional, al objetar la petición de la CIDH. «El Perú es libre e independiente, con soberanía autónoma. (…) No permitiremos la intervención de la CIDH, que pretende suspender un proyecto de ley que busca justicia para los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que lucharon, arriesgando su vida, contra la insania del terrorismo».
Según la presidenta interina «están equivocadas aquellas instituciones internacionales o nacionales, influidas por ideologías totalitarias que pretenden someter al Perú a sus designios. Si ellos se ponen del lado de quienes violaron los derechos humanos de nuestros compatriotas, nosotros estamos al lado del Perú, de los peruanos de bien, que solo quieren paz y no más derramamiento de sangre. Nuestro gobierno siempre hará prevalecer la paz».
Fuerte malestar
La agresividad de Boluarte tiene un antecedente. La CIDH ha llamado la atención por los hechos represivos de comienzos de 2024, cuando murieron decenas de personas que protestaban contra el Gobierno surgido de la destitución de Castillo.
El paso dado por Boluarte era esperado pero adquiere otra dimensión en momentos de roces con Colombia por un inesperado diferendo limítrofe que hace sonar trompetas nacionalistas en Perú que traen de la mano la exaltación de las Fuerzas Armadas. Las organizaciones civiles ha repudiado la ley. «Esta norma, propia de regímenes autoritarios, premia con impunidad a responsables de ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, dejando a las víctimas y a sus familias sin verdad ni justicia», sostuvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. «Lejos de acatar estas disposiciones (de la CIDH), el Gobierno y el Congreso han impulsado acciones para debilitar la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, incluso promoviendo la salida del Perú de su jurisdicción».
